Durante meses, las víctimas de la guerra han pedido al presidente Nayib Bukele que ordene a la Fuerza Armada abrir sus archivos militares. Ahora un juez le ordena que abra los archivos de la guerra sobre El Mozote y otros operativos militares de inicios de los ochenta. La orden, vinculante, obligó a Bukele a definir una postura. El 1 de noviembre, el mandatario se comprometió con abrir los archivos "de la A a la Z".
El juez que tramita el caso de la masacre de El Mozote ha decidido poner a prueba la voluntad del presidente Nayib Bukele de colaborar con la justicia en casos de la guerra civil y le ha requerido que entregue los documentos militares relativos al caso, en el que se juzga al Alto Mando que comandaba la Fuerza Armada en 1981.
Los requerimientos están en un escrito emitido el 24 de octubre de 2019 por Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera. El juez pidió “copia certificada del documento ‘Plan de la Campaña Militar 1980-1992, en defensa de la libertad y la democracia’, y el ‘documento del plan de la ‘Operación Rescate’, realizada en el departamento de Morazán, en el mes de diciembre de 1981’.
El juez también ha requerido archivos de las unidades militares, “de todo el país”, en los que “se resguarden documentos correspondientes a planes militares de campaña o planes militares de operaciones especiales realizados durante el período de 1980 a 1982”.
La orden de un juez al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada es vinculante. El artículo 172 de la Constitución establece que el Órgano Judicial tiene la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La orden de entregar los archivos o abrir las instalaciones es una obligación para Bukele, que tendrá que pronunciarse sobre la apertura de los archivos de la Fuera Armada. En los últimos cinco meses, las víctimas de la guerra, y también las víctimas de El Mozote, le han pedido que ordene el acceso a estos archivos, pero hasta la fecha el mandatario ha guardado silencio sobre este punto.
Bukele, que ha enarbolado la bandera de la memoria y la lucha contra la impunidad en su Gobierno, y que como primer gesto ordenó el retiro del nombre “Coronel Domingo Monterrosa” (señalado como el comandante que lideró las masacres) de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, ahora está emplazado.
A partir de la notificación del escrito, el presidente tiene 15 días hábiles para responder. La petición del juez obliga al mandatario a definir una postura respecto a los archivos militares relativos a la guerra civil que custodia la Fuerza Armada.
En su escrito, el juez Guzmán incluso retoma un tuit de la cuenta oficial de Bukele en Twitter para argumentar el cambio de postura que ve respecto al gobierno anterior. Es un tuit del 14 de mayo, en el que Bukele denunciaba el intento de los diputados de aprobar una nueva amnistía.
“Las leyes de amnistía van en contra del orden jurídico internacional, de la dignidad de las víctimas. Las revictimizan. Son leyes de impunidad. Buscan proteger a sus perpetradores y sus cómplices. Los que la aprueben se convertirán en transgresores”, escribió el presidente.
Según el juez Guzmán, esa declaración “es una fuerte presunción de que el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, está en toda la disposición de colaborar con la investigación y juzgamiento de estos hechos como la masacre de El Mozote”.
En su declaración, el juez también citó la orden de Bukele de quitar el nombre del coronel Monterrosa de la Tercera Brigada como una prueba de lo que considera “un cambio de actitud” de parte del nuevo gobierno.
“Lo anterior es una fuerte presunción de que el señor Presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada está en toda la disponibilidad de colaborar con la investigación y juzgamiento de estos hechos conocidos como masacre de El Mozote y lugares aledaños, y de los demás hechos violatorios de derecho humanos acaecidos en el conflicto armado”, se lee en el escrito.
La Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han certificado que en las primeras semanas de diciembre de 1981, el Ejército llevó a cabo un operativo militar en el norte de Morazán que devino en una las peores masacres contra civiles, más de la mitad menores de edad. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 2016, el caso de El Mozote fue reabierto en el sistema judicial salvadoreño.
Desde 1992, las administraciones presidenciales posteriores a la firma de la paz, incluidas las últimas dos del izquierdista partido FMLN, han respaldado el argumento del Ejército de que los archivos de la guerra o la información sobre los operativos que culminaron en violaciones a derechos humanos no existen. El juez, en su petición, desestima esta versión.
Vea en este link la Resolucion 24 10 2019
Instrucciones para buscar los archivos de la guerra
Además de los documentos, el juez dio instrucciones específicas al presidente sobre búsqueda de archivos. Le pidió que “informe si en el archivo documental del Archivo General de la Nación, identificado bajo el código A 106.1, localizado físicamente en el Despacho del Director de esa dependencia, se encuentran documentos de expurgo relacionados a documentos militares que datan de los años de 1981 y 1982”, dice otra de las peticiones.
Adicionalmente, el juez requiere a Bukele que “informe si en otros archivos de las diferentes unidades militares de la Fuerza Armada de El Salvador, de todo el país, se resguardan documentos correspondientes a planes militares de campaña o planes militares de operaciones especiales realizados durante el periodo de 1980 a 1982”.
De hecho, el juez Guzmán sube la apuesta. Dice al presidente que si no encuentra los documentos específicos solicitados “autorice el ingreso de personal de este Juzgado y de especialistas en búsqueda, identificación y análisis de documentos, al Archivo General de la Fuerza Armada, al Archivo General de la Nación y al archivo documental del Archivo General de la Nación” para comprobar si hay documentos sobre planes militares en el periodo de la masacre.
Al pedir que se autorice el ingreso personal civil a instalaciones militares, el juez Guzmán desafía precedentes de hace pocos años. En mayo de 2014, la Fuerza Armada impidió que fiscales ingresaran a instalaciones militares a incautar archivos, en una pesquisa sobre tráfico de armas. En aquella ocasión, los fiscales también tenían autorización judicial para acceder a las instalaciones y secuestrar los archivos.
En su escrito, el juez Guzmán asegura que “este tribunal ha percibido la falta de colaboración en proporcionar la totalidad de la información que obra en los Archivos General de la Nación y Archivo General de la Fuerza Armada”, sobre la operación Rescate. Tres años antes, el 24 de octubre de 2016, en el primer informe entregado por las autoridades, durante la presidencia de Sánchez Cerén, la respuesta fue que no existía documentación.
El tribunal pidió a la Presidencia la nómina de oficiales, clases y soldados que integraban el Batallón Atlacatl. En esa misma fecha de 2016, como respuesta se obtuvo la nómina de oficiales. Según el informe de la Presidencia, no se encontró información del “personal que haya participado en operativos militares.en el municipio de Meanguera, ya que no existen registros de operativos de esa época y en ese lugar”.
Un año más tarde, el 13 de noviembre de 2017, el tribunal obtuvo una respuesta de militares que estaban de alta en el Atlacatl. Vino del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). El listado incluye a militares que estuvieron en el Batallón entre enero de 1981 y diciembre de 1984. Eran más de mil nombres.
En febrero de este año, el tribunal entregó una lista más depurada, de unos 480 soldados, a la Fiscalía. Esta nueva versión contenía información de contacto como dirección y número de teléfono. El juez Guzmán les pidió a los fiscales que los entrevistaran para saber si los agregarían al proceso como acusados o como testigos.
La entrega de la información de parte del IPSFA comprobó que el gobierno no había hecho todo lo posible por responder al juez. El juez Guzmán de hecho señala la falta de colaboración ya que en ocasiones negó peticiones de información porque las solicitudes no usaban los términos militares correctos.
El 1 de noviembre, consultado en conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele dijo a El Faro que su gobierno abrirá los archivos del Ejército "hasta la Z" en respuesta al requerimiento del juez de El Mozote. El mandatario alegó que no había recibido ni leído la solicitud, pero aseguró que su Gobierno está comprometido porque se sepa la verdad "en todo su espectro".
