“Esta alianza política económica militar quiere garantizarse impunidad”

Estos síntomas de auto golpe de Estado, de atentado directo contra la institucionalidad del país, y un daño grave intencional a la lucha contra la corrupción en Guatemala, son síntomas de una región que agoniza ante grupos de poder que capturan los Estados para su propio beneficio. Ante este contexto, Helen Mack, como defensora incansable de los derechos humanos en Guatemala,  analiza los verdaderos orígenes de esta crisis democrática.

HM: Yo creo que lo que hay que considerar es que nuestros países estuvieron saliendo de un conflicto armado y que se firmó la paz a finales de siglo, y como todo, es un proceso. Estos grupos que estuvieron durante la guerra, especialmente aquellos que son de inteligencia, estuvieron mucho tiempo en lugares estratégicos que luego se fueron transformando, y en redes que se convirtieron en corrupción. Pero, siempre hubo una alianza política desde la contrarrevolución, entre militares, políticos y económicos; de donde obviamente se aprovecharon de los negocios del Estado. 

Pero, diría que a partir del año 2000, con el gobierno que rechazó los acuerdos de paz y botó la agenda de la paz, empezó seriamente a cooptarse las instituciones del Estado, garantizar su impunidad, poder controlar los negocios, ya todo esto volcado en temas de corrupción, pero siempre utilizando ideas y conceptos ideológicos. Si bien es cierto, en el caso de El Salvador, los acuerdos de paz fueron más pragmáticos, se logró cierta depuración que no logramos nosotros en el caso de Guatemala. En Guatemala lo que teníamos era una agenda de país que servía como punto de partida para resolver los problemas estructurales. Pero, al botar la agenda de los Acuerdos de Paz… al darle prioridad al tema de los negocios, ahí si ya comenzó a verse el tema del crimen organizado. Estos grupos empezaron a cooptar no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, sino que también el sector justicia. A raíz de eso fue que las organizaciones de Derechos Humanos empezamos a pensar en un instrumento que realmente sirviera para fortalecer las instituciones del sector justicia, que es la que debería poner un alto a los abusos que puedan cometer tanto el Ejecutivo como el Legislativo. 

La CICIG ha jugado un rol fundamental en la sociedad guatemalteca y regional en la lucha contra la corrupción y la impunidad, no solamente revelando actores involucrados sino también su modus operandi a través de instituciones del Estado. Una práctica enraizada en los suelos de una de las regiones más violentas y desiguales del mundo.

HM: Los primeros años que estuvo el primer comisionado de la CICIG Carlos Castresana, se empezaron a poner las bases para poder hacer investigaciones y tomar juicios, en la desarticulación de los cuerpos ilegales clandestinos; la idea en esa transformación era esa desarticulación que antes eran los Escuadrones de la Muerte… pero las estructuras quedaron intactas. Como dijimos, cuando ya empezó un comisionado a investigar, por ejemplo, el caso de “La Línea” sobre defraudación en aduanas, se empezó a investigar y a profundizar de manera que esa cooptación o eso casos de gran corrupción que se habla llegó hasta la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina. También se tocaron grupos de poder como fueron el sector económico, donde también ahí se veían todos estos contratos, y como se apoyaba a un candidato para favorecer contratos con las empresas de construcción fundamentalmente, o mantener ciertos privilegios en el área económica. Y para los diputados, tenía que ver con la inversión de obra pública y de otra clase de contratos de servicios, tenían que ver con el listado geográfico de obras; entonces, teníamos muchas obras de infraestructura que se comenzaban pero que no se terminaban.

El martes 28 de agosto de 2018, aprovechando un viaje del Comisionado de la CICIG Iván Velásqueza Washington DC, el Ejecutivo guatemalteco lo declaró una amenaza para la seguridad y la estabilidad del país, prohibió su regreso a Guatemalay le exigió a Antonio Guterres, Secretario general de la ONU,que lo sustituyera. Morales ya había intentado declarar como non grato a Velásquez en 2017, sin éxito. Guterres duda de la legalidad de la decisión tomada el 31 de agosto, y responde que el Velásquez seguirá liderando las investigaciones en el extranjero. Decisiones como la que ha tomado Morales, siempre tienen consecuencias contra las garantías constitucionales de la población, incluyendo un proceso de empobrecimiento a causa de la corrupción. 

HM: Cuando la CICIG comienza una investigación a partir de unas denuncias y a profundizar, se va viendo esa gran corrupción que es lo que origina la crisis que estamos viviendo actualmente porque nadie quiere enfrentar la justicia. Lo que quieren es garantizarse impunidad y mantener ese status quo de esa clase política o de esta alianza política económico militar en la que se han unido. Entonces, ellos están en el poder y hay toda una sociedad civil y todo un pueblo de Guatemala que no los quiere, pero que no tenemos el poder político para combatir la corrupción. Eso dificulta que realmente quienes están en el Congreso de la República no estén legislando a su favor y garantizándose su impunidad; se van cubriendo, como cuando el Congreso avala al presidente, como cuando eligen una Corte que les garantiza la impunidad, y eso se concretiza en la ingobernabilidad que estamos teniendo. Pero, lo más crítico es que ante los pocos recursos que tiene el Estado y que se gastan en corrupción vinculada al lavado de dinero y crimen organizado, la población es la que ha ido perdiendo, de tal manera que la brecha de pobreza y de inequidad, en lugar de cerrarse, que era lo que pretendían los Acuerdos de Paz, se ha abierto mucho más. Ahora tenemos más desnutrición, más mortandad infantil, más analfabetismo y hemos posiblemente superado negativamente los indicadores de Haití que era la referencia última de los países de la región. Ni siquiera El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tienen indicadores que tiene Guatemala en esa gran inequidad que padecemos. Esto es lo que ha generado toda esta ingobernabilidad. 

Jimmy Morales, como principal figura del Ejecutivo en Guatemala ha mostrado por tanto una total falta de aceptación a la CICIG y especialmente al Comisionado Iván Velásquez, principalmente porque su hijo y su hermano son acusados por corrupción por el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG, y porque hay fuertes indicios de que su campaña electoral recibió fondos de manera fraudulenta. Las prácticas a favor de la impunidad se hacen latentes cuando Morales toma este tipo de decisiones que atentan contra el Estado de Derecho.

HM: Jimmy Morales y su partido nunca pretendían o nunca creyeron que iban a llegar al poder, pero ahora se ha visto que con el apoyo de un sector privado, trabaron todas las condiciones para que él quedara. Los fundadores y el partido político de Jimmy Morales son ex militares especialmente contrainsurgentes… o sea, siguen con las mismas prácticas de los años 80’s y de la época del conflicto armado, y Jimmy Morales, sin ninguna experiencia en lo público y siendo una persona… no tiene nada que ver el que sea payaso o comediante, pero no tiene ni siquiera esa formación política, a pesar de que pasó por la Universidad; se ha dejado cooptar por todos estos asesores que han vivido de la impunidad y el punto clave fue cuando en un primer momento se descubrió que su familia, especialmente su hijo y su hermano, estaban involucrados en casos de corrupción; además, cuando se empezó a ver el tema de financiamiento electoral ilícito, él ya salió involucrado directamente. El sector privado, los empresarios que fueron sindicados de este financiamiento electoral ilícito, admiten haberle dado fondos a Morales; el Tribunal Supremo Electoral le pidió también rendición de cuentas de todo el financiamiento y no pudieron demostrar el financiamiento ni de dónde venía, y es ahí cuando decide declararle la guerra a Iván Velásquez, el año pasado, declarándolo non grato. A pesar de que se impusieron varios recursos legales para revertir esta decisión, se logró revertir pero durante un año el Presidente ha gastado todos sus esfuerzos y todos los recursos del Estado solamente para ver como saca al Comisionado Velásquez de manera que ahora le quita la visa y dice que él se convierte en un riesgo de seguridad pública; y eso es “chistoso” porque siendo la principal misión del Comisionado investigar la corrupción y que se haga justicia a través del sistema, pues no sé cuál es el objeto de que él se convierte en un problema de seguridad nacional. 

Ante este escenario, es notoria la participación activa del Ejército y la Policía guatemalteca con operativos “preventivos” ante posibles marchas de protesta, intentando generar un ambiente de miedo también característico de décadas pasadas. Sin embargo, en esta misma semana ya se produjeron las primeras protestas masivas en el interior y en la capital de Guatemala organizadas por campesinos y campesinas y entidades como la Universidad de San Carlos USAC, como apoyo a la CICIG y como rechazo al proyecto de ley de antejuicio: Esta propuesta contempla eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia para que sea el Órgano Legislativo el que conozca los procesos de antejuicio y, de no lograrse los votos para declararlo con o sin lugar, el expediente sería archivado y no podría retomarse. Las protestas han obligado a suspender esa moción, y se esperan más. Sin temor a dudas, estas medidas políticas en el Congreso exhiben otro atentado al establecimiento de acciones contra la impunidad, que refleja también un discurso de parte del gobierno contra personas defensoras de derechos humanos.

HM: Durante este año se empezaron a trabajar todas las condiciones políticas de estar señalando aquellos líderes sociales que han estado inmersos en una lucha contra la corrupción y la impunidad, apoyando a la CICIG, diciendo como discurso público de que somos unos “terroristas”, que estamos llevando a la “nicaragüización” o “venezolanización” a Guatemala, tratando de restar la credibilidad de estos líderes sociales; y en el interior incluso muchos han sido asesinados. Estas actitudes autoritarias están llevando a un despliegue militar metiendo miedo a la población, de manera que las protestas sociales han disminuido; aparte de que el sector privado también ha hecho mucha campaña para ir desorientando y confundiendo a la clase media que fue la que participó en la plaza para también introducir dudas y que ya no sigan apoyando las manifestaciones en dicha plaza. Pero, para nosotros, el tema es que si bien es cierto la plaza fue o es una expresión, la responsabilidad no la tenemos solo los ciudadanos; hay también una responsabilidad que tienen que cumplir estos funcionarios que fueron electos. Ellos no tienen el poder absoluto, que es lo que hemos estado argumentando, y creemos que tampoco es justo que la caída de un presidente o las legislaciones que se están aprobando dependan de la plaza, porque eso es también desviar la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos.    

Ante los posibles actos protocolarios de celebraciones gubernamentales de la independencia de España en Guatemala, la historia de estos grupos de poder seriamente cuestionados vuelve a repetir también parte de sus actos contra la democracia. La inconstitucionalidad de las acciones de Morales y sus apoyos puede desencadenar y promover la fragilidad institucional que permite la captura del Estado.

HM: La Corte de Constitucionalidad desde que se creó con la Constitución después del primer gobierno civil, siempre es la que ha jugado el papel de tener esos abusos; y eso sucedió, por ejemplo, con el auto golpe que quiso dar Serrano Elías en el año 1993, fue la Corte de Constitucionalidad la que paró el golpe. Y así es que esta Corte lo que ha hecho es realmente garantizar que la Constitución se cumpla; y como ahora ha estado resolviendo en contra de grupos afines a la corrupción, por las ilegalidades que se han estado cometiendo, entonces hay todo un guión de lo que nosotros llamamos “El Pacto de Corruptos” en contra de la Corte, de manera que ahora quieran desaforarla, porque no está resolviendo de acuerdo a sus propios intereses. Dentro de esos escenarios que mencionamos antes, no solamente tenemos un golpe, que realmente es un “golpe técnico” el que están tratando de hacer, y lo que vendría es más ingobernabilidad. La destrucción de la Institucionalidad es grave: la podés destruir en 6 meses como ha hecho el Ministro de Gobernación Enrique Degenhart con la Policía, y volverla a construir va a ser muy difícil. Entonces, ahí es donde ya ellos nos quieren encaminar hacia una dictadura.