En Centroamérica, la comunidad LGBTIQ fortalece su solidaridad e insiste en buscar rutas para proteger a las personas diversas, incluso en un contexto de regresión autoritaria.
En junio de 2022, la Ciudad de Guatemala celebró la marcha por el orgullo más grande (de los últimos 22 años) en su historia. Tras casi tres años consecutivos en que el COVID-19 impidió su organización, el retorno también fue una muestra de la renovada resistencia de la comunidad.
Tan solo tres meses antes, el Congreso había aprobado una ley que imponía las penas más altas de casi cualquier país en América Latina contra las mujeres que obtuvieran abortos – solo El Salvador tiene una ley más restrictiva, que ha permitido condenar al menos a medio centenar de mujeres por delitos relacionados con la penalización del aborto. La ley guatemalteca también establecía una prohibición contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo –actualmente no está ni prohibido ni legalizado– e impedía que las escuelas enseñaran sobre diversidad sexual.
El presidente Alejandro Giammattei se vio forzado a vetar la ley por una combinación de presión social y condenas por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, existe otra iniciativa similar que presentó la Presidenta del Congreso de su partido. Esta tiene una intención similar de restringir específicamente la discusión sobre identidades de género trans en escuelas y medios de comunicación. Alega, específicamente, que las identidades distintas a la cisgénero –aquella que corresponde con el sexo asignado al nacer– suponen un peligro para la niñez.
La espiral de violencia
El impacto de la agenda regresiva es especialmente pronunciado en Centroamérica. La falta de protecciones legales genera un clima de impunidad para múltiples tipos de violencia que las personas LGBTIQ enfrentan en sus distintos entornos: desde el familiar y escolar hasta el laboral y en la vía pública.
Honduras, El Salvador y Guatemala tienen las tasas más altas de homicidios contra personas LGBTIQ, relativas al tamaño de su población, según datos del observatorio Sin Violencia LGBTI. Al desagregar de acuerdo con su orientación sexual e identidad de género, la mayoría de las víctimas son mujeres trans y hombres gay, y los lugares más peligrosos son los propios hogares de las víctimas y las calles. Además, las organizaciones que integran el observatorio denuncian un persistente problema de subregistro en hechos de violencia basada en prejuicio.
Para detener esta problemática se requiere una combinación de políticas públicas que amparen a las posibles víctimas. También se requiere un proceso de cambio social –mediado por conversaciones en la opinión pública– que transforme actitudes y comportamientos ante la diversidad y la diferencia, pero existe una oposición formidable.
Democracia y diversidad
En la subregión, el cambio demográfico más significativo es el crecimiento de las iglesias evangélicas y pentecostales. En Guatemala, 41% de la población es evangélica, seguida por Honduras (39%), Nicaragua (32%), El Salvador (28%), Costa Rica (25%) y Panamá (24%), según Latinobarómetro. Desde hace más de una década, y junto con la Iglesia Católica, estos grupos adoptaron una agenda común contra los derechos LGBTIQ y los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales y reproductivos.
Los políticos han adoptado los valores de este importante sector del electorado para intentar legitimar sus ambiciones políticas. Al oponerse a la población LGBTIQ, buscan aprovecharse del temor o desconocimiento de la población, a costa de un grupo vulnerable.
En El Salvador, por ejemplo, el Presidente Nayib Bukele anunció que la Asamblea Legislativa no discutirá ninguna propuesta vinculada a derechos LGBTIQ, aduciendo que no haría esto ni "por presiones internacionales", y tildando de "campaña sucia" que existieran rumores a ese respecto.
Más ampliamente, se buscan usar estos ataques para distraer de otros importantes problemas en su gestión, como la corrupción y la mala gestión económica. En Guatemala y El Salvador, por ejemplo, ha colapsado la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de derecho para beneficio de sus actuales gobernantes. En ambos, como antes ocurrió en la Nicaragua de Daniel Ortega, se persigue a la prensa independiente. Y aunque Honduras cambió de gobierno recientemente, en los cuatro países se persigue a voces disidentes y defensoras de derechos humanos.
La respuesta desde la comunidad LGBTIQ
Este movimiento regresivo ocurre cuando ninguno de los países de Centroamérica logró los avances que otros países latinoamericanos consolidaron en años anteriores. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay cuentan hoy con legislación que protege el matrimonio igualitario y sus derechos derivados. Por su parte, la identidad de género de las personas trans es reconocida y protegida –en distintos grados– por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos Estados de México.
La ausencia de Centroamérica en esas listas es remediada únicamente por Costa Rica. En 2017, el Ejecutivo de ese país solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario y el derecho a la identidad de género. El objetivo era esclarecer si la Convención Americana de Derechos Humanos protege también estos derechos.
La respuesta de la Corte fue un rotundo sí. Y, por precedente interno, las opiniones consultivas tienen fuerza de ley en Costa Rica, por lo que el gobierno debió pasar rápidamente la implementación de medidas que pusieran en práctica, a nivel nacional, esta nueva jurisprudencia.
De esta manera, enmendó los procedimientos necesarios para que las parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio –o se reconocieran las uniones celebradas fuera–, pudieran adoptar, y para que las personas trans ajustaran sus documentos oficiales de forma sencilla.
El desafío costarricense ha sido implementar estas nuevas medidas en un corto tiempo, mientras un porcentaje de la población resiste este avance. En efecto, los movimientos conservadores han jugado un rol importante en los últimos dos procesos electorales. El gobierno de Rodrigo Chaves, por ejemplo, ha retirado el apoyo a la agenda de inclusión LGBTIQ, rehusándose a llenar la vacante de Comisionadx Presidencial LGBTIQ, que en los años anteriores era la figura responsable de coordinar la transversalización de la inclusión en todo el gobierno.
La búsqueda de la justicia
En otros países, la ruta es menos inmediata, pero la opinión de la Corte Interamericana permite crear estrategias que utilizan el litigio para exigir justicia en casos de violaciones de derechos humanos.
El colectivo Cattrachas de Honduras es un ejemplo claro de ello: en 2021, y tras un proceso de varios años, logró la primera condena contra su país por un caso de ejecución extrajudicial contra una mujer trans: Vicky Hernández.
Hernández, que también era trabajadora sexual y activista con el colectivo Unidad Color Rosa, fue acosada por la policía durante el golpe de Estado de 2009 y su cuerpo fue hallado sin vida cuando las calles se encontraban bajo el control de la policía. La sentencia obtuvo reconocimiento por estos hechos, pero también por el incumplimiento de la obligación estatal de investigar con la debida diligencia y de proteger el derecho a la vida de Hernández.
El razonamiento de la Corte señala a toda Centroamérica con el dedo: en un contexto de rechazo social generalizado y donde el prejuicio contra las personas LGBTIQ es imperante, incumplir con la obligación de proteger a este grupo contra la discriminación envía una clara señal de impunidad.
Para asegurar que hechos como el asesinato de Vicky Hernández no vuelva a ocurrir, la Corte manda a Honduras a tomar medidas afirmativas. Por ejemplo, a reconocer la identidad de género en la legislación local y a facilitar el cambio de género en los documentos oficiales para las personas trans. Además, el país deberá mejorar la recolección de datos desagregados por orientación sexual e identidad de género, y sensibilizar a las fuerzas de seguridad y los funcionarios a cargo de investigar hechos de violencia LGBTIQ.
La nueva presidenta, Xiomara Castro, reconoció públicamente la responsabilidad Estatal en la muerte de Vicky Hernández y se comprometió a cumplir con las medidas de reparación.
La ruta por seguir
Usar casos legales para promover un proceso de cambio social también ha dado resultado en Ecuador y podría trazar la ruta para otros países de Centroamérica. En Panamá, por ejemplo, existen procesos similares que aguardan respuesta en tribunales desde al menos 2016, especialmente para reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo que se han celebrado fuera del país. Estos todavía aguardan sentencia. En El Salvador, una victoria parcial en las cortes permitió que las personas trans puedan cambiar su nombre –no su género– en los documentos de identidad. Este es un avance, pero parcial, porque no permite a las personas trans modificar su género y hacerlo en línea con los estándares de derechos humanos: que sea un proceso sencillo, de bajo nivel administrativo, no patologizante, y que se resguarde la privacidad de la persona.
Ante estos avances mixtos, hace falta trabajo y renovar los lazos de colaboración entre la comunidad LGBTIQ y otros sectores: la justicia no se mueve sin que la ciudadanía preste atención a casos como estos. Pero las personas LGBTIQ y su defensa de los derechos humanos han sido pioneros en movilizarse y generar mayor aceptación alrededor del mundo, abriendo brecha para la defensa de los derechos humanos en su conjunto. No hay razón por la que, incluso en un contexto difícil, no puedan hacer lo mismo en Centroamérica.
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