Posibles escenarios (y nada alentadores) sobre los Derechos Humanos en Centroamérica ante la nueva gestión de Donald Trump

La victoria electoral de Donald Trump en las elecciones de 2024 marca el camino hacia políticas migratorias[1] y de seguridad más estrictas[2] que profundizarán las crisis de derechos humanos en la región, reforzada por discursos de odio[3] y la criminalización de la migración[4]. Su gestión anterior y un enfoque nacionalista recargado bajo el lema "América Primero", así como el cumplimiento de las promesas electorales en cuanto a migración, relaciones internacionales y políticas internas tendrán repercusiones directas y graves para los países centroamericanos[5], exacerbando las precarias condiciones sociales, políticas y económicas en la región[6], dependiente en buena medida de las remesas.

Aun cuando las relaciones con los gobiernos centroamericanos sean diferenciadas[7], lo cierto es que una de las áreas en las que se espera que las políticas de Trump impacten más profundamente en Centroamérica es en la migración, la que desde la gestión Obama ha venido recrudeciéndose como un factor de seguridad nacional. Las promesas de deportación masiva, la militarización de la frontera sur de Estados Unidos y la pretendida eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los próximos hijos de inmigrantes indocumentados son elementos de la agenda de Trump para su segundo mandato, cuya sostenibilidad, no obstante, es cuestionada[8] por la alta dependencia de sectores económicos -como el agrícola y la construcción-, de los trabajadores migrantes[9].

Estas políticas, que además implican el cierre de programas de inmigración, tal como ocurrió con el CBP-One[10] o que pueden impactar en estatus de residencia legal consolidada, como el TPS, también tendrían fuertes efectos en los derechos humanos de los migrantes desde una perspectiva colectiva, familiar e individual. Miles de personas estarían retornando a países en los que no se vislumbran procesos de diálogo nacional entre los gobiernos y el sector privado para enfrentar de manera conjunta esta nueva realidad.

Es necesario recordar que la anterior presidencia de Donald Trump (2016-2020) estuvo marcada por varias políticas y decisiones que afectaron la migración, la cooperación económica y la seguridad, como la negociación conminada[11] de acuerdos con El Salvador, Honduras y Guatemala para que aceptaran migrantes que solicitaban asilo en los Estados Unidos y que ahora parecen activarse nuevamente[12]. 

Este artículo explora cómo algunas políticas de Trump podrían afectan los derechos humanos en Centroamérica, especialmente en el contexto de la migración, la seguridad y la diplomacia internacional, basado tanto en su gestión previa como en las promesas de campaña, no siempre cumplidas. 

1. Deportación masiva y criminalización de la migración 

Durante su campaña para la reelección, Trump dejó claro que uno de sus objetivos principales es la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, una medida que ya está afectando a miles de centroamericanos desde las primeras horas en las que asumiera su segundo periodo. En un contexto en el que Estados Unidos acoge a una parte significativa de nuestras poblaciones que huyen de la violencia, la pobreza y la inseguridad, las políticas migratorias de Trump exacerban estas crisis al colapsar con la deportación los sistemas nacionales de atención a personas retornadas[13]. Particular atención merecen los ciudadanos nicaragüenses[14] cuyo éxodo en la actualidad obedece principalmente a razones políticas, y que la materialización de su retorno forzado pasa por la coordinación entre ambos gobiernos.

Por otro lado, al sostenerse el discurso de odio y estigmatizante de la campaña electoral en el ejercicio del gobierno, la criminalización de los migrantes se intensifica[15]. Así como en el discurso de los funcionarios salvadoreños todas las personas detenidas durante el régimen de suspensión de derechos constitucionales forman parte de pandillas, en el discurso oficial del gobernante estadounidense los migrantes en condición migratoria irregular son “extranjeros criminales”[16], “violadores de la soberanía” e “invasores”[17] de los Estados Unidos. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado repetidamente las violaciones a los derechos humanos derivadas de estas políticas xenófobas, que incluyen condiciones inhumanas en los centros de detención y la negación de acceso a procesos judiciales adecuados para los migrantes, con daños permanentes e irreversibles en los derechos a las familias[18]. 

Otro componente crucial en las políticas anunciadas por Trump es la orden a las agencias federales para que no emitan documentos de ciudadanía a hijos e hijas de madres indocumentadas o con visas temporales, que nazcan en Estados Unidos, si el padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente. La eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados implica un proceso de reforma de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU, por lo que el carácter definitivo de este anuncio solo podría consolidarse a largo plazo si se llegara a materializar el cambio constitucional y sobrepasa el control judicial. 

2. Militarización de la seguridad y violaciones de derechos civiles en Centroamérica

El cierre de la frontera sur de Estados Unidos va acompañado de una militarización del área[19] con el incremento de 1500 efectivos[20], lo que podría resultar en un aumento de la represión contra los migrantes y una mayor vulnerabilidad de aquellos que intenten cruzar hacia Estados Unidos. Sobre este tipo de medidas que buscan inhibir la migración, realmente genera condiciones para el fortalecimiento de canales ilegales, es decir, las redes de tráfico de personas y encarece la migración lo que expone aún más a los migrantes al crimen organizado y a los agentes de seguridad.

Otro aspecto para tener en cuenta del nuevo gobernante es el enfoque de militarización de la seguridad. Donald Trump ha implementado en la primera semana de gobierno una serie de medidas para reestructurar las Fuerzas Armadas como: a) prohibir que personas transgénero sirvan en el Ejército, argumentando que la adopción de identidades de género diferentes al sexo biológico socava los estándares de servicio militar; b) ordenó la reincorporación de los militares que fueron dados de baja por negarse a vacunarse contra el COVID-19, considerándolas como bajas de injustas y excesivas y c) impulsa la creación de un sistema de defensa de inspiración israelí, buscando proteger al país de amenazas de misiles y ataques aéreos, que considera la principal amenaza para la seguridad nacional.

No se descarta que la agenda de colaboración con países autoritarios se base en apoyos a las fuerzas armadas de esas naciones lo que aumenta las posibilidades de limitación de los derechos.

3. Agenda antiderechos y restricciones a la cooperación

La agenda antiderechos del presidente Trump afecta programas relacionados a las poblaciones LGTBIQ+, defensores del medio ambiente y género. En agosto de 2024 durante la campaña electoral en Atlanta, Trump dijo que el primer día firmaría una “orden ejecutiva para recortar la financiación federal a cualquier escuela que impulse la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados”[21]. Esta promesa se ha materializado inicialmente con el despido[22] en las agencias federales del personal que labora en puestos relacionados con programas de diversidad, por lo que es altamente probable que la cooperación desde los Estados Unidos excluya totalmente de su agenda estos programas.

Trump propuso un gobierno más pequeño, con menos intervención y recortes en los apoyos económicos destinados a programas de desarrollo en la región. Estos programas existen ante el compromiso del gobierno de EE.UU., que ha sido parte del contexto histórico que ha dado lugar a las actuales problemáticas centroamericanas. Estos recortes a la asistencia externa privan a las poblaciones de recursos necesarios para enfrentar problemas estructurales como la violencia, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos.

En este ámbito, también los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos de la región que han sido beneficiarias de la colaboración de los estadounidenses, a través de las distintas agencias, enfrentan obstáculos en sus labores en los países en los que operan, a partir de la suspensión por 90 días de la cooperación y la exigencia de la alineación con los principios del gobierno de Trump[23]. 

4. Diplomacia internacional y efectos sobre los Derechos Humanos

El retorno de Trump a la Casa Blanca cambia la forma en que Estados Unidos se relaciona con Centroamérica y con organizaciones internacionales de Derechos Humanos, sin embargo, para estos sectores el estilo de gobierno no es nuevo. Trump ha mostrado un enfoque transaccional y pragmático en sus relaciones exteriores, lo que significa que, en lugar de promover principios democráticos, cumplimiento de estándares internacionales y de derechos humanos, se centrará en acuerdos que beneficien a Estados Unidos a corto plazo. 

Este enfoque da lugar a alianzas con regímenes autoritarios en Centroamérica, que priorizan bajo el discurso de la “soberanía” la seguridad y el control, en lugar de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como ocurre en El Salvador, con el cuál se está negociando la posibilidad de recluir en las cárceles salvadoreñas a miembros del Tren de Aragua[24].

Asimismo, en sus primeros días de asumir el mandato ya se han expuesto enfrentamientos diplomáticos al realizar deportaciones sin la coordinación entre el país emisor y el receptor, tal como ocurriera con el presidente colombiano Gustavo Petro. En el caso centroamericano solo la presidenta hondureña Xiomara Castro ha expresado que “Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar”[25].

Otro elemento que engrosa las preocupaciones para la región es la posición de Trump frente a las guerras, las que más allá del discurso electoral sobre su intervención pacifista habrá que observar su ejecución y el intervencionismo en Organismos Multilaterales que en el pasado demostró[26] con las consecuencias que pueda traer del desenfoque en la región latinoamericana y centroamericana en particular.

5. Conclusión

La nueva administración de Trump se perfila como un desafío significativo para los derechos humanos en Centroamérica, marcado por un discurso de odio y su estilo autoritario de hacer política, el que sin duda se convierte en un referente para varios líderes del área centroamericana.

Las políticas de deportación masiva, el cierre de la frontera y la militarización de la seguridad, junto con sus políticas económicas y de relaciones exteriores, agravará las condiciones de vida en la región y podría generar un incremento en la violencia, la pobreza y la migración forzada. Además, la colaboración con gobiernos autoritarios haría que la región se encamine aún más hacia la represión y la erosión de los derechos civiles y políticos.

Es fundamental que mientas se clarifica lo que se queda como parte de una campaña electoral intensa y qué se traduce en políticas, la comunidad internacional siga vigilante ante estos desarrollos y continúe trabajando, como lo ha hecho hasta ahora, por políticas basadas en el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la solidaridad internacional.