El impacto del segundo gobierno de Donald Trump en los derechos de las personas migrantes

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el control del partido republicano del Senado estadounidense afectará a cada persona donde quiera que ésta viva en el mundo, pero tendrá un impacto mayor en alrededor de 11 millones de migrantes que han vivido por más de 10 años en condición irregular en los Estados Unidos, el 3% de la población en este país. También tendrá un impacto inmediato en los miles que, pese al panorama adverso para al menos los próximos cuatro años, nada los disuade ni los disuadirá de emigrar hacia el llamado “sueño americano”.

La elección de Trump como presidente número 47 de Estados Unidos no ha sido una casualidad. Ha logrado más de 70 millones de votos, muchos de ellos provenientes de los cuatro millones de latinos que votaron por primera vez este noviembre 2024. El 38% de los votantes hispanos y el 12% de los votantes afroamericanos han dado su apoyo a Trump, seducidos por la promesa de mejorar la economía[1]. 

El republicano obtuvo 295 votos del Colegio Electoral de los 270 necesarios, contra 266 que obtuvo la candidata demócrata, Kamala Harris.

Muros, prejucicios y la mano dura como ejes centrales de la política migratoria. 

Este nivel de control y poder no será desperdiciado. Trump, al igual que otros presidentes de similar perfil autoritario, ha llegado a su segunda presidencia por la vía democrática, pero no respeta ni respetará la institucionalidad democrática. No se trata solamente de Trump, se trata de una corriente fascista que avanza con las mismas recetas que aplicaron sus antecesores del siglo pasado. Uno de los ingredientes principales de este recetario es la de elegir a un enemigo, y el llamado “Trumpismo” eligió como enemigo a las personas migrantes. 

Uno de los ejes principales de la campaña de Trump ha sido su promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”, aunque en Estados como Florida matizaba al decir que “ ha llegado mucha gente de manera ilegal, solo queremos que arriben de manera legal por nuestro sistema”[2].

El ex-director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer mandato de Trump, Thomas Homan, plantea deportaciones precisas y metódicas, dentro de los límites legales, respetando normas diseñadas para proteger a los individuos de la fuerza excesiva o acciones arbitrarias. Homan es conocido por su postura de "tolerancia cero" con la migración irregular. En su tiempo al frente de ICE impulsó medidas de deportación y apoyó la separación de familias migrantes para disuadir los cruces fronterizos ilegales. 

Para Homan, que tendrá un rol importante en este tema a partir del próximo año, el énfasis estará en una “operación dirigida” que se centra en identificar y deportar a personas con antecedentes penales. Argumenta que la deportación de delincuentes extranjeros mejorará la seguridad pública y restaurará un sentido de orden en comunidades que han sido afectadas negativamente por la violencia de pandillas y el crimen organizado, especialmente en las regiones fronterizas.

En este planteamiento, Homan, policía de profesión, no profundiza sobre qué entenderá la administración Trump como delincuentes extranjeros. La ley S.B. 4 ya implementada a finales del 2023 en el Estado de Texas, que ha enfrentado oposición del Departamento de Justicia, convierte los cruces fronterizos no autorizados en un delito estatal. Una medida similar, la proposición 314 fue aprobada por un 63% de los votantes en el Estado de Arizona. Otro de los asesores de Trump, Stephen Miller, ha asegurado que la deportación masiva podría implicar campos de detención construidos "en terrenos abiertos en Texas cerca de la frontera"[3].

La militarización de la política migratoria y su impacto en grupos vulnerables

Ya confirmado en la presidencia, Trump habla de emitir una emergencia nacional para que efectivos militares puedan detener y expulsar a migrantes, así como revocar la prohibición de Joe Biden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para no perseguir a inmigrantes que se encuentren en condición irregular en Estados Unidos y no hayan cometido delitos. Trump invocará a la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 utilizada en contextos de guerra civil y la segunda guerra mundial. Lee Gelernt, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), anticipa que " será mucho peor esta vez y estamos particularmente preocupados por el uso de las fuerzas armadas para detener a los inmigrantes"[4].

La reducción en los niveles generales de inmigración planteados en el Proyecto 2025, un plan de gobierno, aboga por una disminución en el número total de inmigrantes legales permitidos anualmente, priorizando trabajadores calificados. Para la Fundación Heritage, este enfoque se enmarca como una forma de modernizar el sistema de inmigración de EE.UU. para servir mejor a los intereses económicos mientras se mantiene el control sobre la escala y la naturaleza de la inmigración legal. El Proyecto 2025 plantea impulsar una deportación que pudiera afectar a 25 millones de personas. Para los primeros meses del mandato de Trump, la prioridad sería alrededor de 1,3 millones de inmigrantes en condición irregular que han recibido órdenes finales de deportación por un tribunal de migración.

Un grupo particularmente vulnerable a corto plazo son aquellos que solo tienen protecciones transitorias como el Programa de Protección Temporal (TPS) o el llamado DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), implementado por la administración de Obama, que ha beneficiado a quienes llegaron a Estados Unidos como menores de edad en un cierto periodo. Ya Trump había anulado en su primer mandato las órdenes ejecutivas de ambos programas, TPS para 863 mil 880 ciudadanos de 16 países (entre ellos El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela), y DACA implementado para un aproximado de 530 mil jóvenes conocidos como “dreamers”. En esa ocasión, un tribunal federal pudo frenarlo. Sin embargo, ahora se trata de un presidente que tendrá control de la Casa Blanca y la Suprema Corte, junto con muchos jueces federales afines, además de fuerte presencia en la Cámara de Representantes.

Voces de Estados que han mantenido mayoría demócrata, como el de California, llaman a resistir y echar mano de recursos legales para defender a las personas migrantes, así como enfrentar otras promesas de campaña como la de revertir la ciudadanía estadounidense para hijas e hijos de personas migrantes que nazcan en Estados Unidos. El derecho a la nacionalidad estadounidense para una persona que nace en los Estados Unidos está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los EE.UU.

La encrucijada migratoria: entre amenazas de deportación y presiones para regresar “voluntariamente”

Sin embargo, más que enfrentar batallas legales, el abogado especialista en temas migratorios en Washington DC, José Pertierra, sostiene que la estrategia trumpista contempla también imponer un clima de terror entre los inmigrantes con el objeto de que las personas se vayan por su propia cuenta[5]. Algunos seguidores de Trump incluso han alentado implícitamente a los ciudadanos estadounidenses a auto deportarse con sus familiares indocumentados. 

Uno de los principales asesores sobre la economía para Trump, Scott Besant, plantea la posibilidad de medidas de “deportación financiera”, que podrían incluir restricciones en las remesas para motivar salidas voluntarias. No se ha estimado el daño que esto causaría en economías como las de Centroamérica, de cuyos países son originarias el mayor porcentaje de personas migrantes que cruzan o intentan cruzar diariamente la frontera sur de EE.UU con México. Enviar a millones de migrantes centroamericanos de regreso a países empobrecidos, ya sea deportados o bajo presión de salidas supuestamente voluntarias, tendrá un efecto inmediato en la drástica disminución en los flujos de remesas, que, en países como El Salvador, Guatemala y Honduras representan el 25% del Producto Interno Bruto.

El ex director del Departamento de Seguridad Nacional durante la última administración Trump, Chad Wolf, ha afirmado que la opinión pública de Estados Unidos es más favorable ahora a las políticas de línea dura de Trump. Un punto de preocupación es que si ante esta inminente ola de deportaciones ¿Están preparados los gobiernos receptores para recibir a miles de personas migrantes? ¿Existe una política pública de retorno en países como Guatemala, Honduras o El Salvador”?

Políticas migratorias y alianzas regionales: entre la “ zanahoria y el garrote ”

El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Michael Paarlberg, asegura que, para lograr sus objetivos, Trump dará prioridad a alianzas con líderes autoritarios que respalden sus políticas. Este académico sostiene que “Trump está mucho más dispuesto a hacer tratos con líderes autoritarios si ellos están dispuestos a detener la migración”[6]. Sin embargo, excluir de las deportaciones a migrantes originarios de los países cuyos gobiernos se plieguen a los intereses de Trump no parece un punto negociable.

Para otros gobiernos, las presiones llegan aún antes de que Trump asuma el próximo 20 de enero. A la presidenta Claudia Sheinbaum se le ha enviado la advertencia que México sufrirá un aumento de porcentaje en aranceles en el comercio con Estados Unidos si no detiene la caravana de alrededor de 2 mil 500 migrantes que el 7 de noviembre partió desde Tapachula hasta la frontera estadounidense. En 2023, el comercio bilateral entre Estados Unidos y México fue de 745 mil 623 millones de dólares, con un superávit de 23 mil 744 millones de dólares a favor de México. En este contexto, México se posicionó como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y China[7]. Trump declaró en un mitin en el Estado de Carolina del Norte que “…si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América…Si eso no funciona, lo haré al 50, y si eso no funciona, lo haré al 75. Luego lo haré al 100.[8]”

No solo Estados Unidos hará uso de militares en contra de migrantes, también México hace uso de la Guardia Nacional y el ejército para detenerlos. Miembros de la Guardia Nacional, compuesta en su mayoría por soldados transferidos, abrieron fuego contra un vehículo que transportaba migrantes a lo largo de la frontera al este del Estado de Tijuana. Dos colombianos fueron asesinados. Es el segundo incidente de este tipo desde el 1 de octubre, cuando soldados del ejército mexicano mataron a seis migrantes en el Estado de Chiapas. En ambos incidentes, los mandos militares afirman que los soldados estaban devolviendo el fuego. Los testigos niegan estas versiones[9].

Refugio y asilo: el impacto del laberinto legal en familias migrantes 

El mismo 7 de noviembre que la nueva caravana de migrantes partía desde México, el juez federal J. Campbell Barker, designado por Trump en su primer mandato, dictaminó que el programa “Keeping Families Together”, enfocado en el principio de no separar a familias de personas migrantes, excede la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La decisión judicial se produce en respuesta a una demanda presentada por 16 estados liderados por fiscales generales republicanos, quienes argumentaron que el programa incentivaba la inmigración ilegal y sobrepasaba la autoridad ejecutiva.

Este programa de la administración Biden, fue emitido en el mes de junio para otorgar estatus legal a un aproximado de 500 mil personas inmigrantes indocumentadas casadas con ciudadanas y ciudadanos estadounidenses, así como a un aproximado de 50 mil hijas e hijos de estas parejas. Esta orden ejecutiva permitía también a estos inmigrantes solicitar permisos de trabajo y protección contra la deportación sin abandonar el país, facilitando su camino hacia la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía. El juez Barker argumentó que el DHS no tiene la autoridad estatutaria para implementar dicho programa, ya que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite el “parole” solo para individuos que buscan ingresar a Estados Unidos, no para aquellos que ya están presentes sin autorización legal. Además, señaló que el programa transformaba una herramienta diseñada para casos excepcionales en una amnistía masiva para inmigrantes que han residido ilegalmente en el país durante una década. Se espera que el Departamento de Justicia apele la decisión del juez.

Programas complementarios, de asistencia a refugio y asilo, así como el de "Oficinas de Movilidad Segura" que ofrece acceso a vías migratorias para un número limitado de migrantes de algunos países en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, enfrentarán recortes o posiblemente su anulación. También será cerrado el programa de libertad condicional humanitaria de la administración Biden para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Gobernadores estatales republicanos ya habían intentado sin éxito frenar este programa a través de una demanda. Lo mismo puede esperarse con el apoyo financiero estadounidense a organizaciones humanitarias intergubernamentales o no gubernamentales e instancias como el Alto Comisionado de Derechos Humanos para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para proyectos de asistencia humanitaria y reintegración de familias migrantes.

Otro programa implementado por Biden también está en la mira: el uso de la aplicación para teléfonos inteligentes CBP One para programar citas para solicitud de asilo en los puertos de entrada fronterizos entre EE. UU. y México. La aplicación ha sido duramente criticada por su ineficacia para agilizar miles de solicitudes y dificultades técnicas para accesar a ella. Solicitantes de familias enteras han esperado más de un año para una cita de CBP One, lo que ha hecho que muchas de ellas resuelvan renovar sus intentos de entrar irregularmente a Estados Unidos. 

El reto migrante para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum en México

Sin embargo, poner fin a CBP One solo es una acción relacionada a un objetivo mayor: obstaculizar el derecho a solicitar asilo para personas migrantes, un objetivo al que, lamentablemente, también en la administración Biden-Harris ha contribuido. Medidas como el Título 42 y políticas como “Permanecer en México”, tendrán una nueva versión, que incluirá probablemente la deportación de niñas y niños migrantes no acompañados. Bajo las presiones desde el primer mandato presidencial de Trump, México aceptó recibir de regreso a 72 mil solicitantes de asilo no mexicanos bajo la ley Permanecer en México y más de 450 mil expulsiones bajo la aplicación del Título 42. 

Debe esperarse también para México el aumento aún mayor de migrantes solicitantes de asilo. El Ministerio de Gobernación de México reporta de enero hasta agosto de 2024 un total de 52 mil 395 personas solicitantes de asilo en ese país. La mayoría de los solicitantes son de origen hondureño (21 mil 529), cubano (11 mil 052), haitiano (4 mil 926), salvadoreño (4 mil 185), venezolano (3 mil 055), guatemalteco (2 mil 228), colombiano (1 mil 533) y nicaragüense (666).

Las presiones para obligar a recibir migrantes expulsados de la frontera estadounidense no solo serán para México, también las recibirán otros países como Guatemala. En el proyecto 2025 propone el restablecimiento de los acuerdos de tercer país seguro y la creación de una autoridad encargada de la deportación inmediata de inmigrantes indocumentados bajo ciertas circunstancias. Propone también reformas al régimen de asilo para reducir el tipo de causales que las personas buscando protección internacional podrían invocar. Es decir, el “miedo creíble de persecución” ya no podrá estar relacionado con violencia basada en género o violencia de pandillas. Además, plantea la posibilidad de imponer sanciones sectoriales a los países que se rehúsen a recibir personas deportadas.

Otros países tendrán la presión de frenar su propia emigración o endurecer controles del paso de migrantes en tránsito por sus territorios. 

Rostros  y travesías migrantes

Entre la primera gestión presidencial de Trump y el inicio de su próximo mandato, el perfil de personas emigrantes en tránsito migratorio irregular desde el sur ha cambiado significativamente. En los meses de enero a septiembre de 2024, las detenciones de migrantes se redujeron en un 25% en comparación al 2023. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó 58 mil 858 detenciones relacionados con intentos de cruce irregular, lo que representa una caída significativa tras haber alcanzado 250 mil en diciembre del año pasado, la mayor cifra registrada en un solo mes. 

Las nacionalidades más frecuentes en las detenciones fronterizas han sido, en este orden, México, Honduras, Guatemala y El Salvador. En el caso de México, en el año fiscal estadounidense 2021, año de salida del primer gobierno de Trump, las detenciones de personas migrantes de ese país efectuadas por CBP fueron 674 mil 739. Para el año fiscal 2024, las detenciones de mexicanos fueron de 668 mil 088. En el caso de Honduras, en el 2021 fueron 321 mil 149 migrantes detenidos, bajando a 144 mil 733 en el 2024. Guatemala es el único país que registra solo una leve disminución en el registro de 284 mil detenciones en el 2021 a 206 mil 971 en 2024.  

Nacionalidades como la venezolana, que en 2021 no superaban 7 mil 500 detenciones, llegaron en el 2023 a 57 mil 850, pero bajaron drásticamente a 626 en el 2024. Una caída similar se ha observado en las detenciones de personas migrantes nacionales de Brasil, Ecuador y Haití, nacionalidades que habían desplazado en los últimos años a El Salvador en el llamado listado “Top10” de países de origen de personas migrantes detenidas en frontera por la patrulla fronteriza. El Salvador en el 2021 registraba 99 mil 463 detenciones y en el 2024 se registraron 57 mil 207. 

En el caso de Cuba, el 2021 las detenciones no superaban las 39 mil 300, pero en el 2024 los registros se quintuplican a 217 mil 615.  De las nacionalidades extracontinentales, es China el país de origen de 23 mil 471 personas migrantes detenidas en el 2021, registro que sube hasta 78 mil 701 detenciones en el 2024. India registra 30 mil 632 detenciones en el 2021 y en el 2024 la cifra subió a 90 mil 415. Estos datos han dirigido la vista de las autoridades migratorias estadounidenses más allá del triángulo norte de Centroamérica y México. Los ojos están puestos en el llamado “tapón del Darién” fronterizo entre Panamá y Colombia.

En el caso de Panamá, el presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó en octubre pasado que el número de migrantes que transitan por “el Tapón del Darién” probablemente sería de poco más de 21 mil 542, una cifra menor a la registrada en el mes de septiembre de 25 mil 111. Desde el mes de julio, una normativa local impone fuertes multas para las personas que ingresan a Panamá sin autorización. Para UNICEF, aunque el número de personas que migran a través del Tapón del Darién ha disminuido en 2024, el número de niñas y niños que migran solos ha aumentado. En el 2023, unos 3 mil 300 niños caminaron solos por las selvas del Darién. Durante los primeros nueve meses de 2024, 3 mil 800 niños lo han hecho. La mayoría son de origen venezolano.

Esto sucede cuando diferentes fuentes apuntan a un aumento de personas que ingresan a Colombia desde Venezuela. Desde agosto de este año, con apoyo de los Estados Unidos, Panamá ha operado 25 vuelos de deportación a Colombia, Ecuador e India.

Sin embargo, cubanos, haitianos y migrantes extracontinentales cuentan con otra vía que, si disponen de los fondos suficientes, les evita el azaroso paso por la selva del Darién. Investigaciones periodísticas han advertido que en Nicaragua redes de migración irregular que operan vuelos chárter directos reciben a migrantes que ingresan a Nicaragua pagando cada uno un “derecho de pase” de 150 dólares y los habilita a permanecer en el país hasta cuatro días máximo. Los pasaportes de estas personas no son sellados y ni se proporciona un recibo por este pago. Es muy difícil que todo este proceso pueda ejecutarse sin intervención de las autoridades. Se estima que el último año llegaron unas 300 mil personas a través del aeropuerto Augusto C. Sandino, mientras que otros 150 mil lo hicieron por vía terrestre, por la frontera con Costa Rica.[10] 

En el caso de El Salvador, desde octubre 2023 el gobierno ha impuesto una tarifa de 1 mil 130 dólares a los viajeros ciudadanos de 57 países que hacen conexión a través del principal aeropuerto del país, entre ellos países como Senegal y la India, cuyo tránsito hasta Nicaragua llegando primero a El Salvador ha experimentado un notable aumento en los últimos dos años[11].

Durante el año fiscal 2024, octubre-septiembre, la patrulla fronteriza estadounidense realizó 1,53 millones de arrestos. Es la primera vez desde 2021 que se presentan registros por debajo de los 2 millones. La aplicación de la medida Titulo 42 concluyó en mayo 2023. Sin embargo, no parece que las migraciones disminuirán y, una vez más, hay que recordar que las personas migrantes son necesarias en Estados Unidos. 

El aporte a la economía de la población migrante: un debate inconcluso 

Estas personas apoyan el mercado laboral, mantienen la inflación bajo control y aportan dinero a las arcas federales, lo que contribuye a la economía general de Estados Unidos. El Consejo Estadounidense de Inmigración estimó en 2022 que los inmigrantes no autorizados contribuyeron con 46 mil 800 millones de dólares en impuestos federales, de los que 22 mil 600 millones se destinaron a la Seguridad Social y 5 mil 700 millones a Medicare. Las personas inmigrantes no autorizados también pagaron 23 mil 300 millones en impuestos estatales y locales.

En un informe de perspectivas para la próxima década de la Oficina Presupuestaria del Congreso se asegura que, si se mantienen los niveles actuales de inmigración, el producto interior bruto (PIB) real del país podría aumentar 0,2 puntos porcentuales cada año durante la próxima década, dejándolo un 2% por encima en 2034. La Escuela Carsey de Políticas Públicas de la Universidad de New Hampshire plantea que la inflación en Estados Unidos podría alcanzar un máximo de 0,5 puntos porcentuales más bajo un plan de deportación masiva. Si se deporta a enormes poblaciones de inmigrantes -o como mínimo se ralentiza el crecimiento de la población como consecuencia de unas políticas de inmigración más estrictas- habrá menos consumo de bienes, lo que podría perjudicar al mercado laboral[12].

La administración Biden ha anunciado medidas de contingencia esperando que aumente el número de personas migrantes intentando entrar a suelo estadounidense antes del 20 de enero. Las drásticas políticas migratorias que se avecinan no detendrán los flujos migratorios. Más que el miedo a Trump, es más fuerte el miedo a la condena de una vida sin esperanza. En los textos que circulan a través de la aplicación WhatsApp utilizada para comunicaciones entre grupos de personas migrantes, el mensaje es claro: “el momento de entrar a los Estados Unidos es ahora”[13].