La voz sentida de los territorios

Doña Adriana cura empachos, cura mal de ojo y cura sustos desde los 20 años pero ahora a ella ¿quién le cura el alma? Toda madre y todo padre sueña con ser enterrado por sus hijos y no al revés, pero a sus 64 años Adriana tuvo que recoger a su hijo asesinado a una cuadra de su casa. Así comienza el 2018 en San Juan Pueblo, un foco de resistencia tras la crisis post electoral.

Altar donde la familia y vecinos le rezan a Wilmer Paredes.

A Wilmer Paredes de 26 años lo mataron disparándole en la cabeza, con un solo disparo cayó, pero desde adentro del vehículo sin placas que lo interceptó a una cuadra de llegar a casa de su madre, alguien dio la orden de rematarlo, y así, impactaron 13 balas en su pecho. Doña Adriana estaba aseando el solar a las 8 de la mañana cuando escuchó los disparos, entró a su casa asustada pensando a quién habrían matado ese día, primero de 2018. Cuando los asesinos se fueron, los vecinos le gritaron que era su hijo. “Yo me crucé el pavimento no sé cómo, sentí que iba como levantada y allí lo vi, lo toqué, estaba calientito todavía”, dice esta mujer con el alma quebrada, ella dice que siente todo su cuerpo destrozado, que en este país las madres sufren, que son muchas a quienes les han sido arrebatados sus hijos.

Paredes era un líder, cuentan en su comunidad, por eso cuando comenzaron las tomas de carreteras y movilizaciones en San Juan Pueblo, esta comunidad ubicada en la carretera antes de llegar a La Ceiba, en el norte de Honduras, Wilmer rápidamente se involucró y comenzó a liderar el control ciudadano que había en ese momento. Antes de ser asesinado Wilmer había sido golpeado por militares y policías en una represión, una de tantas que se dieron para desalojar la vía hacia el atlántico en la crisis post electoral.

“Yo le decía que no anduviera en eso, si me hubiera hecho caso… porque él por andar defendiendo, en las protestas, yo me imaginaba que iba a pasar algo. Cuando yo miraba pasar esos carros llenos de militares sentía que algo le iba a pasar a él”, cuenta doña Adriana, sobadora del pueblo, para quien todo mal del alma y el cuerpo tiene solución mágica, menos esta violencia que mata a tantos jóvenes en su país.

El 29 de diciembre de 2017 el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) publicó un informe en el que establece que 31 personas fueron asesinadas en la crisis política tras las elecciones menos creíbles de la historia hondureña, unas elecciones manchadas por la irregularidad por llevar a un candidato a la reelección presidencial a pesar de ser prohibido en la Constitución de la República. De estos asesinatos, agrega el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH), 21 fueron cometidos por la Policía Militar, 1 por la Policía Nacional, 3 por particulares y 5 por desconocidos. Wilmer se sumó a la cifra, fue el primer muerto registrado en 2018. Enterrado con el himno nacional de fondo entonado por decenas de personas de su pueblo: sus amigos, sus compañeros, su familia.

“Mire, uno de madre queda destrozado del cuerpo, no se sabe porqué este país se ha puesto así tan… tanta gente que muere porque yo digo que el presidente se debe poner de acuerdo con el que ganó, ponerse la mano a la conciencia de que la gente pobre es la que muere más”, dice doña Adriana.

Las múltiples denuncias de fraude en el proceso electoral del 26 de noviembre, y la desconfianza de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sigue sin reconocer a Juan Orlando Hernández como presidente electo, porque las elecciones presentaron serias deficiencias, hacen que el ojo internacional esté sobre Honduras. A pesar de eso, Hernández ha anunciado que el 27 de enero tomará posesión por segunda vez.

“Cuando yo miraba pasar esos carros llenos de militares sentía que algo le iba a pasar a él”, Adriana Cantarero, madre de Wilmer.

El padre de Wilmer escucha que hay extraños en su casa y llega al sitio donde hablábamos con doña Adriana, don Secundino dice que no se sabe lo que pasó, que no se sabe si lo mataron por su militancia política. Se pone nervioso y después nos pregunta si somos del gobierno, nos dice: “Es que uno no puede confiar en nadie y a Juan Orlando hay que tenerle miedo”, su sonrisa con pocos dientes y sus ojos llorosos muestran ese miedo, pero sobre todo el dolor de haber perdido a uno de sus tres hijos. Él mismo enseñó a Wilmer a trabajar en el campo y con mucho sacrificio le puso en el colegio.

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Altar donde la familia y vecinos le rezan a Wilmer Paredes.

En la fotografía colocada en un pequeño altar, Wilmer se ve como un joven duro, fuerte, como molesto con algo, o con alguien.

Pocas semanas antes del asesinato, Wilmer fue implacable con un policía en una de las tomas de carretera. El abogado Martín Fernández, defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cuenta que este joven lideró un grupo que vigilaba acciones irregulares de los policías. Un día un policía hizo un cobro ilegal a un transportista y Wilmer, así fuerte como se ve en la foto, lo enfrentó, entre varios lo capturaron quitándole el fusil y la fatiga policial y esposado con sus propias esposas lo llevaron a la posta policial para que lo procesaran.

“Allí se generó un acto de repudio por parte de la policía porque no era posible que un civil ejerciera control sobre una autoridad, pero en realidad el ejercicio era sano. Este caballero junto con un gran número de jóvenes tuvo esa valentía sin la intención de menoscabarle ni intimidarle sino de corregir, tampoco era robo porque entregaron toda la indumentaria y lo entregaron para que le siguieran un proceso y eso no pasó. Eso marca la personalidad de un líder, también la marcación directa a sus actuaciones, lo que tenemos claro es que después de todos esos eventos en el marco de la represión se empezó a dar seguimiento a varios líderes de la zona, a los históricos y a los nuevos que venían emergiendo en este proceso. Lo de Wilmer es detestable”, explica Fernández quien también ha sido amenazado por policías y militares.

Fernández es miembro de un movimiento que lleva 8 años de trabajar en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente acompañando las luchas territoriales. Cuando Martín habla de los liderazgos históricos habla de la gente que él ha visto defendiendo los ríos de las hidroeléctricas, las montañas de las empresas mineras, a la gente de las comunidades que ha sufrido −no de ahora− la represión del Estado, la amenaza de grupos económicos con intereses grandes en el norte del país, una zona productiva con recursos naturales que parecen inagotables.

El departamento de Atlántida se constituye como uno de los departamentos más afectados por proyectos extractivos, se estima que existen al menos solicitudes para 32 concesiones mineras y 24 concesiones hidroeléctricas, mismas que se aceleraron a partir del golpe de Estado de 2009, según el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). El Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin), en 2017 reporta que ya habían sido aprobadas 17 concesiones mineras en este departamento.

Martín carga una cicatriz en la nariz por una pedrada recibida en pleno enfrentamiento entre comunidades divididas por la instalación de una represa en la comunidad de Pajuiles, en el municipio de Tela, Atlántida.

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“Venimos de un proceso intenso de estar en seguimiento al proceso extractivo de la región, pero que la situación electoral ha marcado un momento histórico sin igual, en el sentido de la comprensión, de cómo en Honduras no solamente se instaló un fraude electoral sino una gran cantidad de fraudes. Este ha sido el rebose del engaño histórico que ha tenido la población y que por suerte hoy ha tenido un nivel de comprensión interesante y una lectura sobre el nivel de participación que ha asumido. La paralización del sector implica de alguna manera un desconcierto en la autoridad que siempre ha creído tener el control de los territorios, cierta sorpresa porque en Atlántida no había habido espacios de resistencia tan fuertes. Hoy estamos bajo una lupa, estigmatizados por sectores de la prensa corporativa en los que se dice que se involucran sectores oscuros, Wilmer fue víctima de eso”, explica.

El abogado Fernández dice que intentó salvarle la vida a Wilmer, con toda su experiencia le explicó que las consecuencias de estar contra un gobierno opresor como el hondureño son graves, pero él no lo dimensionó así. Asegura que una sola llamada del Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos y periodistas a la policía diciendo que a Wilmer le estaban dando persecución, que él lo había denunciado y que era un defensor de derechos humanos habría reducido las probabilidades de que lo mataran. Una sola llamada, dice Fernández, y nos pone a escuchar las llamadas que hizo a la policía y a los encargados del mecanismo planteando el caso de Wilmer quien en el momento de las llamadas estaba sentado a su lado. Le contestaron que el mecanismo es solo para defensores, que es solo para beneficiarios, que eso dice la ley. ¿Cuál ley? Pregunta Fernández, ¿cuál ley? Cuando los agentes del orden, los que están llamados a hacer respetar la ley, la violan y matan.

“Yo soy beneficiario personalmente de medidas cautelares, tengo un agente policial que es el enlace, de apellido Nassar, yo le llamé dos días antes del asesinato porque el muchacho nos había señalado que el nivel de persecución era fuerte y le puse en conocimiento, llamé también a las oficinas del Mecanismo de Protección a Defensores de DDHH, faltó diligencia. Hay una deuda de todo el aparato estatal y los organismos estatales de DDHH que están muy atrás de la realidad que sufre la gente en vulneración de DDHH”; agrega.

Amnistía Internacional hizo un análisis de mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en diferentes países del mundo y sobre Honduras, aunque valoró positivamente que se tuviera el mecanismo, señaló varios retos que sigue teniendo el Estado de Honduras en la protección de estas personas. Si Wilmer no era beneficiario¿con qué criterio y quién decide si es o no es defensor de Derechos Humanos? “El Consejo de Protección es el único órgano que permite la participación de personas de la sociedad civil y representantes de las entidades profesionales que
agrupan a los funcionarios de la justicia y a los periodistas. Este órgano, sin embargo, tiene facultades limitadas de análisis y para asesorar al Sistema de Protección. De sus 14 integrantes, sólo hay dos representantes de organizaciones de derechos humanos que deben ser acreditados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, dos representantes del gremio de periodistas y de la asociación de prensa, y un representante de jueces y magistrados”,explica Amnistía en su informe.

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Martín Fernández, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Una noche antes en camino a San Juan Pueblo, a la altura de El Progreso, Yoro –otra ciudad foco de resistencia contra el gobierno− dos vehículos sin placa y otro con una placa con inicio PED cruzaban el puente La Democracia y se dirigían a la salida hacia el atlántico. En la paila, los tres carros llevaban hombres vestidos de negro, totalmente encapuchados y armados. Martín Fernández y su hermano, el abogado Víctor Fernández, habrían fotografiado uno de esos carros en la Primera Estación de Policía de San Pedro Sula, mismo que sería abordado por dos hombres encapuchados vestidos de civil con armas largas de uso policial. Nos enseña la fotografía, es el mismo vehículo que vimos en la noche. Esos son los carros que rondan las comunidades como San Juan Pueblo, comunidades que paralizaron el país durante más de 8 días después de las elecciones.

“Nosotros hemos confrontado a los jefes militares, hicimos carta pública a la Secretaría de Seguridad, visitamos el Cuarto Batallón de Infantería porque es toda una orquesta con una aparente legalidad, un sector que está actuando como la policía y como militares, tienen acciones visiblemente represoras pero hay aparatos de inteligencia que están funcionando. Se está actuando bajo las sombras, se está actuando en el marco de una aparente legalidad pero hay órganos que funcionan jefeados por estos espacios que están haciendo la guerra sucia, que se esconden en la oscuridad, en carros sin placa, ocultan sus gafetes, sus rostros con pasamontañas, en uniformes, en carros que están siendo utilizados en aparentes operaciones regulares pero que son irregulares”, explica.

“Hay una deuda de todo el aparato estatal y los organismos estatales de DDHH que están muy atrás de la realidad que sufre la gente en vulneración de DDHH”,Martín Fernández.

Estos vehículos fantasmas también tienen nerviosa a doña Adriana, estos y cualquier otro vehículo que se acerca a su casa.

“Yo tengo miedo porque, más cuando miro carros así vidrios cerrados, yo soy sobadora, vienen bastantes carros pero así como decir ahorita… estoy nerviosa, para qué. Ayer fui al pueblo y viera como me puse de nerviosa”, dice.

El 2 de enero, la Alianza de Oposición contra la Dictadura dio una conferencia de prensa donde inauguraban un nuevo proceso de protestas en enero y anunciaban que el 27 de enero Salvador Nasralla tomará posesión de la presidencia, que el pueblo lo sentará en la silla presidencial. Manuel Zelaya Rosales, líder de la Alianza ha llamado a un paro nacional desde el 20 de enero hasta el 27. El 6 de enero comenzaron las movilizaciones de nuevo, y Nasralla se trasladó al norte del país a San Pedro Sula, La Lima y El Progreso, Yoro.

Hay un guión ya, dice Fernández que el guión del gobierno será disuadir los focos de resistencia. “Juan Orlando pretende prolongar su estadía, sabe que siempre será incierta, negociará con los sectores vulnerables en la política sectaria, pero en los territorios no habrá negociaciones así como lo están provocando, en los territorios la gente resistirá hasta el último momento, la gente entendió que la lucha contra el extractivismo es una lucha de las grandes mayorías y en contra del gobierno. La voz que seguirá saliendo es la voz sentida de los territorios”, concluyó.

“Yo digo que Dios debe poner la justicia, aquí quién sabe, estoy en duda, usted, aquí viera cómo estamos, aquí matan a los jóvenes como que mataran a un perro, aquí no hay justicia, aquí han matado bastantes jóvenes y así se ha quedado. Allá está Dios que es el que mira todas las injusticias”. Adriana luego se distrae del dolor suyo explicándonos cómo es que se cura a los niños del susto y nos da recetas con hierbas y huevos por si acaso algo nos aqueja el alma.

Una nota de Contracorriente.red