Opinión
La libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural.
En las sociedades democráticas, el ejercicio efectivo de la libertad de expresión requiere de condiciones sociales, políticas y jurídicas que la favorezcan, de la ausencia de situaciones de facto que la limiten o la pongan en riesgo y de la existencia de gobiernos que cumplan con su obligación de ser garantes de este derecho fundamental. Los Estados y quienes los gobiernan están obligados a crear entornos propicios para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
En el continente, quienes ejercen el periodismo desarrollan su trabajo de información en contextos cada vez más inseguros, hostiles y violentos. La retórica anti mediática de algunos gobiernos va en aumento, mientras se aprueban leyes o se toman decisiones políticas que censuran o restringen el debate público y el acceso a la información: controles directos o sutiles de las líneas editoriales de los medios, uso de la publicidad oficial para premiar o castigar contenidos periodísticos y restricciones para acceder a la información en poder de los órganos públicos. Ni qué decir de escenarios más graves de violencia, persecución, acoso e intimidación de periodistas en la región que se agravan cada vez más.
La libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural. El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades, por lo que existe una prohibición a los Estados para ejercer formas de censura directa e indirecta contra periodistas y medios de comunicación y una obligación de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa.
El derecho regional de los derechos humanos, sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaraciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han desarrollado un conjunto de estándares que vinculan a los Estados con obligaciones ineludibles para el ejercicio libre y desinhibido de la libertad de expresión, con especial tutela de los discursos sobre asuntos públicos.
La posición de los gobiernos frente a los medios de comunicación no es la misma que aquella que tiene el resto de la ciudadanía; en primer término, porque quienes ejercen la función pública son garantes de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y, en segundo lugar, porque, en razón de sus cargos, están expuestos al escrutinio de sus actos y a la crítica severa de la prensa o de la ciudadanía. Los discursos oficiales que atacan a los medios de comunicación, por su labor de fiscalización de los asuntos públicos, representan un riesgo para la democracia.
La retórica intolerante y divisiva contra periodistas o activistas de derechos humanos, en sociedades de creciente polarización social, genera un ambiente hostil y riesgoso para el ejercicio de la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos, disuade la crítica política, la investigación periodística y el control democrático del poder público y político.
Las personas públicas o quienes optan por puestos de elección están obligadas a ser más tolerantes y estar abiertas al escrutinio público de sus actos.
La doctrina más garantista sobre el ejercicio de la libertad de prensa establece que ni el error en los hechos o los contenidos considerados difamatorios, por sí solos, son suficientes para levantar la protección constitucional a las expresiones sobre la conducta de las personas públicas. Esta garantía es necesaria para que la ciudadanía tenga amplio acceso a los asuntos públicos y pueda ejercer el control democrático de sus gobernantes.
Hoy no se discute el poder relevante de la prensa como contralor de los poderes público y político y la relevancia, para la salud democrática, de ambientes propicios que aseguren el ejercicio libre y desinhibido de la libertad de informar.
Efectivamente, las democracias actuales claman por garantías amplias para el desempeño de la libertad de prensa, pero también debemos volver los ojos hacia otras formas de afectación al debate democrático: las oleadas de información errónea o desinformación deliberada acompañadas, con frecuencia, de la proliferación de discursos de odio, la concentración y la captura de los medios de comunicación por grupos políticos o económicos, los mecanismos de censura al interior de los medios de comunicación o la ausencia de políticas públicas para promover el pluralismo y diversidad informativa en los ecosistemas mediáticos.
No existen gobiernos democráticos que se atrevan a cuestionar el papel de los medios de prensa en el sistema de pesos y contrapesos de las democracias liberales y de la importancia del periodismo para el escrutinio ciudadano de los asuntos públicos. Un periodismo independiente, responsable y pluralista es necesario en los sistemas políticos democráticos y el entramado político, jurídico y social para la protección de la libertad de prensa es un asunto medular.
Desde el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll-Stiftung y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, se realizó el “Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica”, elaborado por el investigador Fernando José Martínez de Lemos y la investigadora Johanna Rodríguez López con el apoyo de la asistente Mónica Rojas Víquez que presenta las percepciones de periodistas centroamericanos sobre los garantías y amenazas para el ejercicio de la libertad de prensa en la región.
El documento busca contribuir y mantener el debate social, político y académico para articular esfuerzos que contribuyan a fortalecer la democracia comunicativa en nuestra región.
