La Convención Belém do Pará cumplió 30 años, uno de los instrumentos más revolucionarios en materia de derechos humanos de las mujeres. El primero en declarar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de poner este problema político y cultural en lo público, fijando la violencia hacia las mujeres como una de las más graves y persistentes violaciones a los derechos humanos.
Los 30, se celebraron en Chile junto a la IX Conferencia de Estados parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención (MESECVI) que preside el país desde junio del año pasado.
En tres décadas, la Belém do Pará ha sido clave para ampliar los estándares jurídicos de protección de derechos a nivel global, aportando más y mejores definiciones de lo que se entiende por violencia de género como manifestación de desigualdad de poder que afecta arbitrariamente a mujeres y niñas.
Son 30 años de Convención y 20 años del MESECVI que monitorea el avance del tratado en los países a través de más de un centenar de indicadores, evaluando el desempeño de los Estados: un ejercicio democrático, multilateral, participativo y sistemático liderado por la Secretaría Técnica del Mecanismo, el Comité de Expertas y que cuenta con la participación de la sociedad civil.
Las organizaciones de mujeres y feministas que contribuyen con informes sombras a cotejar la información que aportan los Estados y que participan en las rondas de evaluación y seguimiento, “llegaron para quedarse”, como bien remarcaron en esta Conferencia de Estados Parte, son -y seguirán siendo- las que mantendrán en el ámbito de la preocupación pública la violencia hacia las mujeres como un asunto político irrenunciable para los gobiernos.
De esas matrices provienen las llamadas leyes integrales como la recién publicada en Chile, tras siete años de debate en el Congreso Nacional: la Ley 21.675 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, en Razón de su Género. En América Latina se han promulgado 14 leyes similares y 50 normativas en materia de femicidio/feminicidio o muerte violenta de mujeres.
Sin embargo, a la luz de los primeros hallazgos del informe subregional de la cuarta ronda de implementación de la Convención en Latinoamérica (2018 - 2022), el desarrollo y la prolijidad normativa, parecen no ser suficientes para desarraigar la violencia misógina.
En la región, la violencia física y sexual que viven mujeres y niñas se mantiene en un continuo muy marcado por la clase, pertenencia a un pueblo originario o indígena, ser afrodescendiente, estar en situación de discapacidad; ser desplazada o estar migrando. En violencia sexual, el análisis de lo reportado tan sólo por una docena de países arroja más de 700 mil delitos sexuales contra mujeres y medio millón de niñas y adolescentes víctimas de este tipo de violencia.
Las cifras de femicidios no se condicen, entre el alto número de procesos iniciados y los casos que han logrado sentencia. La situación de los derechos sexuales y reproductivos para la región sigue siendo alarmante, crítico en embarazo infantil y adolescente: más de un millón cien embarazos de niñas reportados por 15 países de la región, le señalan a los Estados y a los gobiernos que hay una deuda muy extendida en este ámbito de los derechos humanos.
El MESECVI y el Comité de Expertas han reiterado que la irreversible violencia y discriminación que viven las mujeres, y que se traduce en femicidios, no sólo requiere de mejores leyes. También de trabajar la subsistencia de los estereotipos de género en el acceso a la justicia y en la tematización de la violencia machista en los medios de comunicación; de mejoras en la investigación criminal, la debida diligencia y de los sistemas de información que dispongan los países para robustecer los diagnósticos del problema.
En su Declaración sobre Femicidios de 2008, el Comité de Expertas ya advertía a los Estados de la urgencia de incorporar en las políticas de seguridad de los países esta manifestación de violencia. Más de una década después, esta incorporación tuvo acuerdo en la IX Conferencia de Estados Parte dado el incremento del tráfico de personas con fines de explotación sexual, el crimen organizado y la presencia de armas de fuego en los países de América Latina y el Caribe.
Esta Agenda Regional de Género traerá nuevos desafíos para los Estados, principalmente para las autoridades que tienen, como principal deber, salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, y también para las organizaciones de la sociedad civil que deben apropiarse de la Belém do Pará, sobreponiéndose a los embates regresivos en derechos que impactan a la Región.
Este artículo apareció por primera vez aquí: cl.boell.org