La democracia salvadoreña y la consagración de la alternancia

Bajo los efectos narcóticos de una campaña mediática ilegal adelantada –y disfrazada como “interna”- en la elección de candidato presidencial de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y con el desgaste físico de una comisión política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que ha corrido su propia maratón en el ejecutivo por 8 años sin más remedio que apostarle a la “gobernabilidad” negociada, los dos partidos políticos más grandes de El Salvador expresan que la alternancia basada en el bipartidismo es posible en una sociedad polarizada, pero también y aún con visos de hartazgo partidario. Los resultados indican, después de un 100% de actas procesadas, que ARENA obtuvo 823,197 votos, mientras que su contendiente más fuerte el FMLN -475,265 votos en lo que la Asamblea Legislativa se refiere. Respecto a los resultados por alcaldías, ARENA tendrá más de 135 Alcaldías -superior a las 119 actuales-, lo que constituirá más del 50% del total de alcaldías del país. Sin embargo, este no es un escenario desconocido para el FMLN.

El FMLN como partido político tiene un historial relacionado directamente con la democracia establecida post Acuerdos de Paz en El Salvador a partir de 1992, y después de más de una década de guerra civil. En 1994, con resultados parecidos al 2018, y enfrentando a la gran maquinaria electoral de ARENA, obtuvo 21 diputaciones. ARENA logró 39, aún bajo la participación del tercer partido del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 18, y un raquítico resultado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), ahora Concertación, con 4 diputaciones, ideales aún para negociar mayoría simple. Alcanzar la mayoría simple en votaciones legislativas con ARENA, o el partido dominante, es una tendencia que se ha mantenido en el país con el apoyo de un tercer partido flaco pero atlético ganador en carreras de largo alcance, y cuyo afán negociador independientemente de su nombre como partido se ha mantenido a pesar de las claras oportunidades de morir bajo la ausencia de votos, más no de residuos.      El FMLN, por tanto, comenzó su andadura electoral sabiendo que iban a pasar varios intentos para llegar al poder ejecutivo y legislativo, y logró pasos francos para hacerlo: en 1997, ARENA tuvo 28 diputaciones, y el FMLN 27; en 2000, ARENA 29, FMLN 31. Mientras tanto, el poder ejecutivo permaneció intocable bajo las derrotas electorales del FMLN de Rubén Zamora, Facundo Guardado, y el líder partidista por antonomasia Schafik Hándal. El FMLN sabe perder, pero también supo ganar apostándole al “todo o nada”, y no fue hasta 2009 que, sin Hándal, logró el poder ejecutivo con un “foráneo” Mauricio Funes, que rodeado de amigos patrocinadores y un aura sin aparentes manchas político partidarias, comenzó el periodo de alternancia en El Salvador. Un periodo de alternancia basado en ese momento en el debilitamiento de ARENA por sus constantes atracones bajo la figura de la corrupción, el clientelismo y la falta de credibilidad que generan los excesos y abusos cuando se toma al Estado como fuente de beneplácito personal, familiar y partidario.

La alternancia es la perfecta expresión bipartidista, y en estas elecciones de 2018, se confirma que el debilitamiento de un partido gigante fortalece al otro por consecuencia, mientras los terceros y cuartos lugares aprovechan de los excedentes electorales que les permiten su propia subsistencia. La democracia no podría estar más que cuestionada bajo un esquema de poderes inamovibles, que dan una sensación falsa de esperanza en la población acostumbrada e indigestada por los mismos rostros, slogans y mensajes vacíos.

Justamente la campaña política de la elección en 2018 se caracterizó por plantear a la población indecisa, tomando en cuenta las militancias y votos duros de cada partido, que la ausencia de ofertas electorales concretas y directas para intentar resolver problemas fundamentales de nación es todavía un camino viable para lograr el poder representativo. Dichos problemas, como la inseguridad y la violencia, una economía siempre al borde del abismo, una crisis fiscal siempre esperando a la puerta, un sistema público educativo y de salud deficientes, han sido siempre banderas de lucha para la consecución del voto, generando entre otras consecuencias y con toda certeza el fenómeno de la migración forzada y el establecimiento de estructuras ilícitas y lícitas en amplias “zonas grises”, donde la democracia se nota vulnerable, ciertamente. Un país acostumbrado a las promesas, vota siempre bajo la garantía del cumplimiento mínimo.

Estas elecciones, a pesar de la derrota contundente del FMLN, no significa un empoderamiento de ARENA bajo su propio mensaje triunfalista: Sería un error fundamental de parte de ambos partidos, asumir que unos perdieron por deficientes y otros ganaron por promisorios. La gobernabilidad del país ha sido violentada constantemente por los bloqueos de la oposición en turno en la Asamblea Legislativa, ante necesidades reales como la Ley de Agua, de Soberanía Alimentaria, y la demanda de enfrentar a los grupos criminales sin abuso de poder. El país se ha vuelto un campo fertilizado por crímenes extrajudiciales, bajo la complacencia de sectores poblacionales abatidos por la criminalidad, y es una bomba de tiempo que en tiempos electorales también juega como carta bajo la manga. Sería también un error gravísimo evitar en el análisis el verdadero poder territorial, donde familiares y asociados a los grupos criminales pandilleriles, también votan y pueden favorecer a sus elegidos o aliados bajo esquema de negociación. Negociación que ha sido la aceptación de la debilidad de nuestra contemporaneidad, pues ambos partidos grandes han experimentado la necesidad de negociar con el poder real territorial, con éxitos relativos o cuestionados, especialmente a la hora de las elecciones.

De este modo, más que un voto de castigo al FMLN por sus carencias y confirmando una cantidad de votos promedio de ARENA, estos resultados también constituyen las puertas hacia dos grandes fenómenos de posible retroceso democrático –representativo y participativo-: Por un lado, una Asamblea Legislativa dominada por la derecha (posible bloque ARENA, PCN… y quizás incluso con la Gran Alianza por la Unidad Nacional y otrora brazo fuerte de ARENA, GANA), representa la paralización en al menos la visibilización y discusión de temas básicos de respeto a derechos humanos, como las mismas medidas represivas contra la población especialmente joven, y otras instancias fundamentales como el derecho a la salud y protección de las mujeres, el respeto a la diversidad sexual, y el propio cuido del medioambiente. Por otro lado, también la elección como función de la Asamblea Legislativa de magistraturas de la Sala de lo Constitucional, la entidad con más poder dentro del Estado de derecho actualmente, la futura elección en 2019 del Fiscal General de la República –única instancia en lucha directa contra casos de corrupción, apoyada en buena medida por Estados Unidos-, la elección de Procurador/a para la Defensa de los Derechos Humanos, de los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral (cuya actuación se ha visto cuestionada por fallas de conteo de votos en 2015 y supuestas afiliaciones partidarias de sus representantes en diversos momentos) y magistraturas en la Corte de Cuentas de la República… podrían complementar perfectamente este regreso al poder, incluyendo el poder ejecutivo en las elecciones de 2019, de la derecha fundamentalista del país, y cuyo pasado aún le persigue por impunidad y por la incapacidad de resolver problemas de ayer que siguen siendo actuales. Un poder ejecutivo por demás simbólico, pues las decisiones de país se ejecutan más allá de la silla presidencial.

El panorama, por demás difícil para instancias que luchan por la verdadera democracia participativa en el país, se ve complicado además por un porcentaje de voto nulo total significativo. Con 178,538 mil votos nulos y 47,822 abstenciones en esta elección, generados entre otros elementos por el hartazgo hacia el sistema político partidario tradicional, se establece también una posible solución de rechazo al sistema partidista que irónicamente solo fortalece a los grupos de derecha, conformados por votos duros militantes que abogan por la defensa del voto. Dicho esto, el remedio es aparentemente peor que la enfermedad, pues la participación en el proceso interno de los partidos podría mejorarlos o fortalecerlos dentro de la utopía partidaria, o la creación de alternativas innovadoras aún es un terreno inexplorado y de poca confianza en la población adulta, resultan opciones más allá de las maquinarias electorales de los grandes partidos. El sector juventud tiene el más difícil de los retos: incrementar la fuerza del conservadurismo por inacción expresando su rechazo y esperando un cambio “espontáneo” en los partidos, asumiéndolos reflexivos, o crear opciones diferentes y que capten las insatisfacciones de la sociedad en general bajo una perspectiva de cambio integral en los problemas de país.

A manera de conclusión, los resultados electorales en 2018 reflejan la desconfianza de la población en los partidos políticos, sin excepción. FMLN baja estrepitosamente su representatividad, ARENA la sube consecuentemente con un caudal de votos promedio. El partido ganador, habrá recolectado las ganancias de un universo electoral desinteresado, frustrado y desconfiado por falta de resultados esperados. Ávido de una tercera vía, la mayoría de la población votante ha abierto una caja de pandora donde el retorno de la derecha, como en varios países de Latinoamérica, fomentará una reconversión del Estado bajo las mismas reglas de antaño reciente que provocaron su misma caída. Esto, con un FMLN sin hasta ahora intentos categóricos de reflexión y auto crítica interna, y una sociedad sin propuestas civiles alternativas fuertes con posibilidades reales de victoria bajo el sistema partidario, provocarán una lucha institucional donde se debatirá nuevamente la urgencia de un plan de nación, aún fraccionado por intereses propios. La reforma política, inclusión y participación democrática en los partidos, una economía renovada y sostenible, fiscalidad restablecida, política de seguridad como principal desafío, y la garantía de derechos constitucionales humanos, seguirán siendo las principales deudas de la democracia actual, sea cual sea el partido político beneficiado en la zona de promesas.