Guatemala se encuentra en una situación de frágil institucionalidad democrática, y teniendo en el horizonte un cambio de mandato con síntomas de ocaso, se acerca el momento en que la población, el movimiento social, pueda resurgir como medida histórica de presión antes los acontecimientos y sucesos de estos días. El balance de poderes depende exclusivamente del contrapeso de la sociedad, y Guatemala es por el momento un país en el péndulo de las acciones políticas acostumbradas a la impunidad de antaño. Es urgente que Guatemala, no se convierta lenta y progresivamente, en una víctima abusada por su propio Estado.
Lucha contra la corrupción vs Corrupción contra la lucha
Hace pocos años, Guatemala fue digna de admiración y respeto por el movimiento ciudadano que hacía suya la consigna anti corrupción, y que junto a los pasos contundentes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lograban enviar a juicio al presidente Otto Pérez Molina y a su vice presidenta Roxana Baldetti en 2017. Un proceso inédito en la región centroamericana, y que fue precedido sin la misma fuerza en El Salvador a través del proceso contra Francisco Flores en 2015, y emulado con Antonio Saca en 2018.
Aún y cuando la caída de dos personajes como Molina y Baldetti fuertemente vinculados con actos de corrupción en el caso "La Línea" mostraba grandes avances en materia de justicia y seguridad para Guatemala, representaban únicamente la punta del iceberg. Estructuras militares, económicas y políticas -o "poderes fácticos"- enquistadas en los poderes estatales del país, permanecieron intactas. En este panorama, el actual presidente electo Jimmy Morales se presentó y ganó como un candidato "diferente" y sin pasado electoral o político, lo cual desafortunadamente ha llegado a ser una tendencia en otros países como El Salvador. Sin ese pasado aparente, las viejas estructuras de poder incluyendo militares, político partidarias y financieras o empresariales, se solidifican aún más sin el protagonismo que les hace visibles.
La actuación por tanto, de los poderes fácticos, se ha visto comprometida casi única y exclusivamente por el trabajo investigativo de la CICIG. Sin embargo, el presidente Morales declaró non grato a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, en agosto de 2017, declarando una guerra de baja intensidad hacia los intentos de esclarecer casos de corrupción que se han mantenido en la impunidad a través del tiempo en Guatemala. Uno de estos casos, involucrando a personas cercanas al mismo presidente; otros, al financiamiento proveniente de fuentes cuestionables de los partidos políticos en sus campañas electorales; algunos, relacionados con los tráficos de influencia dentro del órgano judicial. De esta manera, la corrupción sigue estando presente en muchas de las esferas estatales del país, teniendo como única barrera, a una CICIG bajo fuego presidencial.
Aunque el movimiento ciudadano conocido como parte fundamental de la "primavera chapina" apoyó y terminó destituyendo a figuras como Pérez Molina y a Baldetti, en los últimos tiempos ha cesado en número su accionar manifestante, y por ello el mayor problema consiste en que generalmente se tiene al Estado de derecho como la piedra angular de las soluciones de país. La vorágine de demandas y recursos de amparo que enfrentan y responden personas honorables de sociedad civil como la activista Helen Mack, son una muestra inequívoca del uso del Estado de derecho de parte de demandantes estatales que solo buscan el agotamiento y el fracaso de personas y entidades en busca de justicia. La más grande de las paradojas en la Guatemala de hoy, consiste en que las instituciones y procesos que deberían velar por la justicia, son las mismas que incitan al fortalecimiento de la impunidad.
17 de enero de 2019: Un cruce de caminos en la Guatemala bajo asedio.
Bajo una mirada descriptiva, son pocas las entidades que han mantenido coherencia bajo derechos y obligaciones constitucionales para defender al país de la impunidad. Algunas de estas, como la Procuraduría de Derechos Humanos, se mantienen con una voz de protesta ante las constantes crisis en Guatemala. Sin embargo, llama la atención el desmedido ataque que está sufriendo la Corte de Constitucionalidad, al haberse convertido en uno de los organismos que ha respetado y defendido las garantías constitucionales del país en reiteradas ocasiones. El conflicto directo entre el presidente Morales y la CICIG, ha sido uno de los escenarios recurrentes, y donde la Corte de Constitucionalidad ha mostrado el valor necesario para, con argumentos jurídicos contundentes, defender a la CICIG en materia de derecho para beneficio de la sociedad Guatemalteca. Esta aseveración se basa considerando, que a menos corrupción e impunidad, más beneficios democráticos para Guatemala: algo que parece incomprensible o inconveniente para quienes desde sus palestras gubernamentales, se empeñan en obstruir la justicia.
El 17 de enero de 2019, el Congreso de Guatemala representado en buena parte por diputaciones conservadoras y aliadas a viejos poderes fácticos, continuó el proceso de antejuicio contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, única institución a la fecha que ha podido enfrentar directamente mandatos sumamente cuestionables provenientes del presidente Morales y que ha podido detener algunas acciones consideradas atentatorias de los acuerdos internacionales que velan por los derechos humanos y a los que Guatemala está sujeta. Ahora, la Corte de Constitucionalidad corre el riesgo de ser obstruida por este tipo de mecanismos "legales", lo que abonaría a un escenario de impunidad absoluta para las decisiones desde la presidencia y el Congreso. La Corte de Constitucionalidad vería disminuida su actuación, y también sería vulnerable ante posibles nuevas magistraturas obedientes al régimen, para sus elecciones internas en 2020.
Este mismo día, en Estados Unidos, 47 congresistas firmaron una carta para solicitar al presidente Donald Trump, cortar la ayuda e iniciar sanciones contra el gobierno de Morales, por sus acciones constantes para detener la investigación de casos de corrupción que atentan contra la sociedad guatemalteca. Este y otros grupos en Estados Unidos, están convencidos que este tipo de maniobras que favorecen la impunidad desde las mismas entidades del Estado, generan también migración forzada fuera de los territorios y hacia el norte de América. Trump no es considerado aliado de Centroamérica, y se espera que responda en formas represivas ante las caravanas migrantes que se han visibilizado como fenómeno en los últimos tiempos. Una de estas posibles respuestas, sería sancionar a quienes cometan o favorezcan actos de corrupción. Y tanto el presidente Morales como representaciones del Congreso a través de financiamiento ilícito, podrían estar entre los posibles sancionados.
No solo grupos externos creen en procesos contra la corrupción. Personas como Helen Mack, activista de derechos humanos y reconocida por su lucha contra la impunidad en Guatemala, tienen claro que las vías jurídicas son las más adecuadas para respetar el Estado de derecho, y enfrentar al mismo tiempo a mociones que van en desmedro de la democracia.
Justamente el 17 de enero, Helen Mack presentó una denuncia contra 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de enterarse sobre las anomalías procesales que habrían mantenido la inmunidad del diputado Felipe Alejos Lorenzana por su supuesta participación en una estructura que agilizaba la devolución del crédito fiscal a cambio de sobornos. Estos magistrados de la CSJ, decidieron no retirar la inmunidad a Alejos, por lo que no puede ser juzgado para que sea comprobada su inocencia o culpabilidad. Helen Mack tiene claro que este tipo de acciones atentan contra la democracia en Guatemala, y esta denuncia presentada no hace sino cuestionar a las élites y estructuras de poder que quieren usar al Estado para sus propios beneficios económicos y de poder. En tiempos pasados, y ante este tipo de acciones pro derechos humanos en los años 80’s, los poderes fácticos amenazaban y llegaban a recursos extremos como el asesinato contra activistas, caso concreto el de Myrna Mack, hermana de Helen, quien fue asesinada con lujo de barbarie. Se podría pensar que hay avances en materia democrática, y las hay si se comparan con el contexto de la guerra civil en Guatemala; sin embargo, las viejas estructuras políticas, militares y económicas o poderes fácticos siguen mostrando poca capacidad para respetar las “reglas del juego” llamadas democracia y Estado de derecho. Helen fue víctima de amenaza e intimidación en la noche del 17 de enero, por cuatro sujetos armados que invadieron el restaurante donde ella y su familia decidieron cenar.
Si la lucha por los derechos humanos y la justicia, se traduce en un conflicto directo contra la corrupción y la impunidad, estas amenazas siguen siendo los mismos resultados cuando las representaciones de la impunidad y la corrupción también siguen siendo iguales al pasado de la historia de Guatemala. No solo Helen, por tanto, está en riesgo, sino todas las personas que lleguen a protestar contra la fracturación sistemática de la democracia.
A esto se le puede agregar, que el mismo día 17 de enero el Congreso guatemalteco inició la discusión de una ley de reconciliación nacional que se traduciría entre otras consecuencias en la amnistía para militares que han cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra en Guatemala. El panorama se nota sombrío para defender nuevamente las causas que se han ganado en el devenir de los Acuerdos de paz en este país. Bajo cualquier punto de vista, ha quedado demostrado en otros procesos similares como en El Salvador, que la ausencia de juicios por crímenes de guerra, solo lleva a aumentar la impunidad y la desigualdad dentro de una misma sociedad. Conceptos como “justicia transicional” son una muestra irremediable de las deudas del pasado que se esconden bajo la alfombra, pero que siguen siendo procesos vivos en las voces de las víctimas y sus familiares.
Elecciones: el futuro y el pasado para Guatemala
Ante el escenario descrito, las elecciones en Guatemala en junio de 2019 serán apenas un débil reflejo del Estado de derecho. Es conocido que Thelma Aldana, ex Fiscal General de Guatemala y colaboradora del trabajo de la CICIG, podría ser una candidata a la presidencia. Esta aseveración no es del agrado de partidos políticos cercanos al presidente Morales, y por consecuencia a todos aquellos cuerpos que han cometido actos de corrupción o que simplemente navegan en la impunidad histórica. La actual obstaculización de la candidatura de Aldana, traducida en el cuestionamiento desde el Congreso a organismos políticos que podrían darle acogida como “Encuentro por Guatemala”, es considerada como una expresión del ejercicio del poder de estructuras que usarían incluso medidas represivas y violentas para mantenerlo. El caso de la amenaza a Helen Mack, es apenas un ejemplo "histórico" de ello, y la presión sobre Aldana, uno esencialmente electoral.
Otra candidatura establecida, es la de Sandra Torres, por el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), mismo que ya tuvo como presidente a Álvaro Colom en 2007. Torres ya tiene precedentes en la vida política de Guatemala, incluyendo la derrota electoral ante el actual presidente Morales en 2015. Aunque existen posibilidades para UNE, diferentes partidos de derecha y centro ya se encuentran con candidaturas establecidas y siendo más de 20 partidos en contienda, es difícil el panorama electoral de acuerdo al último resultado: Morales se convirtió en presidente al aprovechar la oportunidad tras la caída de Otto Pérez Molina y la desconfianza aumentada de la gente hacia partidos de orden tradicional. De lo único que puede haber seguridad, es que la contienda electoral estará sumergida bajo un ambiente de tensión, considerando que la CICIG no puede operar en Guatemala por coerción y boicot del mismo gobierno, la presión que Estados Unidos podría ejercer con sanciones –si le es conveniente-, y que entidades que velan por el Estado de derecho como la Corte de Constitucionalidad se encuentran bajo acecho y asedio.
En octubre de 2018, el Congreso de Guatemala concretó un pacto de impunidad con una reforma que beneficia a quienes han financiado campañas electorales de forma ilegal y que termina beneficiando a personas e instituciones relacionadas entre otras al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), símbolo del poder económico fáctico en Guatemala, en forma de donación/evasión de impuestos, políticos de dudoso proceder y sectores ilícitos que tienen necesidad de lavado de dinero. Ello fortalece la tesis de que en 2019, las elecciones también estarán marcadas por la poca transparencia en el manejo de fondos de financiamiento político, lo cual genera un ambiente de incertidumbre sobre quiénes están comprando voluntades políticas incluso antes de obtener los votos necesarios para ejercer en un cargo público y lo que podrían obtener a cambio desde el Estado.
Guatemala se encuentra en una situación de frágil institucionalidad democrática, y teniendo en el horizonte un cambio de mandato con síntomas de ocaso, se acerca el momento en que la población, el movimiento social, pueda resurgir como medida histórica de presión antes los acontecimientos y sucesos de estos días. El balance de poderes depende exclusivamente del contrapeso de la sociedad, y Guatemala es por el momento un país en el péndulo de las acciones políticas acostumbradas a la impunidad de antaño. Es urgente que Guatemala, no se convierta lenta y progresivamente, en una víctima abusada por su propio Estado.
