Iniciativa fue presentada en Conferencia Global de Unesco y apoyada por Fundación Heinrich Boll -En el marco de la Conferencia Global de UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, realizado en Uruguay del 2 al 5 de mayo, se presentó la ley modelo de protección a la prensa y personas trabajadoras de las comunicaciones, iniciativa que busca consagrar el deber del Estado con este sector garantizando derechos como la libertad de prensa, la libertad de expresión, acceso a la información y la gobernanza democrática.
En el marco de la Conferencia Global de UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, realizado en Uruguay del 2 al 5 de mayo, se presentó la Ley Modelo de protección a la prensa y personas trabajadoras de las comunicaciones, iniciativa que busca consagrar el deber del Estado con este sector garantizando derechos como la libertad de prensa, la libertad de expresión, acceso a la información y la gobernanza democrática.
Pero este proyecto es mucho más que una batería de cláusulas legales que aseguran el ejercicio libre y protegido de una profesión específica o de un área de acción que son las comunicaciones. Este proyecto es la concreción de un trabajo conjunto, gestado en la manifestación colectiva de un grupo en constante riesgo, con el fin de visibilizar, proteger y asegurar el ejercicio de las libertades en los espacios democráticos, libres de la censura y de las amenazas externas, sean estas de cualquier origen: estatal, empresarial, de redes de criminalidad, de poderes fácticos. Este esfuerzo en colectivo releva el concepto de libertad de las agrupaciones sociales para informar y para expresar esa información, como un pilar esencial de la democracia y como tal, busca asegurar la existencia de una sana diversidad en este ámbito, con robustos estándares éticos, evitando la concentración de medios en pocas manos y la manipulación de los mensajes que distorsionan de manera tendenciosa los contenidos.
Comunicadores y comunicadoras son, por lo tanto, potenciales agentes de cambio y trasformación social, que en su ejercicio contribuyen a la defensoría y promoción de los derechos humanos. Es importante mencionar que en este grupo que alza la voz, no sólo hay profesionales reconocidos por la academia, sino que lo componen una red importante de medios comunitarios, activistas, fotógrafos/as, documentalistas, reporteros en terreno, audiovisualistas y mucho voluntariado comprometido con las causas sociales, que realizan trabajo comunicacional en distintos ámbitos, muchas veces en escenarios de alto riesgo. Esta Ley modelo es mucho más que una defensa puramente gremial, es un instrumento para asegurar la integridad de quienes manifiestan el legítimo derecho humano al acceso a la información y por tanto, la cristalización de una demanda ciudadana que ha sido poco relevada como tal.
A nivel internacional, el derecho de acceso a la información (DAI) ya ha adquirido el reconocimiento de derecho humano, entendiéndose mucho más allá de un simple requerimiento de la gestión pública (INDH, 2012). Esta valoración se comprueba al ser un derecho incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 19), como también en otros acuerdos internacionales de relevancia como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 19):
Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19)
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13)
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19)
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Como organismo internacional de la cooperación alemana, la Fundación Heinrich Böll ha generado lazos y alianzas importantes con diferentes medios de comunicación comprometidos con estas propuestas transformadoras. Algunos ejemplos importantes dentro del accionar de la HBS en Latinoamérica son las alianzas con los medios El Faro, de El Salvador; Cuestión Pública y Rutas del Conflicto en Colombia, como también CIPER y el Colegio de Periodistas en Chile, quienes han denunciado entre otros, casos emblemáticos de corrupción, contribuyendo a la lucha contra la impunidad de quienes amenazan la democracia.
Posicionamiento internacional del proyecto
La Ley modelo de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, fue elaborada con el apoyo de la HBS, como una propuesta al sistema interamericano en 2021 en el marco de debates impulsados por la Escuela Latinoamericana de Periodismo por los periodistas Mauricio Weibel y Ricardo Rivas, junto a relatores de libertad de expresión de la OEA, representantes de la UNESCO y periodistas que han debido enfrentar situaciones de menoscabo y amenaza en América Latina.
Durante la presentación en la Conferencia Global de Unesco, se comentó los contextos e impactos en la prensa que tienen aquellas propuestas que permiten avanzar en la consagración de la protección al ejercicio informativo. En ese contexto, el periodista Mauricio Weibel, impulsor de la iniciativa y expositor en la Conferencia, destacó que esta ley modelo es una propuesta que nace de UNESCO para entregar un marco común para que los distintos países lo traduzcan en normas nacionales, esto a partir de las agresiones a prensa que han aumentado en diversas partes del mundo. Weibel señaló que a propósito de las diversas investigaciones en materia de corrupción y derechos humanos relacionadas a su trabajo, debió enfrentar espionaje de parte del Ejército y vulneraciones hacia él y su familia.
El destacado periodista argentino, Ricardo Rivas, parte de la Asociación de Corresponsales Latinoamericanos y en el Caribe, destacó que el proyecto de ley modelo implica dar cumplimiento de las indicaciones que daba los Estados miembros, el Plan de Acción de Naciones Unidas para la seguridad de periodistas y la cuestión de impunidad, donde se indicaba que para dar entornos seguros para el trabajo de la prensa era necesario que los países incorporaran en sus legislaciones estas recomendaciones. “Esto no se hizo, pero fue muy bueno que saliera, porque con los reportes de los relatores de la OEA nos dijeron que por no respetar esas indicaciones se están creando zonas silenciadas. De allí entendimos, que era necesario poner en funcionamiento lo que señalaba el Plan de Acción y por eso propusimos este proyecto de ley modelo para seguridad de periodistas y trabajadores de la información”.
La ley modelo es una norma que se encuadra en los tratados internacionales de derechos humanos como en los lineamientos de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los distintos llamados de las Naciones Unidas relativas a adoptar medidas nacionales y multimediales en favor de la protección de periodistas.
Ley de protección a periodistas en Chile
La bajada a los sistemas legales de cada país, es parte también de la coordinación global del proyecto para la implementación de esta ley. Es así como durante la conferencia global, la diputada chilena Nathalie Castillo, periodista y ex presidenta del Colegio de Periodistas de Chile presentó la adecuación a la ley modelo de UNESCO que se convertirá en proyecto de ley para proteger a la prensa chilena. La parlamentaria anunció que ingresará al Congreso en las próximas semanas y que espera un apoyo transversal en la tramitación incluyendo el patrocinio del Gobierno.
Castillo señaló que a partir de la protesta social en Chile aumentaron el número de ataques hacia la prensa y que de acuerdo a datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) se registraron más de trescientos ataques, principalmente cometidos por agentes del Estado. “De ellos, sólo sesenta están judicializados y apenas dos llegaron a la etapa de formalización. Sin embargo, a estos hechos hay que sumar otras vulneraciones a la libertad de prensa igual de graves como el espionaje a periodistas, las presiones indebidas de parte del ejecutivo hacia medios de comunicación”, manifestó.
La diputada además anunció que la moción establece una nueva definición de personas trabajadoras de las comunicaciones que busca proteger a personas que no siendo periodistas colaboran en la labor tales como camarógrafos, fotógrafos, apoyo técnico entre otras. La iniciativa también establece protección especial en caso de conflictividad social y el deber del estado a adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia y obliga a respetar el derecho de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Además, crea una especial protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones mujeres y disidencias sexuales.
Sin duda, la implementación coordinada de este proyecto conjunto marca un cambio de óptica de los y las trabajadores/as de las comunicaciones para los sistemas internacionales, relevando su rol como agentes de cambio desde una ciudadanía activa y proactiva, lo que es central en un momento histórico como el actual, donde las amenazas de autoritarismo y avance de ideologías extremas representan un peligro a la libertad.
This article first appeared here: cl.boell.org