Golpe electoral mantiene en suspenso a resultados electorales y pone en riesgo a la democracia en Guatemala

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Lo que sucede en Guatemala es un golpe electoral, en contra de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas, que puede llevar al colapso la ya frágil democracia de posguerra. Guatemala estaría entonces finalmente en camino de convertirse en una segunda Nicaragua.

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Tras el intento fallido de expulsar de la carrera por la presidencia al candidato que quedó en segundo lugar, Bernardo de Arévalo, del Movimiento Semilla, a través de un amparo alegando fraude electoral, la situación en Guatemala sigue deteriorándose. Inmediatamente antes de la oficialización de los resultados electorales de la primera vuelta por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), Rafael Curruchiche, anunció la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla.
Esa es una acción claramente ilegal ya que el Artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos señala que: “No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado” En la mañana del 13 de julio, personal del Ministerio Público (MP), acompañado de personal de la policía armada y con gorros pasamontañas cubriendo su rostro, procedieron a allanar el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del TSE, extrayendo los archivos del movimiento Semilla.
La acción, claramente ilegal, fue ordenada por el mismo juez a cargo de la persecución del periodista y editor Rubén Zamora, y representa un claro intento desesperado por parte del llamado “Pacto de corruptos” de eliminar a un candidato presidencial con un programa que prioriza el combate a la corrupción e impunidad. Es un golpe electoral, en contra de la voluntad soberana del pueblo guatemalteco expresada en las urnas que puede llevar al colapso la ya frágil democracia de posguerra. Guatemala estaría entonces finalmente en camino de convertirse en una segunda Nicaragua.

Seis días después de las elecciones presidenciales del 25 de junio de 2023 en las que Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, quedó inesperadamente en segundo lugar contra todo pronóstico en las encuestas de opinión, nueve grupos políticos presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alegaban irregularidades en las actas de las juntas electorales a nivel departamental y de la ciudad capital. El 1 de julio, el Tribunal Constitucional -que no tiene competencia en la materia- admitió a trámite la demanda en procedimiento abreviado y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera temporalmente la publicación de los resultados oficiales definitivos, y llevara a cabo una revisión de las actas de las juntas electorales. La revisión afectó no sólo a las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, sino a la totalidad de los 4.336 cargos públicos elegidos a nivel parlamentario, municipal y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Los autores intelectuales de la querella del 1 de julio.

El portavoz oficial de la Alianza de Denuncias fue Jorge Eduardo Baldizón Vargas, hijo del ex candidato presidencial Manuel Baldizón, condenado a cuatro años de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos, en 2019. Junto a sus dos hijos, Jorge y Manuel, fundó el partido Cambio, para asegurarse puestos políticos en el Parlamento en las elecciones de 2023. Sin embargo, el cálculo no salió bien. Según los resultados oficiales hasta el momento, el partido Cambio, con Esduin Javier, más conocido como 3K ("3 Kiebres”), logró un solo mandato a nivel nacional. La CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) menciona a 3K en un informe de 2015 como un perfecto objeto de estudio para entender las redes entre el crimen organizado, las constructoras y la financiación ilegal de campañas. Pero la denuncia judicial fue anunciada por el departamento de comunicación de la ultraconservadora Zury Ríos, una de las grandes perdedoras en las elecciones del 25.6, ya que solo quedó en sexto lugar. También, apoyaron el proceso la otra ganadora de las elecciones, Sandra Torres y su partido UNE, así como el partido oficialista Vamos, cuya estrategia de cooptación tuvo mucho éxito a nivel parlamentario y municipal; y CABAL, el partido que apoyó la candidatura del centroderechista Edmond Mulet.

El fraude electoral tuvo lugar antes, no durante las elecciones.

La acción concertada de los nueve partidos fue una sorpresa. Salvo contadas excepciones, las elecciones habían sido en gran medida pacíficas. En las elecciones por la alcaldía de la capital, Ciudad de Guatemala, y en una docena más de municipios se denunciaron irregularidades, pero que afectaron a menos del 0,1% de los votos emitidos. Según la evaluación de las misiones independientes de observación electoral, las manipulaciones de las elecciones no tuvieron lugar durante el proceso electoral, sino antes de la jornada (véase también el artículo "Elecciones robadas"). En comparación con las distorsiones masivas de la voluntad de los votantes en el período previo a las elecciones, no se reportaron mayores incidentes ni intentos de fraude el día de las elecciones. Irónicamente, todos los partidos firmantes habían compartido esta valoración y confirmado los resultados electorales en los días posteriores a las elecciones. Al parecer, desde entonces han llegado a la conclusión que el riesgo de que Bernardo Arévalo ganara las elecciones podría ser mayor de lo que se suponía en un principio. En su discurso, tras el anuncio de los resultados electorales el domingo, Arévalo ya había anunciado que, en caso de victoria, haría campaña por el regreso de los jueces y fiscales exiliados y exigiría la dimisión de la fiscal corrupta Consuelo Porras.

Acto dos del tango electoral absurdo: Con un poco de apoyo de mis amigos…

Como el intento de sacar al candidato sorpresa de la contienda electoral alegando fraude electoral no prosperó, el llamado “Pacto de corruptos”, a través de jueces cooptados del sistema penal, inmediatamente procedió a iniciar medidas – claramente inconstitucionales - para derogar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Mientras el TSE en un comunicado publicado este jueves 13 de julio, reafirma su “compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y deber cívico”; y un número creciente de organizaciones de la sociedad civil tanto en la capital como en el interior del país llaman a un paro nacional para defender sus votos. El proceso electoral sigue en suspenso.

Bernardo Arévalo: Victoria sorpresa y frágil esperanza de una segunda primavera democrática.

¿Quién es Bernardo Arévalo, que ha provocado tales reacciones de cortocircuito y pánico por parte de la Alianza de los Corruptos? Arévalo es doctor en Sociología y antiguo diplomático, hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, elegido para ocupar la más alta magistratura del Estado tras la revolución de octubre de 1944, y que luchó por reformas sociales, la libertad de prensa y el trabajo organizado en la llamada "primavera democrática", entre 1945 y 1951. Su sucesor, Jacobo Arbenz, continuó esta línea hasta que fue derrocado violentamente, con apoyo de la CIA.

El partido Semilla surgió de los movimientos sociales que habían protagonizado las protestas masivas contra el Gobierno corrupto del presidente Otto Pérez Molina en 2015. En 2019, participaron por primera vez en las elecciones parlamentarias y obtuvieron siete escaños en el Parlamento. En cambio, el partido no pudo participar entonces en las elecciones presidenciales, ya que la candidatura de Thelma Aldana, ex fiscal especializada en anticorrupción, fue bloqueada por la Corte Suprema bajo la presión de aquellos cuyas actividades ilegales había investigado previamente.

Las últimas proyecciones de los sondeos de opinión, justo antes de las elecciones de 2023, daban a Arévalo sin posibilidades, muy rezagado en el octavo puesto, con apenas el 2% de las preferencias de las y los votantes. A pesar de la ajustada financiación de su campaña, consiguió casi el 11,8% de los votos. El partido llegó sobre todo a los votantes jóvenes de la capital, Ciudad de Guatemala; pero también a los de otras circunscripciones urbanas del centro y el oeste del país. Arévalo supo canalizar una parte considerable del voto de protesta. Con 655.000 "votos por la dignidad", uno de los lemas de la campaña electoral, Arévalo alcanzó más votantes de los que jamás habían recibido los candidatos progresistas y críticos con el sistema, en las últimas décadas.

¿Reacción de pánico a pesar de la mayoría parlamentaria para la defensa del status quo corrupto?

Las reacciones de pánico son sorprendentes, ya que los resultados electorales publicados hasta ahora indican claramente que Bernardo Arévalo tendrá poco poder legislativo, aunque gane la segunda vuelta. El "Pacto de los Corruptos" cuenta con mayorías tanto a nivel parlamentario como municipal. Según los resultados obtenidos hasta ahora, el partido del actual presidente Alejandro Giammattei pasa de 17 a probablemente 39 diputados y se convierte así en el grupo parlamentario más fuerte. UNE, el partido de la candidata presidencial Sandra Torres, sufrió un revés electoral y se prevé que pierda el 45% de su representación parlamentaria y se reduzca a 28 diputados, pero sigue representando el segundo grupo parlamentario más fuerte. CABAL, de Edmond Mulet, es el cuarto grupo más numeroso con 18 diputados, seguido de Valor Unionista, de Zury Ríos, con 12 escaños. Según los resultados preliminares de las elecciones, 17 partidos estarán representados en el Congreso. El grupo parlamentario de Semilla crece hasta los 23 diputados, incluidas 11 mujeres, lo que le convierte en la tercera fuerza parlamentaria. Sin embargo, se espera que la gran mayoría de los diputados votarán a favor de la defensa del statu quo y en línea con el oficialismo, como ya hicieron en la pasada legislatura. El partido de la candidata presidencial Thelma Cabrera, arbitrariamente excluida, no pudo obtener un escaño parlamentario y, por tanto, pierde su personalidad jurídica.

Un ejército de alcaldes al servicio del partido gobernante.

Los sorprendentes buenos resultados de Manuel Conde, que quedó tercero tras Arévalo en las elecciones presidenciales, y del partido gobernante Vamos -a pesar de los desastrosos índices de aprobación del actual presidente Alejandro Giammattei- se explican principalmente por una estrategia de cooptación a tres bandas aplicada con éxito a nivel municipal: 1) acelerar la liberación de fondos gubernamentales para contratos públicos, 2) aumentar las asignaciones a los Consejos de Desarrollo Regional, responsables de asignar fondos para proyectos de infraestructuras gubernamentales, y 3) aumentar drásticamente el presupuesto para asistencia social municipal a los ciudadanos de la “tercera edad”. El dinero se destinó a los alcaldes que aceptaron presentarse bajo la bandera del partido gobernante Vamos y apoyar a sus candidatos parlamentarios y presidenciales en la campaña electoral. La estrategia tuvo éxito. Vamos ganó - probablemente - 131 de las 340 alcaldías totales, es decir, cuatro de cada diez municipios.

Días cruciales para el futuro democrático de Guatemala.

Aún no sabemos cómo terminará acto número dos del thriller electoral, o si habrá un acto número tres por parte del establishment desconcertado. Para los partidos que se favorecen de la mantención del status quo, mucho está en juego. Aunque Arévalo no tenga mayoría en el congreso y necesite negociar con los partidos del pacto oficialista, la mera promesa de sustituir a María Consuelo Porras, la actual Fiscal General de la República sancionada por el gobierno de los Estados Unidos como “actor corrupto”, por una persona más idónea para el puesto, y el fomentar la vuelta de las y los operadores de justicia que se encuentran en el exilio, presenta un peligro para los miembros de las redes de corrupción, que hasta ahora gozan de impunidad.

Para que Arévalo tenga la posibilidad de presentarse en segunda vuelta, es importante que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y la República Federal de Alemania, permanezcan vigilantes y sigan adoptando una posición clara en defensa de la voluntad soberana de las y los electores en Guatemala. Esto incluye también exigir que los medios de comunicación independientes, que no se dejaron intimidar a pesar de la detención y condena del periodista Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, ahora clausurado, puedan seguir con su labor de informar de forma imparcial al electorado. Sobre todo, sin embargo, el resultado de esta contienda de poder dependerá de si las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca – tanto de la capital como del interior – logren cerrar filas y construir alianzas para defender no solamente los resultados en las urnas, si no la democracia guatemalteca en peligro.