La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presenta su Informe final de labores: El legado de Justicia en Guatemala. en el cual se detalla la actuación de la CICIG desde sus orígenes en el año 2007 hasta la finalización de sus funciones en el año 2019.
A través del reporte se repasa el diseño, mandato y modelo organizativo que realizó la Comisión en Guatemala y su trabajo junto al Ministerio Público. A su vez se realiza una descripción de los procesos adelantados, con el objetivo de erradicar a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como a las redes político económico ilícitas que buscan cooptar las instituciones públicas a su favor.
El documento repasa los principales casos vinculados a las líneas de investigación planteadas durante el trabajo de los tres comisionados, así como también las estrategias de litigio seguidas en tribunales. Además, se repasan las herramientas de fortalecimiento institucional que el trabajo conjunto entre la CICIG y las instituciones del Estado, principalmente el MP, el Organismo Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, la IVE, en materia de lucha contra la criminalidad organizada.
El informe describe las acciones emprendidas por la Comisión en el diseño de propuestas de reformas legales y recomendaciones de políticas públicas que permitan combatir la impunidad y prevenir la reaparición de los CIACS en Guatemala. Se especifica el trabajo en conjunto con la sociedad civil y los medios de comunicación como un pilar fundamental del trabajo de la CICIG.
Al concluir se plantea una ruta crítica de sostenibilidad para la continuación de la misión del combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala.
A continuación algunos números del trabajo conjunto entre el MP y la CICIG
Visualizando la calidad, cantidad e impacto de los casos desde 2008 al 18 de julio de 2019, han sido sindicadas más de 1540 personas en los casos MP-CICIG. Como resultado de las investigaciones conjuntas, a julio de 2019, más de 660 personas están procesadas de las cuales aproximadamente el 70% goza de medidas sustitutivas.
Lo anterior significa que la gran mayoría de los sindicados enfrentan sus procesos en libertad respetando los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con los estándares internacionales, siempre que esto no implique una obstaculización a la investigación o un riesgo de fuga, como señala el ordenamiento guatemalteco.
El MP y la Comisión investigaron e identificaron más de 70 estructuras criminales de alta complejidad.Más de 120 casos de alto impacto fueron judicializados y cerca de 100 solicitudes de antejuicio recibieron la colaboración de la CICIG.
En estos casos están implicados sujetos con gran potencial de daño social vinculados a estructuras criminales complejas con importante poder económico, político, mediático o su combinación. Algunos de ellos son expresidentes, una exvicepresidenta, exministros, diputados, altos funcionarios de Estado, narcotraficantes, empresarios o alcaldes. A la fecha, se cuenta con más de 400 condenas.
Se ha estimado que la tasa de eficiencia del trabajo conjunto entre la FECI-CICIG, obtenida entre la presentación de imputaciones y la emisión de sentencias condenatorias, se acerca al 85%, lo cual supera ampliamente el promedio general de otras fiscalías nacionales.
Otro indicio de efectividad es el número de procedimientos abreviados, el cual evidencia la solidez de una investigación, así como la eficiencia en el litigio estratégico. Ello porque en cuanto más elevados están estos factores, más posibilidad existe que los sindicados soliciten la aplicación del procedimiento abreviado.
Principalmente se destaca que en los últimos 3 años las solicitudes de procedimientos abreviados por parte de los sindicados, quienes reconocen y aceptan su responsabilidad en los hechos reprochados, se han incrementado significativamente para alcanzar más de 70 procedimientos.
Sostenibilidad y ruta crítica
Está demostrado que la consolidación de la democracia en Guatemala pasa necesariamente por continuar y sostener el proceso continuo de fortalecimiento de la justicia, luchar contra los focos de corrupción corporativa y la generación de impunidad, y garantizar la debida protección contra los abusos de poder.
Los casos han evidenciado que la forma corrupta de hacer política no distingue entre ideologías, partidos y líderes políticos, siendo aquellos partes de un mismo mapa de expoliación de los recursos públicos y cooptación de las instituciones públicas de manera alternada en función de los resultados electorales. Es por ello que se ha visto cómo los mismos personajes financian indistintamente a los liderazgos políticos y cómo estos pasan de un partido a otro en función exclusivamente de su sobrevivencia política.
Los casos también han expuesto que grandes fortunas y empresas nacionales han construido su emporio sobre monopolios, sin prácticas reales de competencia de mercado, pudiendo contar con protección regulatoria, impositiva y política por sus relaciones, incluyendo el financiamiento electoral oculto, con los políticos de turno, meros instrumentos temporales del poder.
Después de los logros alcanzados a lo largo de 12 años de presencia y acompañamiento de CICIG en Guatemala, el país no puede retroceder en los avances realizados, aunque lastimosamente se han visto ya algunas señales de regresión desde 2017.
La institucionalidad del país, con el apoyo decidido de la ciudadanía, los medios de comunicación, la academia y las organizaciones sociales, y con el acompañamiento de la comunidad internacional, debe continuar dando saltos cualitativos en las capacidades de investigación penal estratégica de redes ilícitas complejas, de las cuales muy pocas habían sido perseguidas judicialmente y solamente bajo motivaciones político-coyunturales. El trabajo del MP y la CICIG trajeron al suelo la percepción de “intocables” y esto debería constituir un punto de no retorno.
Se deben institucionalizar y sostener los cambios realizados en el sistema de administración de justicia penal, y profundizar las reformas legales e institucionales -incluyendo retomar el objetivo de reformas constitucionales- para que la impunidad, en tanto fenómeno estructural, comience a disminuir.
