A pesar del complejo contexto que vive la región, el Acuerdo de Escazú avanza de manera sólida y representa un motivo de esperanza para nuestros países en el contexto de las múltiples crisis que aquejan a la región. Su implementación es una oportunidad única para cimentar una verdadera gobernanza y democracia ambiental que posibilite la salud de la naturaleza y el bienestar de los pueblos en América Latina y el Caribe.
La segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, entre los días 19 y 21 de abril de 2023; contando con la participación de las delegaciones de los 15 Estados Parte, 8 países observadores y más de 300 personas acreditadas del público.
A pesar de que el proceso sigue impulsándose en cuanto a las ratificaciones y adhesiones, así como con la implementación de algunos de los Estados Parte, es notorio que los países de la región caminan por senderos desiguales y opuestos en muchos casos, resaltando al Caribe con 6 Estados Parte, Sudamérica con 6 y Mesoamérica con 3.
En este encuentro, fue notorio que existe un clamor generalizado y diversos llamados a fortalecer los espacios y mecanismos de involucramiento de la ciudadanía en los procesos nacionales y regionales, para sentar las bases de la puesta en marcha. Para eso, es indispensable reconocer la participación social y ciudadana como principal medio de implementación de este valioso acuerdo regional, asumiendo que ninguna medida será realmente exitosa sino se contempla y garantiza este compromiso en todas las etapas, ámbitos y niveles; del ciclo de las políticas públicas con respecto a su aplicación.
Esta COP que fue de carácter extraordinario. Tenía como única decisión programada la elección de las personas a integrar el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC), cuyo fin es promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo. La elección se concretó con la designación de 7 personas titulares y 3 suplentes. Quedaron entonces Guillermo Eduardo Acuña (de Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Nápoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).
Es de celebrar la elección del CAAC pues ahora cuenta con personas de reconocida trayectoria y compromiso con los derechos de acceso, lo que sin duda será de especial relevancia y trascendencia para la implementación de las disposiciones y principios establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Principales resultados de la COP2
La elección del CAAC es sin duda una buena noticia, considerando que pone de manifiesto el compromiso de las Partes, la Secretaria y el Público, por avanzar en la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú a 2 años de su entrada en vigor. Aunque se reconocen los esfuerzos por dar pasos sólidos en la puesta en marcha del Acuerdo, se hace notar la falta de presencia de más países en donde sus procesos nacionales aún no han culminado con la ratificación o adhesión, a pesar de la invitación de la CEPAL para participar en calidad de observadores en la COP2. Países como Guatemala, El Salvador u Honduras en Centroamérica o Perú y Paraguay en Sudamérica, han hecho caso omiso a la invitación y no enviaron delegaciones oficiales a participar del evento.
Las sesiones especiales realizadas en la COP2 mostraron los avances en el diseño de las hojas de ruta que algunos de los Estados Parte están elaborando con vías hacia la creación de sus Planes de Implementación Nacional, destacando a países como Argentina, Ecuador y México. Se dieron a conocer los pasos caminados a la fecha con respecto al Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre personas defensoras ambientales, entre los cuales se puede destacar la presentación del Informe del Primer Foro Anual realizado en la ciudad de Quito, Ecuador en noviembre de 2022. En este informen están plasmados los principales mensajes y reflexiones clave surgidas en las mesas de trabajo realizadas en el Foro y los cuales han sido tomados en cuenta para la elaboración de la propuesta de Índice Anotado del Plan de Acción Regional sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Algunas preocupaciones y próximos pasos de cara al futuro
Es motivo de especial preocupación la falta de más anuncios al Fondo de Contribuciones Voluntarias de los países que ya son Estados Parte. De momento sólo se cuenta con los aportes confirmados de México y Chile. Durante la COP2, fue evidente tanto por los análisis como por diversas presentaciones realizadas, que es urgente y necesario contar con recursos y financiamiento suficiente para poner en marcha los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú.
La experiencia del Convenio de Aarhus en Europa, que es el símil del Acuerdo de Escazú para dar cumplimiento al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la que ambos instrumentos emanan, nos muestra la importancia de asignar los recursos necesarios para dar respuestas intencionales y efectivas a los retos que implica la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo.
Ha sido importante conocer las iniciativas de países como México y Ecuador que impulsan esquemas de Cooperación Sur-Sur y Triangular con Alemania y Francia, para avanzar en su implementación nacional. Pero estos importantes esfuerzos se vuelven insuficientes para darle operatividad al Acuerdo y asegurar el funcionamiento de sus Órganos Subsidiarios, por lo que la asignación de presupuestos nacionales con recursos internos sigue siendo una responsabilidad esencial de los Estados Parte.
Se dieron anuncios importantes con mensajes relevantes de cara a los próximos eventos en el marco del Acuerdo de Escazú. Se presentó la apertura del proceso de consulta sobre la propuesta del Índice Anotado del Plan de Acción Regional para defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, el cual está abierto para la participación del público de toda la región desde el 21 de abril hasta el 21 de junio de 2023. Ese proceso ha sido ampliado recientemente hasta el 6 de julio de 2023. Aunque la modalidad de consulta es en línea por medio de la plataforma oficial de participación del público, se permite también el envío del documento con la encuesta al correo electrónico de la secretaria que coordina la CEPAL.
Hay preocupaciones reales por el uso de la plataforma como medio de comunicación con las y los ciudadanos, al considerar que esta modalidad resulta insuficiente para asegurar una participación amplia e inclusiva, debido a la profunda brecha digital en la que se ve inmersa la región y sub-regiones. Ante estas limitantes, se vuelve una necesidad establecer otras formas de vinculación y de involucramiento ciudadano de manera presencial a nivel nacional y regional, sobre todo con un llamado a los Estados a que impulsen al interior de sus países la Consulta Pública.
El Segundo Foro Anual de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que se realizará en Panamá en septiembre de 2023, representa una importante oportunidad para realizar la discusión de la propuesta de contenido del Plan de Acción Regional como resultado de la consulta pública, y que será aprobado en la próxima COP3 a celebrarse en abril de 2024.
Es clave señalar que dentro de algunos de los Estados Parte, como México y Argentina, se manifestaron mensajes de apoyo de cara a la importancia de trabajar en las agendas de las próximas COP, hacia la creación de un Plan de Acción Regional de Género. Este asunto resultó de especial interés de parte de las personas participantes de la COP2, teniendo en consideración el rol clave que asumen las mujeres en la promoción de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región y los impactos diferenciados que enfrentan en defensa del territorio por los megaproyectos y el modelo extractivo en sus diferentes formas y expresiones.
Las conclusiones y los retos.
Existe un consenso amplio y generalizado de parte de todos los actores y sectores, en el reconocimiento del contexto de la triple crisis que vive la región; los efectos acelerados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental, que son una realidad innegable. Sin embargo, es evidente que falta mayor sentido de urgencia y acciones contundentes para dar respuestas intencionales, efectivas y duraderas, con el agravante que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente, el agua y la tierra, esto según reportes de gran reconocimiento como el Análisis Global 2022 de Front Line Defenders o el Informe Anual 2022 de Global Witness: “Una década de resistencia”.
A pesar del complejo contexto que vive la región, el Acuerdo de Escazú avanza de manera sólida y representa un motivo de esperanza para nuestros países en el contexto de las múltiples crisis que aquejan a la región. Su implementación es una oportunidad única para cimentar una verdadera gobernanza y democracia ambiental que posibilite la salud de la naturaleza y el bienestar de los pueblos en América Latina y el Caribe.
La urgencia y necesidad de crear sociedades sustentables para la responsabilidad global es trascendental para la realización plena del derecho a vivir en un medio ambiente sano; todo con un desarrollo sustentable. Este es un asunto que implica de manera ineludible para los Estados y ciudadanas y ciudadanos en general, elevar el nivel de compromiso ético y de voluntad política con la protección del medio ambiente y de quienes lo defienden en primera línea, en la región más peligrosa del mundo para esa labor.
