El reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador ha sido tardío y limitado, y hoy enfrenta un preocupante retroceso. Tras siglos de exclusión, avances normativos impulsados por el movimiento feminista lograron garantizar derechos más amplios. Sin embargo, el actual régimen autoritario desmantela estos logros, reduciendo la participación política femenina y reinstalando un modelo patriarcal que relega a las mujeres a roles tradicionales, amenazando su autonomía y derechos.
Los derechos humanos de las mujeres en El Salvador persisten entre la resistencia y el riesgo de su proscripción absoluta.
El rezagado y lento reconocimiento de derechos.
Una de las premisas del derecho antidiscriminatorio es, averiguar si el grupo poblacional objeto de análisis ha sido excluido del acceso o del ejercicio de uno o varios derechos en el pasado y ello logra mantener una desventaja actual; el estado salvadoreño ha mantenido la tradición excluyente de las mujeres como sujetos de derechos por largo tiempo, apenas en su Constitución de 1950 reconoció la igualdad jurídica entre los cónyuges y otros limitados derechos, siempre bajo la idea de “la mujer” y su rol de esposa y madre. En el plano internacional el tratado para la igualdad de las mujeres -la Convención CEDAW- (Organización de las Naciones Unidas, 1979), fue ratificada en 1981, le siguió a inicios de los noventas la Convención Belem do Pará (Organización de los Estados Americanos, 1994), tratado regional para la erradicación de la violencia, ratificado en 1995, a pesar de ello el estado salvadoreño avanzo en el plano normativo hasta la primera década de los años dos mil, cuando por primera vez dos leyes reconocieran derechos humanos de las mujeres con independencia de rol reproductivo y reconociendo su diversidad, fueron la LEIV y la LIE que finalmente desarrollaron el mandato constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos de que todas las personas somos iguales, así un rezago de prácticamente dos centurias desde que somos una república han pasado para que las mujeres fueran bienes jurídicos protegidos por ser humanas, manteniendo al sistema de opresión patriarcal a costa de miles de cuerpos y vidas de las mujeres, con nuevas leyes la deuda con las mujeres apenas se iniciaba a resarcir, esta breve historicidad es compartida por los países en la región centroamericana.
El 'reset' patriarcal.
Actualmente con una degradación impresionante, los estados aplican un retroceso simbólico sobre las mujeres como sujetas plenas de derechos, borrando o deshaciendo cambios que además de tardíos fueron limitadamente aplicados, todo para reconstituir el sistema patriarcal en todo su funcionamiento; recordemos que este sistema de opresión resulta necesario para la imbricación de sistemas como el clasista, racista, edadista, extractivista y otros. Por ejemplo, en El Salvador tomo al menos tres décadas constituir un subsistema de protección para las mujeres desde el principio de igualdad en la actividad del estado contribuyendo en desvirtuar el paradigma sobre el destino ineludible de enfrentar la violencia y la desigualdad lo que motivó una ruptura del silencio impuesto e indicativo de una mayor conciencia sobre la violencia y la desigualdad contra ellas.
Fue el movimiento feminista y de mujeres, que propició tales cambios a punta de teorizar, organizar, proponer, acompañar y monitorear la actividad del estado y sus agentes, bajo una correlación con la cooperación internacional y las voces más progresistas del país y miles de mujeres que dieron su voto de confianza en el estado nación, logrando con ello:
• Reconocer la violencia como un hecho reprochable en prácticamente todos ámbitos,
• Reforma normativa con al menos 25 leyes creadas, derogadas o reformadas que favorecen derechos humanos de las mujeres,
• Reforma en el sistema de justicia con una jurisdicción especializada, y áreas especializadas en investigación de crímenes contra las mujeres Fiscalía General de la República(FGR), Procuraduría General de la República (PGR) y Policía Nacional Civil PNC, logrando también una renovada jurisprudencia basada en derechos
• Desarrollo epistémico y reconocimiento normativo de categorías como el feminicidio, misoginia y violencia laboral que sirvieron para comprender lo que ocurre a las mujeres,
• Instalar más de 80 servicios públicos de atención especializada que incluyen la atención a las mujeres en el servicio público,
• Aplicación de compromisos presupuestarios específicos para las mujeres
Pero el debilitamiento democrático tras los cambios políticos a partir de 2019 y los comicios de febrero y marzo de 2024, en el que el oficialismo obtuvo un 90% de las 60 diputaciones y 29% de los 44 municipios, pero un 98% en términos de gobiernos locales afines al oficialismo que consolidan cada vez más un régimen totalitario, impide espacios de diálogo político y absolutiza el poder en una sola figura -el presidente –, elecciones realizadas bajo un régimen de excepción y donde por primera vez desde la vigencia de la Constitución de 1983, un presidente en funciones compite por un segundo mandato presidencial inmediato (Organización de Estados Americanos, 2024), se aplica lo que denominamos el “reset patriarcal”, la primera acción es la regresión de la posición simbólica de las mujeres.
Para concretar la regresión, las acciones van desde abordaje familista de las políticas pública, centrados en la utilización reproductiva de las mujeres con leyes como: nacer con cariño, crecer juntos y amor convertido en alimento donde las mujeres son sujetas reconocidas solo a partir de su rol materno y su fijación de seres abnegados para la protección del estado y la concentración de servicios para todas las poblaciones diluyendo abordajes diferenciales; hasta la expulsión de la agenda pública: la igualdad y la erradicación de la VCM como asuntos relevantes achicando el estado y cancelando carteras importantes como la secretaria de inclusión social, transparencia y participación ciudadana, unidades de género, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, Instituto Nacional de Fomento a las Cooperativas, Instituto Nacional de Juventudes entre otras, que nuevamente trasladan por defecto el cuidado y la desprotección sobre las mujeres.
El borrado pasa por la anulación de la participación política de las mujeres, tras las reformas electorales y reconstitución territorial, hasta las elecciones de 2021, a nivel local se elegían 262 gobiernos locales, a partir de 2024 solo 44, pasando de 30 mujeres alcaldesas en el periodo de 2018-2021 a 8 mujeres ediles en 2024 , pero además pasamos de un promedio nacional para elegir a personas regidoras a nivel local de 4,283 hasta 2024 a 31,116 es decir que la distancia entre gobernantes y gobernados se amplió y con ello la participación de las mujeres se revoca ampliamente.
El recetario también implica reavivar el pacto clánico entre estado e iglesia en una alianza defensiva que motiva discursos de odio y anti derechos , que incluso han declarado proscrito: “todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, atendiendo a revisión del currículo nacional de educación con la inclusión de estudio de la biblia, retirando material sobre diversidad sexual de unidades de salud y clínicas de atención a Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y estableciendo un registro de muertes fetales, que obliga a inscribir toda muerte fetal en cualquier periodo, y como por excelencia los registros son públicos, ahora el historial reproductivo de las mujeres se ciñe como “una letra escarlata” para su validación como reproductora, estos dispositivos de intolerancia y limitación o desaceleración a la formación en derechos humanos especialmente de las mujeres, utilizando denominaciones en tono descalificante como “ideología de género”, invitando a la prohibición de la misma, y estigmatizarla para recrear en quienes la promueven poblaciones enemigas y una supuesta malignidad en la promoción de la educación en derechos humanos especialmente de poblaciones en situación de desventaja o discriminación social.
Viejos y nuevos señores de la guerra:
Las bases políticas y materiales para la transición democrática a autoritarista, implican -entre otros- la concentración absoluta del poder y con ello la seguridad como necesidad, bajo la premisa del funcionamiento de la sociedad desde el control, la contención de los brotes de resistencia y la transgresión a los derechos humanos sin consecuencias.
El abordaje clásico donde la seguridad se mide en términos se soberanía “especialmente de económica del poder”, que pasa por encima de las necesidades de las ciudadanías especialmente de aquellas de los márgenes como las mujeres, convirtiéndolas simbólicamente incluso en el enemigo, y estas no son nuevas, la región Centroamericana tiene una larga tradición de autoritarismos especialmente militares.
Hoy en El Salvador, el principal dispositivo violento de contención es el régimen de excepción, usado deformativamente bajo la figura constitucional de estado de excepción , pero bajo la premisa de nuestra carta magna, no supone la suspensión del estado de derecho, no es una autorización a los funcionarios para no respetar la legalidad, no anula la constitución y tampoco los instrumentos de derechos humanos, ni los mecanismos del control del ejercicio del poder, es una suspensión de derecho fundamentales en favor de sí mismos (Carrillo, 2022), aclarado ello dicha estrategia de control, bajo una narrativa de seguridad, ha logrado la captura de al menos 84,000 personas (un 12% mujeres), bajo un criterio de selección por discriminación social, y detenciones bajo criterios peregrinos y caprichosos, en contra de personas que residen en comunidades empobrecidas, personas jóvenes de 18 a 30 años, personas trabajadoras informales, disidencia sexual, adversarios políticos, entre otros, logrando reformas al sistema penal de garantías al debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa, independencia judicial, excepcionalidad de la privación de libertad y duración indefinida de la detención administrativa y más de trescientas personas muertas bajo custodia del estado.
Ante ello las mujeres asumen cuidados, defensoría y empobrecimiento para sostener una política de seguridad, que resulta ser sexistas, carentes de perspectiva de igualdad, pues no se atienden las inseguridades de las mujeres, si bien las muertes violentas de mujeres han disminuido las muertes contra mujeres ocurridas en el ámbito de confianza continúan elevadas y prácticamente sin alterarse, y la violencia sexual, física y patrimonial prácticamente se mantiene, teniendo una distracción de los servicios y presupuestos para la atención a la violencia contra las mujeres, bajo la narrativa de seguridad que realidad es la seguridad de los hombres, pero también se suma el silenciamiento de la Violencia contra las mujeres y un sometimiento a partir de instrumentalizar dicho régimen para la persecución y criminalización de las mujeres especialmente las que están en primera línea feministas, defensoras, periodistas y con ello se debilita la agenda social de las mujeres, por su puesto la ejecución del mecanismo está encargado a cuerpos uniformados, la principal institución de formación colectiva y sistematizada para el uso de la violencia y su ejercicio legítimo, con cuyos valores uso de la violencia, la potencia bélica y la obediencia, muestran las leyes más puras del sistema patriarcal.
Además de los viejos señores de la guerra, la nueva gobernanza digital, instala el imperio digital como nuevo espacio y medio de dominación a través de empresas tecnológicas y plataformas digitales con impacto global en la vida cotidiana de las personas, captando amplias cantidades de datos utilizados por algoritmos capaces de influenciar en las economías y la política, haciendo su lugar en el sistema opresor patriarcal y definiendo quienes son las victimas en la nueva zona del despojo, allí las mujeres ocupan un nuevo escenario de victimización, la violencia estética, ataques a mujeres en primer alinea de defensa como mujeres en participación política, periodistas, influencers, violencia sexual como la cosificación de los cuerpos, la destrucción de su credibilidad, se acallan y censuran nuestras voces con una alta agresividad, anonimato e impunidad, capacidad expansiva y de larga permanencia, todo ello bajo un modelo de negocios, donde el mundo virtual, finalmente es una extensión del mundo real solo que, sin gobierno, sin leyes y sin protecciones.
Mujeres en primera línea de defensa.
Pero las mujeres incluso antes de ser reconocidas como ciudadanas con igualdad de derechos, han resistido desde la agencia cultural y política, con tácticas militantes y performatividad del género como llama Elena Salamanca, -historiadora salvadoreña- a las estrategias de Prudencia Ayala, quien se inscribió como candidata a la presidencia en 1930, veinte años antes de que se reconociera el derecho al voto de las mujeres, ella representa la osadía de ser y ser de muchas maneras, “… fue lo que ahora se conoce como feminista interseccional: una mujer indígena, madre soltera, autodidacta, activista. En todos sus modos de ser fue para su tiempo una subalterna. Y en todos sus modos de ser fue, también, para su tiempo, una revolucionaria.” (Salamanca, 2021); sus estrategias, que no fueron en solitario como quizá conviene a los regímenes reconocerla, incluyeron una organización política desde 1913, “fundó su propio periódico, “Redención femenina”, y presentó su programa de gobierno, en el espacio público usó un bastón como los grandes señores, hizo campaña política vistiendo una boina con el escudo nacional bordado y propuso una nación unionista, que respetaba a las mujeres más excluidas dentro de la exclusión, las obreras, las madres solteras, las hijas ilegítimas, las desamparadas” (Salamanca, 2021).
La defensa de derechos humanos de las mujeres requiere un nuevo esfuerzo de defensa de lo público y donde las personas especialmente las mujeres, tengan participación en reglas del juego, reconociendo la diversidad.
Tras la pérdida de correlación con cooperaciones importantes, el advenimiento de crisis humanitarias y de movilidad humana tras el cierre de programas de asilo, refugio y asistencia humanitaria, salud sexual y medios de vida, justo en medio de la hostilidad migratoria e insensibilidad para las personas refugiadas en su máximo esplendor en los nortes globales, requieren una activación solidaria para las mujeres.
Ante ello mujeres especialmente jóvenes en América Latina persiguen el derecho a estar seguras también en el espacio digital, el movimiento Ley Olimpia que nace en México y cuyo nombre debe a una mujer activista víctima de violencia digital, ha logrado no solo leyes para penalizar estas prácticas, sino que también movilizar a mujeres del continente como Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Bolivia, Panamá y El Salvador, dando lugar a la 1ª Cumbre Latinoamericana de defensoras digitales en México, cuya fuerza se manifiesta en la disposición de lucha y la creación de alternativas digitales para las mujeres, buscando poner el límite de actuación abusiva de las plataformas, par que en la red la dignidad de las mujeres ocupe un lugar.