Las elecciones generales en Guatemala - previstas para este 16 de junio - este año tienen cara femenina. La candidata más fuerte es una mujer, Sandra Torres y, hasta hace dos semanas, había cuatro postulaciones de mujeres a la presidencia. Sin embargo, como en una carrera donde los participantes se van eliminando por el camino, dos de las candidatas han sido bloqueadas en las Cortes de Justicia sin poder concurrir en las elecciones. A estas alturas parece que la impunidad será única que cruce la meta.
Hace dos meses y medio, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Guatemala, Thelma Aldana, ex fiscal general del país (2014-2018), se encontraba tras una tarima de madera, vestida completamente de blanco. Se trataba de una imagen muy diferente a los habituales atuendos oscuros en los que había dado a conocer las acusaciones de corrupción durante los anteriores años. Fue la primera y la última vez, que tuvo que trabajar su imagen para dirigirse a la población del país como candidata a la presidencia.
Delante de ella, se concentraban varios centenares de seguidores de la agrupación Semilla, un partido político de centro izquierda surgido del movimiento anticorrupción de 2015. Estos la escuchaban con una sensación de esperanza apenas conocida en el país. Una esperanza que recordaba, de cierta manera, a la sentida tras la condena por genocidio al general Efraín Ríos Montt. Existía la posibilidad real de terminar con los grupos que tenían cooptado el Estado. Sin embargo, y como en el caso de la condena por genocidio, esta sensación duró poco tiempo.
Aquel día 10 de marzo, en el exterior del edificio donde se celebraba la asamblea general de Semilla, un grupo de personas con aspecto humilde sostenía unos carteles en los que mencionaba “Thelma Aldana abortista”. Era el inicio de guerra sucia contra la candidata, que fue en aumento hasta que el 16 de mayo la Corte de Constitucionalidad anuló su inscripción, evidenciando que los grupos que buscan mantener la impunidad tienen sus ramificaciones por todo el sistema político y de justicia del país.
Thelma Aldana en ese momento se encontraba en tercer lugar en las encuestas y, debido al sistema electoral de dos vueltas, tenía posibilidades de ganar las elecciones. Ella iba antecedida por otras dos mujeres. Una de ellas era Zury Ríos, hija del general golpista Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio, quien se presentaba por el partido VALOR. La candidatura de Zury Ríos, sin embargo, también fue cancelada a mediados de mayo por la Corte de Constitucionalidad, debido a la prohibición en la Carta Magna que impide a un familiar en primer grado de un golpista acceder al poder.
La cancelación de las inscripciones de Thelma Aldana y la de Zury Ríos deja como candidata más fuerte a Sandra Torres, ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012). Torres se presenta por tercera vez a las elecciones por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y, según la encuesta de CID Gallup publicada en mayo, encabeza las encuestas con 21 por ciento de intención de voto.
Y, en unas elecciones multifragmentadas, cuando dio el pistoletazo de salida, detrás de estas tres contrincantes seguían en la carrera otras 20 agrupaciones políticas, en su gran mayoría partidos conservadores, pero también algunas agrupaciones de izquierda que representan un pequeño espacio de poder en el Congreso.
Entre estos, se presenta, por primera vez, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el brazo político del Consejo de Desarrollo Campesino (CODECA). Este postula a la cuarta candidata femenina a la presidencia. Thelma Cabrera, presidenta de CODECA, es una mujer maya mam, lideresa por los derechos de la tierra, quien lleva 20 años en movimientos sociales. La principal baza de este partido es la nacionalización de la energía eléctrica.
Las postulaciones de estas cuatro mujeres, unidas a cinco candidatas a la vicepresidencia, se constituyó como un hito a favor de la igualdad de género. En las anteriores elecciones sólo había dos candidatas a la presidencia o vicepresidencia de todos los partidos presentados. Además, y según las inscripciones a candidatos, este año se presentan el doble de mujeres a puestos de elección popular que en 2016. Sin embargo, parece que incluso con las tres contrincantes más fuertes al iniciar la contienda, finalmente puede que ninguna mujer llegue a la presidencia.
Sandra Torres, Zury Ríos y Thelma Aldana han sido las rivales más fuertes, las más conocidas; pero también las que han presentado más opositores a que dirijan el país. Pero este caso no se trata de un problema de género, sino de uno de cooptación del Estado. Solo que sus caras visibles, esta vez, están siendo mujeres.
El “pacto de corruptos” que inhabilitó a las contrincantes antes de llegar a la meta
Las elecciones generales de 2019 en Guatemala habían empezado con una nueva esperanza. Los casos iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2015, que llevaron al encarcelamiento, en una seguidilla de casos, a decenas de políticos y empresarios; parecían estar sentando un precedente sobre buenas prácticas. Siguiendo esta línea, entre 2016 y 2017 el Congreso aprobó una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que tratan de evitar el financiamiento ilícito o el transfuguismo.
Sin embargo, esta transparencia no pudo fraguarse en unas elecciones limpias, en una carrera donde los candidatos y candidatas pudieran correr sin que nadie les entorpeciera el camino. En Guatemala la democracia está llena de trampas, de agujeros y de charcos y, como ha demostrado esta contienda electoral, las propias herramientas del Estado están sirviendo para allanar el camino de unos candidatos, mientras dinamitan el de otros rivales.
Los dos últimos años, desde que el presidente Jimmy Morales pidió la expulsión de la CICIG del país, han sido una muestra de la fuerza del llamado “pacto de corruptos”, grupos de poder que se han ido configurando desde su relación con el Estado, y que ha ido adquiriendo influencia a través de distintos tipos de relacionamiento con el crimen organizado. En estas elecciones, además, este Pacto ha demostrado cómo su influencia llega también al Ministerio Público y las Cortes de Justicia.
El nombre de Pacto de Corruptos fue utilizado por primera vez en septiembre de 2017, cuando un grupo de 107 diputados del Congreso intentó modificar de urgencia el Código Penal para evitar que los secretarios generales de los partidos fueran a prisión por financiamiento ilícito. El pacto de corruptos comprende a estos diputados, que han ido cambiando de un partido a otro en función de intereses particulares, muchos de ellos con vínculos con el crimen organizado, y que solo buscan su espacio en el Congreso para hacer prevalecer su agenda. Pero también define a aquellos grupos enquistados en el Estado, que han ido beneficiándose a lo largo de diferentes gobiernos de la falta de fiscalización, incluyendo además ciertos grupos del Ejército que no quieren que llegue la justicia por delitos cometidos durante el conflicto armado. En un sentido amplio, también comprende los grupos del sector privado organizado, que siguen beneficiándose de leyes monopolísticas, o de privilegios fiscales o contrataciones dirigidas desde el Estado.
En Guatemala, prácticamente todas las personas involucradas en los anteriores gobiernos tienen casos escondidos en el baúl de las malas prácticas. Y, con 600,000 expedientes estancados en el Ministerio Público, a veces decidir de cuáles se van a investigar, o cuándo se presentarán, es determinante. En el juego de estos tiempos y resoluciones, es clave el papel de otras dos mujeres. Por un lado la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; y por otro, la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras.
El 6 de febrero de 2019, la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) y la CICIG hicieron público el caso de financiamiento ilícito del partido UNE en 2015, en el que se demostró que diferentes miembros del partido habían recibido 19 millones Quetzales (US$2.5 millones) no reportados a las instancias electorales correspondientes. Si el caso se hubiera presentado dos días antes, Sandra Torres podría haber sido capturada. Pero el día anterior Torres había sido inscrita como candidata a presidenta en el Tribunal Supremo Electoral y, por lo tanto, gozaba de inmunidad. Esto hizo generar altas sospechas sobre los tiempos empleados en el Ministerio Público para presentar la investigación. En una entrevista realizada en abril, el fiscal de la FECI dijo que el caso estaba listo desde octubre.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia retrasaron dos meses conocer la impugnación presentada por la Fiscalía para poder investigar a Sandra Torres y, finalmente, a pesar de las pruebas documentales y testimonios, la Corte decidió no retirarle la inmunidad. El caso se encuentra actualmente impugnado en la Corte de Constitucionalidad, pero esta aún no se pronunció. Un retraso que también parece intencionado para favorecer la candidatura de Torres.
Durante estos meses, las mismas cortes que han allanado el camino de la candidata por el partido UNE, han entorpecido la inscripción de Thelma Aldana. En la carrera a la presidencia de la ex fiscal general no sólo había charcos y agujeros, sino que su camino fue interrumpido por un muro sólido, construido por muchas manos y recursos, y que, a la fecha, parece infranqueable.
Thelma Aldana fue denunciada por una plaza sobrevalorada para una asesoría que no se realizó cuando ella era jefa del Ministerio Público y, amparándose en esta demanda, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no aceptaron su inscripción como candidata a la presidencia. Este decisión fue impugnada por el partido Semilla ante la Corte Suprema de Justicia y, los mismos magistrados que permitieron que Sandra Torres se presentara, finalmente rechazaron el amparo, impidiendo que la candidata de Semilla pudiera participar en la contienda.
Nuevamente, los análisis esperanzados esperaban que la Corte de Constitucionalidad, que en las últimos resoluciones se había inclinado a favor de la transparencia, impidiendo, por ejemplo, las decisiones apresuradas de expulsión de la CICIG; permitiera la inscripción de Thelma Aldana. Pero, hace dos semanas, la máxima instancia de justicia decidió fallar en contra de la inscripción de la ex fiscal general.
Y, desde la Corte de Constitucionalidad (CC) llega la otra cara importante de esta contienda: Gloria Porras, una de sus cinco magistradas titulares, que ha pasado de posicionarse a favor de la transparencia, a tomar decisiones que impiden la libre democracia. Es importante señalar que la abogada Gloria Porras ayudó a Sandra Torres y Álvaro Colom durante su presidencia, y fue designada por Álvaro Colom como magistrada de la CC en 2011.
Ahora en mayo, en la misma semana en que la Corte de Constitucionalidad rechazó la candidatura de Thelma Aldana, también emitió una resolución en contra de la inscripción de Zury Ríos, la hija del general Ríos Montt, quien ocupaba la segunda posición en una encuesta de mayo de CID GALLUP, con un 14 por ciento del voto. Así, mientras las Cortes de Justicia pareciera que han limpiado el camino a la candidata Sandra Torres, el escenario se vislumbra sin posibilidades de cambio.
Escenario negativo, todo apunta al inmovilismo
Lo más seguro, en base a las encuestas, es que Sandra Torres pase a segunda vuelta con amplia diferencia. A pesar de las diferentes casos de corrupción que han salpicado al gobierno que gestionó su ex esposo, la promesa de retomar los programas sociales iniciados durante el gobierno de la UNE, siguen calando en la población de un país con un 46 por ciento de desnutrición infantil crónica.
Pero, al mismo tiempo, Sandra Torres genera un alto rechazo entre las poblaciones urbanas. En las anteriores elecciones, en segunda vuelta perdió contra Jimmy Morales. En aquel momento, la población prefirió a un cómico que a la candidata. Esto hace predecir un futuro incierto.
Actualmente, sin Zury Ríos ni Thelma Aldana en la contienda, el segundo puesto queda abierto. En las últimas encuestas, estas tres mujeres iban seguidas de dos candidatos que solo pronostican la perpetuación del inmovilismo. Uno de ellos es Alejandro Giammattei, quien se presenta por séptima vez, en esta ocasión por el partido VALOR. Giammattei era el director del Sistema Penitenciario en 2006, cuando tuvo lugar la masacre en la granja penal de Pavón, en la que fueron asesinados 7 presos a cargo de las fuerzas del Estado.
Otro de los candidatos que ha presentado mayor intención de voto y que, ante la salida de las candidatas, puede optar a la presidencia, es Roberto Arzú, hijo del ex presidente y ex alcalde capitalino Álvaro Arzú, fallecido en 2018 y uno de los hombres más poderosos de la Guatemala reciente. Roberto Arzú, sin embargo, no tiene experiencia en el Estado y su campaña tiene tintes populistas, con ofrecimientos como la pena de muerte, sacar al Ejército a patrullar las calles o ofrecer un millón de empleos.
Este escenario queda aún más abierto desde que Mario Estrada, un cacique local que se presentaba por el partido UCN y ocupaba la sexta posición en la encuesta realizada en abril, fue capturado recientemente en Estados Unidos, por presuntas negociaciones con el Cártel de Sinaloa para financiar su campaña. Esto podría incrementar el caudal de votos de Thelma Cabrera del MLP, la única mujer cuya candidatura en firme. Este partido, a través de su trabajo de base, cuenta con articulación en distintos zonas del país. Uno de los departamentos donde el MLP tiene más fuerza es Jalapa, el reducto de Mario Estrada, cuya salida podría incrementar los votos a la apuesta política del campesinado. Sin embargo, de momento no existen encuestas actuales sobre la intención de voto sin los contendientes que ya salieron de la carrera.
El antejuicio en contra de Sandra Torres por financiamiento ilícito podría recibir todavía un amparo final en la Corte de Constitucionalidad, que llevaría, incluso, sacar a esta contendiente de las elecciones en el último momento. El futuro con respecto a los resultados, con un número tan alto de partidos y con las principales contendientes fuera de la carrera, deja muy abierto el escenario. Aunque, de momento, todo pronostica un triunfo del inmovilismo para Guatemala.
