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El informe de investigación tiene por objetivo analizar la pérdida de la independencia judicial en nuestro país, mediante la captura -por diversos medios-, del Órgano Judicial, y el impacto que esto tiene sobre aspectos que parecen abstractos pero que tienen su concreción en el día a día: el Estado de Derecho, la democracia, los Derechos Humanos, entre otros.
El informe aborda tres sucesos fundamentales a partir de la cual se consolida la irrupción en el Órgano Judicial: la destitución ilegal y arbitraria de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional el primero de mayo del 2021; la selección de magistrados propietarios correspondientes a la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso administrativo; y, finalmente, las Reformas a la Carrera Judicial.
La destitución inconstitucional y arbitraria de los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, llevada a cabo por la Asamblea Legislativa, sin ningún debate en la plenaria y sin derecho de defensa de los magistrados, violenta el principio de legalidad, derecho de defensa, las garantías del debido proceso, el principio de separación de poderes, de independencia judicial y en general el respeto al Estado de Derecho. La razón de la destitución fue, en términos sencillos, el desacuerdo con las resoluciones que había dictaminado la Sala, particularmente en el año 2020, a raíz de la pandemia y las medidas tomadas por el Ejecutivo. En continuación, la selección de las personas que sustituirían de facto a las personas destituidas no reunió las características básicas de transparencia.
En cuanto a la selección de cinco magistrados de Sala que vencían su periodo el pasado 30 de junio, se concluyó que existieron fallas estructurales en el proceso de elección de las magistraturas a la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un problema sistémico, que sale a relucir en cada elección. Aún cuando han existido mejoras, los cambios no han sido significativos en algunos casos. Los yerros del proceso residen en dos puntos neurálgicos: uno de ellos es que no existen filtros o baremos objetivos que permitan conocer con base en qué elementos se hace la elección. Como segundo punto, el consolidado de los treinta candidatos que pasan a la Asamblea Legislativa provienen de procesos con mecanismos de elección distintos; es decir, con un diferente nivel de escrutinio: uno con base en popularidad y otro no, por lo que se trata de un modelo disfuncional en el que no se tiene como prioridad garantizar que las personas seleccionadas sean las más cualificadas.
El 31 de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa, junto con el bloque de partidos aliados al oficialismo aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Las reformas implican que se debe separar el cargo a las y los jueces mayores de 60 años o quienes hayan cumplido 30 años en funciones dentro del órgano judicial.
Esto implica que un tercio de los jueces serán cesados en sus cargos. El decreto entró en vigencia el 25 de septiembre, lo que se ha traducido en la efectiva remoción del cargo de los jueces con más de sesenta años, así como el traslado de jueces que han cuestionado la reforma. La medida es discriminatoria y vulnera la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El documento concluye que este conjunto de eventos configura la intervención del oficialismo al Órgano judicial a través de métodos o acciones autoritarias y anti-democráticas. Esta captura tendrá un severo impacto en la tutela de los derechos a causa de la ausencia de instancias de control que puedan generar un contrapeso debido a que ha quedado comprometida la independencia judicial.
Puede descargar el informe completo dando click aquí.