La batalla contra la impunidad y la corrupción en Guatemala

El centro de la ciudad se paralizó por completo. El miércoles 20 de septiembre, al menos ciento veinte mil personas desfilaron con pancartas, tambores y piñatas de ratas que representaban a los diputados hasta la Plaza de la Constitución para protestar contra los congresistas y contra el Presidente Jimmy Morales. Otras cuatro ciudades del país (Quezaltenango, Huehuetenango, Cobán y Chiquimula, además de municipios como Nebaj e Ixcán) también vivieron manifestaciones. Grupos organizados como el Comité de Desarrollo Campesino, con más de 7 mil integrantes, o la Asociación de Tejedoras Mayas, con menos de 50, participaron en la protesta. Junto a ellos, miles y miles de manifestantes sin pertenencia a una organización llegaron a la plaza por sus propios medios, corearon consignas contra el presidente Jimmy Morales y los diputados y entonaron el himno nacional.

La jornada de protesta, convocada por la Asociación de Estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos, había sido un éxito pese a que los empresarios organizados y prácticamente ninguna gran empresa quiso sumarse al llamado a paro nacional.

El rechazo más enérgico se dirigía hacia los diputados.

Apenas una semana antes del día de la gran protesta, el 13 de septiembre, una mayoría de 107 de un total de 158 diputados participó en la aprobación de dos decretos para modificar la ley penal guatemalteca. Con esas reformas eliminaban la responsabilidad legal de los políticos y reducían la de los financistas en el delito de financiamiento electoral ilícito. Además, decretaban la posibilidad de conmutar las penas de prisión menores a 10 años para toda clase de delitos. Desde violaciones sexuales hasta extorsiones y amenazas. Las dos reformas representaban un esfuerzo por debilitar la lucha que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) llevan adelante. La CICIG es un órgano creado por la Organización de Naciones Unidas a pedido del país en el año 2006.

Ante el rechazo en las redes sociales y en la prensa, los diputados se apresuraron 48 horas después, en la fecha en la cual se conmemora la independencia nacional, a dar marcha atrás en esas reformas. Convocados al Palacio Legislativo a las 12 del día, los diputados se encontraron a su llegada con grupos de manifestantes que les reclamaban de forma airada. Fue necesario que un contingente de la Policía Nacional Civil y personeros del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los escoltara para ingresar al Hemiciclo. Una vez enmendado el entuerto, los diputados se vieron forzados a esperar hasta la media noche para que un operativo de las fuerzas antimotines, el cual incluyó gases lacrimógenos, permitiera evacuarlos bajo medidas de seguridad.

Guatemala vive una marcada tensión hasta el día de hoy.

El país libra una lucha de grandes proporciones entre quienes respaldan y quienes se oponen al embate penal que pone en aprietos al modelo político prevaleciente.

Esa cruzada contra la impunidad y contra la corrupción ha llevado a prisión al ex presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y ha planteado cargos y solicita el levantamiento del derecho de antejuicio contra el actual presidente Jimmy Morales y el alcalde capitalino y también ex presidente Alvaro Arzú.

El sistema contraataca

Eran las seis de la mañana del 27 de agosto cuando la Presidencia de Guatemala difundió el video en el cual el gobernante declaraba persona non grata al comisionado de la CICIG Iván Velásquez.

Velásquez, el fiscal colombiano, célebre en su país por haber procedido exitosamente contra la política paramilitar de Alvaro Uribe, es conocido como “Iván el temible”.

Desde abril de 2015 cuando anunció las primeras acciones legales contra una poderosa organización de defraudación aduanera bautizada como “La Línea” e incluyó en ella al secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, el colombiano se convirtió en la figura más popular en Guatemala. Sin embargo, también empezó a acumular críticos y adversarios.

Junto a la fiscal general Thelma Aldana, Iván Velásquez ha conducido la cruzada contra la corrupción jamás visto en el país. Esa lucha no sólo provocó la caída del presidente Pérez Molina e hizo girar órdenes de captura contra 6 de sus antiguos ministros, sino puso en evidencia la cooptación del Estado.

Grandes proveedores y contratistas públicos, o simplemente grupos empresariales interesados en mantener control sobre decisiones de los órganos llamados a regularlos, han proveído durante años de financiamiento electoral, sobornos y dádivas a candidatos y funcionarios para mantener derecho a picaporte y a una tajada del presupuesto nacional.

Esto contribuye a generar un sistema político excluyente y sólo formalmente democrático, que privilegia los intereses de quienes están cerca del poder y no de las mayorías.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sostuvo en su informe de visita al país el 19 de noviembre: “…hay dos realidades en Guatemala. Para una pequeña minoría, Guatemala es un país moderno y funcional donde se concentra el poder económico y político; para el resto de la población, en particular para las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, es un país donde han enfrentado toda una vida de discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad.
Las estadísticas reflejan esta dura realidad: alrededor del 60 por ciento de la población guatemalteca vive en pobreza absoluta, el 23 por ciento en la pobreza extrema; el 46.5 por ciento de los niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica, afectando no sólo su salud física sino también sus oportunidades de vida; más del 20 por ciento de la población no sabe leer ni escribir, y entre las mujeres indígenas esa cifra asciende al 43 por ciento. El Estado sólo asigna el 3.1 por ciento de su Producto Interno Bruto al sector de la salud, en un país donde las enfermedades crónicas van en aumento…”.

El modelo electoral, como han demostrado los procesos judiciales, ha permitido a muchos políticos enriquecerse desde la campaña gracias acumular donaciones no registradas ante el Tribunal Supremo Electoral, proveídas por los interesados en ganar o mantener el favor del Estado. La impunidad y la falta de fiscalización (la Contraloría General de Cuentas es monumentalmente ineficaz) ha permitido a los políticos además crear sus propias empresas constructoras y proveedoras del Estado.

El propietario del monopolio de la televisión abierta en el país –el mexicano Ángel González, cuya esposa se mantiene prófuga de la justicia tras haber sido acusada por CICIG y el MP, es uno de los grandes donantes de campaña electoral. González actúa como mecenas de políticos pero además como censor de toda información crítica a los sucesivos gobiernos en sus noticieros. El modelo de ofrecer donativos electorales a cambios de negocios también ha sido utilizado por los principales constructores de obra pública que han logrado el otorgamiento mediante concursos simulados de contratos para construir carreteras, dragar ríos y tender puentes.

De ahí que una parte crucial del embate de la CICIG y el MP hacia la estructura de cooptación del Estado tiene que ver con la aplicación del delito de financiamiento electoral ilícito, el mismo que los diputados intentaron modificar.

A la fecha, uno de cada seis diputados enfrenta procesos legales por corrupción: por otorgamiento de plazas fantasma, por recibir coimas o por financiamiento electoral ilícito. Se prevé que otros procesos en fase de investigación, como el caso de corrupción en Guatemala de la constructora brasileña Odebrecht, podrían involucrar a otros congresistas.

No es de extrañar que los diputados se hayan enlistado en la cada vez más evidente campaña del presidente Morales por poner freno a la lucha encabezada por Velásquez y Aldana.

Durante su campaña electoral Morales, un cómico que ganó el favor popular gracias a declararse a sí mismo “ni corrupto ni ladrón”, anunció que apoyaría a la Comisión Internacional contra la Impunidad y prolongaría su mandato hasta 2019. Y así lo hizo. Sin embargo, cuando las investigaciones de un caso de corrupción ocurrido durante el periodo anterior al de su gobierno revelaron que un hijo suyo y su hermano habían contribuido a extraer fondos del Registro General de la Propiedad, su actitud se agrió.

El Presidente marcó distancia de CICIG y el Ministerio Público desde que una juez dictó prisión preventiva contra sus parientes. Y a pocos días del juicio contra dos miembros de la familia Morales, el 30 de agosto, analistas y diplomáticos observaban con preocupación cómo se incrementaba la animosidad del gobernante hacia quienes conducen la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Para infortunio del Presidente y de los propios diputados, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad determinó que el jefe de Estado carece de facultades legales para expulsar a Velásquez. Antes de hacerlo debe acudir al mecanismo de resolución de diferencias contemplado en el convenio entre la ONU y Guatemala que dio creación a la CICIG.

Ante la acción de las Cortes y las protestas ciudadanas, Morales y sus aliados en el Congreso han debido refrenar su ataque hacia el comisionado Velásquez, pero estos grupos de poder mantienen en pie de guerra y dispuestos a aliarse con otros sectores afectados por procesos judiciales, como militares acusados de crímenes de la guerra, contratistas del Estado que han visto afectados sus intereses y hasta jueces acusados de enriquecimiento ilícito.

Washington, un aliado, por ahora

El sector empresarial guatemalteco organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)  se declara formalmente a favor de la lucha contra la impunidad y la corrupción. No obstante, la crítica de varios grandes empresarios hacia los señalamientos de CICIG y el MP ha arreciado. Consideran que esos señalamiento están sesgados en contra de la derecha política.

Y sin embargo, dos grandes empresarios de la construcción acusados de financiamiento electoral ilícito han admitido delante del juez haber favorecido la corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Además, una importante entidad del sector privado organizado, FUNDESA (Fundación para el Desarrollo de Guatemala), emitió un código de Ética que le impide establecer relación con empresas que rehúyen comparecer ante la justicia cuando ésta les reclama. Así, por ejemplo, marcaron distancia simbólica del monopolio de la televisión abierta en su congreso anual.

Muchos otros empresarios en cambio han expresado su respaldo al presidente Morales para que termine su periodo de gobierno en el año 2019. Los más conservadores en el país temen que las acciones legales de CICIG y el Ministerio Público conduzcan al desafuero del gobernante (una solicitud de la Fiscalía que fue rechazada por la mayoría de diputados). Rechazan abrir la puerta legal por la que pueda luego dictarse orden de captura al Presidente Morales y deba abandonar el poder, aunque la Fiscal General, ha asegurado que la información en contra del Presidente hasta estos momentos resulta insuficiente para solicitar una orden de detención.

Los conservadores rechazan la inestabilidad política y económica que una segunda interrupción del período presidencial acarrearía consigo. Señalan un estancamiento del crecimiento económico y bajas perspectivas de inversión. Los más extremistas –o paranoicos- ven detrás de estas acciones de la Fiscalía un intento por facilitar la llegada de algún líder de izquierda como sustituto de Morales. El fantasma de Hugo Chávez, el difunto gobernante venezolano, recorre el hemisferio y es sujetos a esa superstición que los más reacios en la élite financian campañas de desinformación en redes sociales y más de un lobby en Estados Unidos.

Washington, ya bajo la administración de Donald Trump, mantiene un firme respaldo a las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Tanto el Departamento de Estado, como los dos principales partidos políticos estadounidenses representados en el Congreso, sostienen que la única manera de hacer eficaces a las estructuras políticas de Guatemala para procurar un mejor nivel de vida para sus habitantes pasa por el combate a la corrupción y el final del sistema de cooptación del Estado. De otra manera, el flujo de migrantes hacia el Norte seguiría imparable y el riesgo de permeabilidad de un Estado corrupto ante traficantes y terroristas solo iría en aumento. Así se explica el apoyo bi partidista la gestión de Iván Velásquez hasta el día de hoy.

El comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos ha llegado a solicitar al Secretario de Estado que contemple la aplicación de la ley Magnitsky, utilizada en el pasado para sancionar a socios y funcionarios de Vladimir Putin, para quienes en Guatemala se opongan a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Específicamente, contra quienes bloqueen la gestión de la CICIG.

Junto a ellos, los representantes de la Unión Europea y la propia Organización de Naciones Unidas, cuyo secretario general Antonio Guterres expresó su rechazo cuando el presidente Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, expresando su respaldo a la lucha contra la corrupción. La CICIG se financia gracias a donaciones de países europeos y de Estados Unidos.

El 16 de noviembre se produjo otra jornada de protesta ciudadana contra los diputados y el Presidente. La presión se encuentra ahora dirigida a demandar que se produzca la reforma electoral que permita a los votantes elegir a sus diputados de manera directa.

Los diputados se resisten a aprobar una reforma electoral que modifique el modelo que permite a quienes consiguen el financiamiento de los grandes capitales y los contratistas del Estado acceder a las curules y al gobierno central. Se resisten a matar a la gallina de los huevos de oro.

Esa reforma electoral es una de las cuatro demandas básicas que el movimiento ciudadano exige al Congreso. Además se exige la modificación de la ley de Servicio Civil para crear una burocracia basada en mérito y que excluya a los empleados públicos cuyas plazas fueron otorgadas como consecuencia de favores políticos, una nueva ley de Contrataciones del Estado y el fortalecimiento de la carrera judicial.

No hay victoria cantada

Con la demanda ciudadana vibrante y en marcha por las calles de las principales ciudades del país, pero sin un liderazgo político visible que haga propia la bandera de la transformación del sistema, la batalla contra la impunidad y la corrupción en Guatemala está aún lejos de definirse.

La permanencia de CICIG en el país hasta 2019 no es suficiente para consolidar un modelo de justicia penal que deje de hacerse el desentendido ante la corrupción, pero al menos ofrece un plazo mínimo para hacer avanzar la lucha. Para que esta prosiga se hace indispensable sin embargo,  mantener la colaboración entre la CICIG y el Ministerio Público. En mayo de 2018 habrá de ser sustituida la actual Fiscal General, aliada de Iván Velásquez. Su reemplazo podría prolongar la colaboración entre ambas instituciones, algo esencial para el proyecto de sustituir al régimen de cooptación del Estado. O bien, obstruir los esfuerzos anticorrupción, frustrar la demanda ciudadana y condenar al país a deslizarse hacia el foso de los Estados fallidos.

Guatemala vive un momento sin precedentes en el cual se confrontan el viejo modelo de hacer política y administrar el poder y el esfuerzo por construir un modelo nuevo, distinto y ojalá, más democrático. La batalla en marcha no podía ser menos ruidosa.

 Guatemala, 20 de noviembre de 2017