La violencia sigue siendo uno de los problemas que más afectan a Honduras, una violencia que expulsa a miles de personas hacia las rutas inhumanas del norte de América, una violencia machista que cobra la vida de una mujer cada 14 horas y una violencia enraizada en las estructuras de poder del Estado que cada vez violentan más los derechos humanos de la población, especialmente de la ciudadanía activa que protesta exigiendo mejores condiciones de vida. Ese camino de violencia estructural podría incrementarse aún más camino a las elecciones del próximo 26 de noviembre de 2017 en un ambiente tenso por la candidatura inconstitucional que permitirá la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández y una alianza de partidos en oposición a una posible dictadura de carácter legal.
Hace 8 años en Honduras sucedió un golpe de Estado con la excusa de que el entonces presidente, José Manuel Zelaya pretendía reelegirse y legitimaba ese afán de quedarse en el poder con una consulta popular. Las Fuerzas Armadas al mando de la élite económica y política del país no dejaron que se realizara. De este hecho partimos y ahora estamos frente a la candidatura del actual presidente Juan Orlando Hernández que logró, después del golpe, acumular tanto poder como para reelegirse pasando por encima de la Constitución de la República con el apoyo de la élite local y el beneplácito del gobierno de Estados Unidos que sigue siendo un actor muy influyente en el país.
El actual presidente, que provocó el rechazo popular en 2015 por el involucramiento de su partido en el latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social de 6,300 millones de lempiras (aproximadamente $300 millones de dólares), según investigaciones del Ministerio Público, ahora se muestra ante el mundo como un presidente transparente, promotor del cambio y merecedor de continuar en el poder para seguir “luchando contra la violencia e impunidad”. Sin embargo la realidad está lejos de lo que pinta la publicidad. Honduras muestra alarmantes actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y su estructura de poder ligada al crimen organizado muestran a este país como un narco estado al servicio de las élites que han logrado crear mecanismos para trabajar desde la institucionalidad sus planes de saquear los recursos del Estado.
El caso en el que esto es más evidente es el asesinato de la líder social y ambiental Berta Cáceres en que fuerzas de seguridad del Estado, la misma secretaría de seguridad del país, actuaron en operativos de inteligencia conjuntamente con los encargados de la empresa Desarrollos Energéticos SA según el informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres” realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) a falta de una investigación independiente por parte de las instituciones correspondientes en Honduras.
Este asesinato ocurre en un contexto donde las prioridades del actual gobierno están en concesionar el territorio al capital trasnacional y a la élite económica local para la minería, la generación de energía, el mantenimiento vial y el manejo del servicio de agua. La tercera parte del territorio está concesionada para proyectos mineros, 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar, según un estudio del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras. (http://radioprogresohn.net/index.php/invetigacion-analisis/item/3257-informe-industria-extractiva)
A esto se suma la apuesta por desarrollar las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) un proyecto de la corriente libertaria de la Escuela de Chicago, Estados Unidos, en la que el Estado se minimiza a tal grado de no existir porque el territorio se vende a trasnacionales o países con todo y su población para regirse por un comité y el Common Law, y no por las leyes del país. Todo controlado por el actual presidente y un comité para las buenas prácticas con personas de confianza de su partido y economistas y políticos estadounidenses, en su mayoría.
Estos proyectos no pueden existir sin que las alianzas entre la élite local y el gobierno de Hernández estén fortalecidas sumando su afiliación con las Fuerzas Armadas. Un Grupo Terra, de Freddy Nasser, yerno de Miguel Facussé, muy cercano al gobierno y con negocios en el rubro de la energía renovable cada vez más grandes. La familia Atala, señalada por pertenecer a la junta directiva de la empresa que mandó a asesinar a Berta Cáceres según lo informó la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) (http://www.laprensa.hn/honduras/1089209-410/berta_caceres-honduras-maccih-desa-agua_zarca-corrupcion-rigoberto_cuellar), es la familia con mayor influencia por sus múltiples inversiones en el país. Hernández ha convertido el banco de esta familia (Grupo Ficohsa) en uno de los más importantes para los negocios estatales y los fideicomisos. Y el hombre más rico de Honduras, según la revista Forbes, Mohammad Yusuf Amdani, un empresario de la industria textil y del “call center”, con quienes Hernández ha hecho su campaña de nuevas fuentes de empleo. Hernández asegura que de quedarse en el poder, luchará por darle rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público, según lo dijo en una concentración de su partido en Tegucigalpa a inicios de noviembre.
Pero el deterioro democrático no solo se basa en el plan económico basado en la privatización y el saqueo del Estado, sino también en un control absoluto de las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad bajo las órdenes del presidente. Este consejo decide qué se pone en secretividad y que no, en qué se invierten los recursos destinados a seguridad y cómo actúan las estructuras de seguridad nacional. Honduras tiene una de las fuerzas de seguridad más peligrosas del mundo.
¿Un Estado cooptado por el crimen?
En 2011 se destapó la corrupción y el nivel de cooptación de las fuerzas criminales en la Policía Nacional. Desde ese entonces la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, ha informado la cancelación de cuatro mil 374 miembros de la Carrera Policial desde que fue instalada el 12 de abril de 2016. Aun no se sabe cuántos han sido llevados a tribunales para asignarles una sentencia de corte penal y no solo un castigo administrativo. En Honduras, los asuntos judiciales van más allá de las leyes pero también más allá de las fronteras. A pesar de las múltiples denuncias sobre el accionar criminal de las fuerzas de seguridad, el presidente actual ha optado por militarizar y robustecer las fuerzas armadas como respuesta ante la violencia, que sigue siendo fatal.
A partir de 2016 comenzaron no solo las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos sino también las entregas voluntarias que han representado un verdadero terremoto para las fuerzas políticas del país.
Cuando “Los Cachiros", unos famosos narcotraficantes hondureños, declararon en Estados Unidos, muchos se pusieron nerviosos. Y cuando confesaron que el expresidente Porfirio Lobo Sosa recibió sobornos de su parte y su hijo coordinó toda la relación, se le comenzó a tambalear el piso al oficialista Partido Nacional, que en este momento está en la recta final para establecer su dictadura. El hijo del expresidente, con el que cogobernó Juan Orlando Hernández tras el golpe de Estado de 2009, está preso en Estados Unidos. La red de corrupción alrededor del caso “Cachiros” penetra hasta lo más profundo de las estructuras del Estado, sobre todo las estructuras del partido en el poder.
De 2009 a 2012 aumentó la tasa de homicidios, llegando a su punto máximo en 2011 según un informe de seguridad ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA) (http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio_alertamerica2012.asp). El gobierno tomó el control de todos los poderes del Estado, y la DEA entraba y salía de los territorios libremente, se llevaba y traía presidentes para hablar de la lucha contra el narco, en sus helicópteros, con sus condiciones. La dupla del poder: Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. La política de mano dura contra el crimen organizado que promulgaron en su gobierno, al parecer es solo pantalla de lo que ocurre: una relación de concubinato entre las mafias y el Estado.
Los hermanos Rivera Maradiaga, “los Cachiros”, lideraban un cartel de droga que controlaba el trasiego en la costa norte de Honduras. Originarios de Tocoa, en el Bajo Aguán, era un supra gobierno que controlaba todo, desde el sistema de justicia hasta los liderazgos comunitarios. Practicaban frecuentemente la narcofilantropía, mucha gente pobre los respetaba y mostraban afecto por sus constantes regalos. Habían conformado un reinado, así como lo han conformado otros carteles de la droga compenetrados con los gobiernos locales en el occidente y el norte montañoso del país. (http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/1964-as%C3%AD-termin%C3%B3-el-reinado-del-cartel-de-los-cachiros)
Desde que los narcos comenzaron a delatar en Estados Unidos, no solo a la élite política corrupta sino también a la élite económica que los benefició para limpiar el dinero, a Honduras la envuelve una nube aún más densa que no deja ver lo que sucede en las esferas del poder y en las calles donde las víctimas son, con frecuencia, pasadas por alto.
Escenarios políticos
El analista político hondureño Tomás Andino asegura que podrían haber 3 escenarios en las próximas elecciones, una contienda entre 11 partidos políticos, 3 de ellos unidos en la Alianza de Oposición contra la Dictadura con la cara visible de Salvador Nasralla, un outsider, con el liderazgo predominante de Manuel Zelaya Rosales, el presidente víctima del golpe de 2009.
El escenario más probable, dice Andino, es que el gobierno de Juan Orlando Hernández gane 4 años más en el poder con un gobierno totalitario y consolidado, con el compromiso de regular la reelección.
Uno de los problemas de la actual contienda es que no se hicieron reformas electorales, ni siquiera se reguló la reelección presidencial. Es por esto que en su campaña, el presidente Juan Orlando Hernández ha llamado a votar en línea por todos los diputados del Partido Nacional de un Congreso Nacional del cual 98 diputados van a reelección. Necesita garantizar el Congreso Nacional para amarrar reformas electorales que convengan a su gobierno ya en el poder.
El segundo escenario es que se desate una crisis política social y la aceleración del advenimiento de una dictadura de carácter legal. A corto plazo, con la emergencia de un movimiento popular espontáneo que se rebele a un posible fraude electoral pero que sería contenido por la represión o por su propia dirigencia. Esto podría hacer que, aunque Hernández continúe en el poder, su gobierno entre con más debilidad por la convulsión social y podría condicionar las reformas electorales y la regulación de la reelección.
El escenario tercero es un cambio de gobierno con la venia del gobierno de Estados Unidos. Un cambio de gobierno que no necesariamente puede ser la Alianza de Oposición con Nasralla en la presidencia, sino el Partido Liberal con su candidato Luis Zelaya, un hombre cercano a la élite económica y política del país. Este cambio podría ser urgente si la presión ciudadana logra hacer tambalear al gobierno autoritario de Juan Orlando Hernández y su plan continuista. También podría ser necesario de seguirse ventilando la corrupción y los vínculos del presidente con el crimen organizado.
Este último escenario, el menos probable, está siendo visualizado por el actual mandatario, quien en su campaña ha puesto mayor énfasis en que en el Congreso Nacional, el Partido Nacional tenga mayoría y total poder de decisión.
Resistencias y oposición política
Sin embargo, a pesar del panorama adverso que se muestra de Honduras, existen pequeñas resistencias que se han multiplicado desde el asesinato de Berta Cáceres. Comunidades enteras que defienden ríos, carreteras y montañas son contrapesos al actual gobierno autoritario y su plan privatizador.
Otro contrapeso podría ser la MACCIH, que si bien es cierto, no tiene las facultades mismas que la CICIG en Guatemala, en Honduras comienza a hacer ruido. Ya conformó una Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción y ha tomado casos en los que se podrían desarticular redes criminales insertas en el Estado. El obstáculo más palpable ahora es el gobierno actual, que no le da las facultades que necesita para enfrentarse a la corrupción y que sigue sin atender a sus peticiones de crear un marco legal que le permita actuar. Por ejemplo, la MACCIH ha exigido en repetidas ocasiones la creación de la “Ley de Colaboración Eficaz” sigue siendo ignorada en el Congreso Nacional. También ha exigido la derogación de la ley de secretos oficiales, pero no hay respuesta. Esto sigue mostrando que este país es el presidente y su voluntad.
Por otra parte, histórico es que tantas fuerzas políticas vayan a contienda en las elecciones y que exista una alianza de partidos para hacerle oposición a la reelección del actual presidente. A pesar de que la fuerza popular sigue sin radicar en los partidos políticos, la oposición busca hacer un contrapeso.
Honduras podría estar avanzando a una agenda conjunta del movimiento social en contra de una aparente dictadura con consentimiento legal. A menos de un mes para las elecciones, la Alianza opositora convocó a una movilización el pasado 7 de noviembre en Tegucigalpa para pronunciarse contra la dictadura y medir el pulso de sus seguidores. En esa movilización, el movimiento social representado por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, un actor articulador entre el movimiento social y los partidos de oposición, leyó 12 puntos de la agenda consensuados con esta coalición de organizaciones de sociedad civil enfrentadas con el actual gobierno.
Los puntos recuerdan de alguna manera a la desaparecida Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, emplazan a la candidatura de la Alianza de Oposición –formada por el partido creado pos golpe de Estado, Libertad y Refundación (LIBRE), Partido Innovación y Unidad (PINU) y Salvador Nasralla– principalmente en que no se puede aceptar los resultados electorales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral por considerar a esta institución carente de autonomía e independencia.
Este pliego de peticiones une nuevas y viejas consignas de lucha: la constituyente, la lucha contra las privatización de las instituciones públicas, contra el extractivismo y la defensa de la soberanía, los derechos laborales, la reestructuración urgente del engranaje agrario, la lucha contra la oligarquía, que se impulse una verdadera política fiscal, la necesidad de una verdadera política en materia de seguridad que desmilitarice la sociedad hondureña, la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres, que el gobierno de la Alianza impulse una verdadera democracia participativa y no sólo se limite al plano electoral…
Honduras está frente a unas elecciones que podrían traer mayor represión, pero también una reestructuración de las agendas sociales en busca de un nuevo modelo que no siga generando mayor deterioro a la gran mayoría de la población.
Noviembre 14, 2017