Las elecciones próximas están marcadas por un profundo descontento de la población salvadoreña con los partidos políticos. Sin duda, El Salvador acude nuevamente a posibles transformaciones de su enfoque de políticas públicas, donde la doctrina liberal puede imponerse sobre la social, dependiendo de las correlaciones que se logren, y poniendo en riesgo los mínimos avances sociales logrados en años anteriores.
El 4 de marzo de 2018 los y las salvadoreñas elegirán a 84 diputados/as de la Asamblea Legislativa y a 262 jefes/as edilicios/as en todo el territorio nacional. Si bien ambas elecciones son importantes, este estudio se circunscribe a la elección legislativa por dos razones primordiales.
En primer lugar, la conformación de la nueva Asamblea Legislativa (2018-2021) es clave, pues tendrá entre sus funciones las elecciones de segundo grado en las que designarán a los titulares de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como del presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y de la Corte Suprema de Justicia.
En segundo lugar, estas elecciones se celebrarán un año antes de la elección del próximo jefe/a de Estado (2019-2024), que se desarrollará en un escenario de inconformidad ciudadana y, según prevén las encuestas, estará signada por el abstencionismo.
Para prefigurar los escenarios en los que la Asamblea Legislativa desarrollará su papel, el estudio sigue dos líneas de análisis: el de las funciones más importantes de las legislaturas, es decir legislación per se, representación y control; el de las ofertas legislativas que los partidos han presentado en sus plataformas.
Funciones del Órgano Legislativo
La función de legislar va más allá del plano jurídico, e involucra a diversos actores además de los legisladores, dentro de ese marco institucional creado por el Estado.
Un fenómeno interesante a destacar es el rol activo o reactivo que las legislaturas tienen en cuanto a propuestas que se originan desde otros actores que tienen iniciativa de Ley, tal es el caso del Órgano Ejecutivo, pues los esfuerzos se orientan ya sea a crear legislación desde propuestas propias de la legislatura o a impedir o coadyuvar en la aprobación de iniciativas de ley presentadas por otros actores. En el caso de El Salvador, la función de legislar tiene una alta carga reactiva frente a las propuestas realizadas por el Ejecutivo, desnivelando así el peso de las ofertas legislativas realizadas durante los períodos de campaña y dando mayor énfasis al proceso de respuesta de las propuestas remitidas desde el Órgano Ejecutivo.
Por ello, la Asamblea Legislativa se convierte, entonces, en un espacio de decisiones políticas y transacciones de intereses (Alcántara, 2005), donde es fundamental comprender que los grupos parlamentarios legislan de acuerdo con los intereses que representan y que no son necesariamente los mismos de la población en general.
La función de control es una de las determinantes en el tipo de sistema presidencialista y establece los pesos y contrapesos necesarios para que el Ejecutivo se no extralimite en su misión. Un ejemplo de esta práctica se da cuando se vota por el presupuesto general de la Estado o el financiamiento internacional (créditos, venta de bonos, entre otros), donde el Órgano Legislativo tiene la potestad de modificar o incluso retrasar la aprobación del mismo.
La función de representación se establece de manera recíproca entre los electores y el funcionario electo, de modo tal que este último representa los intereses de aquellos, quienes le otorgan este estatus mediante la confianza depositada en el voto. Cuando el electorado pierde esa confianza se puede dar el fenómeno del “voto de castigo”, donde se busca elegir otras opciones, quitando el ejercicio de representación otorgado.
Propuestas legislativas y principales problemas de la población
De acuerdo con diferentes encuestas realizadas a nivel nacional, los problemas más sentidos en El Salvador son la inseguridad, la violencia y el desempleo. A este respecto, las ofertas legislativas enuncian estas temáticas; sin embargo, sus enfoques redundan en prácticas que utilizan perspectivas alejadas de un tratamiento integral y sistémico.
Ejemplo claro de esto se encuentra en el fenómeno de la inseguridad, donde ninguna de las plataformas desarrolla un tópico específico que visibilice y menos que aborde la problemática de la violencia contra las mujeres, las adolescentes o las niñas, aun con las cifras alarmantes existentes en El Salvador, asumiéndose la problemática de inseguridad y violencia como un tema general, sin especificaciones.
Por otra parte, la mayoría de enfoques de las plataformas legislativas presentan propuestas para impulsar iniciativas de Ley que redundan en un enfoque de seguridad de combate frontal de la delincuencia (políticas represivas), como herencia histórica de la forma en la que el Estado de El Salvador ha reaccionado frente a grupos al margen de la ley. Alguna excepción encontramos en las plataformas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Partido de Concertación Nacional (PCN), que rescatan acciones preventivas y de rehabilitación y, aun así, algunas estrategias de prevención y rehabilitación no son constituidas desde un enfoque de derechos.
En cuanto al problema de desempleo, las propuestas legislativas no plantean una transformación de las características del mercado laboral, tales como la incapacidad de absorción de la fuerza de trabajo, el incumplimiento de derechos laborales establecidos por la ley, los bajos salarios, la inestabilidad en el empleo y las desigualdades por razón de género.
Adicionalmente, se encuentra una serie de factores, como el bajo nivel educativo que, al final, genera falta de empleos y salarios calificados, manteniendo así un permanente ejército de personas desempleadas, con bajos ingresos económicos o con empleos informales. En este último rubro, en el que se ubica un porcentaje importante de mujeres, no existen prestaciones sociales y los ingresos son de supervivencia.
En el caso de los problemas vinculados con el medioambiente, destaca que la mayoría de las propuestas presentadas en las elecciones anteriores no se cumplieron. La propuesta de Ley de Agua, que en la actualidad cuenta con dos iniciativas, y la propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria han representado un importante tiempo de debate. Ambas, entrampadas dentro del ejercicio legislativo por falta de consensos y por diferencia de enfoques.
Otros grandes problemas nacionales son la situación de las mujeres y de los jóvenes, pero corren una suerte similar en cuanto a mirada sistémica o estructural. Cruzando la información encontrada en torno a la situación de las mujeres y la juventud en El Salvador, con las propuestas legislativas de cada partido político, se puede evidenciar que se necesitan mecanismos mucho más expeditos que permitan el ejercicio pleno de los derechos de estos dos grupos en contexto vulnerable. Si bien hay avances sustanciales en cuanto a marcos regulatorios, las otras funciones del Legislativo podrían coadyuvar a que los otros órganos unan sus esfuerzos para superar así el doloroso cuadro descrito anteriormente.
Conclusiones
El ejercicio de creación de legislación no depende exclusivamente de la oferta legislativa que cada partido hace, sobre todo porque la dinámica de pluralidad de partidos obliga a generar mecanismos de negociación, pesos y contrapesos dentro del mismo órgano legislativo. Son esos dos grandes bloques de enfoque liderados por los dos partidos mayoritarios (FMLN y ARENA) los que en el ejercicio encuentran eco en los otros partidos (PCN, GANA, PDC, y en la actualidad sumando al PSD y al CD en esta contienda), que juegan un papel de negociadores (ventaja o desventaja legislativa, según el caso).
Son las funciones del Órgano Ejecutivo las que, en definitiva, nos muestran el espacio de decisiones políticas donde se contraponen intereses dependiendo de las correlaciones políticas existentes, las relaciones sistémicas de cada fracción que participa en el ejercicio de legislar y, finalmente, la capacidad de creación de propuestas o de reacción frente a propuestas realizadas por otros actores que tienen iniciativa de Ley.
Las elecciones próximas están marcadas además por un profundo descontento de la población salvadoreña con los partidos políticos. Sin duda, El Salvador acude nuevamente a posibles transformaciones de su enfoque de políticas públicas, donde la doctrina liberal puede imponerse sobre la social, dependiendo de las correlaciones que se logren, y poniendo en riesgo los mínimos avances sociales logrados en años anteriores.