Crónica Periodística
La violenta liquidación de las elecciones generales de noviembre próximo en Nicaragua no solo trajo más presos políticos que están siendo torturados, sino que sepultó las esperanzas de un cambio a través del voto. Las primeras consecuencias en la ciudadanía se ven en el aumento drástico de la migración forzada a Estados Unidos y Costa Rica a partir del mes de junio 2021, cuando la escalada represiva dejó claro el panorama: la implantación de una dictadura de partido único en el que la crítica es ilegal.
Los carceleros solicitaron a Lesbia Alfaro que le lleve medicinas para tratar síntomas de vértigo y mareo. La solicitud reafirmó las certezas de la madre: a Lesther Alemán, su hijo menor, lo están “torturando” en las nuevas celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Nuevo Chipote, en Managua, donde están sumidos 33 de los 37 presos políticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alemán, un líder universitario veinteañero, es uno de los reos que en peor condición física se encuentra. Sus familiares denunciaron que está bajo aislamiento, sometido a largos interrogatorios y la falta de alimentación ya mella su cuerpo como su mente.
Que le hayan pedido medicinas deja claro que la condición de su hijo es preocupante, próxima a un desplome físico y mental. El joven está tan demacrado que los huesos parecieran estar a punto de rasgarle la piel morena que ahora, a falta de sol en el encierro, es pálida. “Que Dios les toque el corazón y me permitan pasarle alimentos y que un médico lo atienda”, dice Alfaro con desasosiego. La súplica de esta mujer se estrella contra la indiferencia de la pareja presidencial Ortega-Murillo que, a través de estos presos políticos, ha dejado clara su apuesta de liquidación del proceso electoral de noviembre próximo, para consolidar un régimen de partido único en Nicaragua, como en Cuba. La radicalización es total, advierten analistas políticos, opositores y defensores de derechos humanos.
Junto al universitario están en prisión las precandidaturas presidenciales, líderes opositores, exguerrilleros sandinistas históricos, campesinos, empresarios, otros estudiantes y periodistas, quienes fueron apresados entre los meses de junio y agosto 2021. Fue una escalada represiva sin precedentes que dislocó todo el panorama sociopolítico en el país.
Tras las inéditas protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas con violencia letal por policías y paramilitares, el país quedó estancado en una severa crisis política y de derechos humanos. El régimen Ortega-Murillo instaló un Estado policial de facto que aplasta todas las libertades, frente a una oposición que comenzó a organizarse —pese al asedio— de cara a las elecciones generales del siete de noviembre. Esa fecha era considerada como plazo fatal para la resolución de la crisis a través del voto, a sabiendas que el gobierno se negaba a dar condiciones de transparencia.
Sin embargo, con la decisión de la pareja presidencial de encarcelar a opositores y anular todo signo de competencia electoral, se ha configurado un nuevo escenario: unos comicios en los que los Ortega-Murillo corren como candidatos únicos el siete de noviembre. Esto no sólo trastoca la política, sino que agrava la perenne violación de derechos humanos y la situación social de los y las nicas, en especial el plano económico, cuyas consecuencias más duras se expresan en los miles de nicas que desde el mes de junio, cuando perdieron la esperanza de poder votar, han migrado forzadamente a Estados Unidos y Costa Rica.
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La oposición no pudo ponerse de acuerdo en un solo bloque, ni en la elección de un candidato o candidata única. Fueron meses de diferencias internas hasta que, a finales del mes de mayo, luego de la anulación del Partido Restauración Democrática (PRD) —que dejó sin casilla a la Coalición Nacional, una plural organización conformada por fuerzas políticas y sociales nacidas en las protestas de abril de 2018—, el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) quedó como última opción.
CxL era una agrupación de derechas y muy propensa a las críticas por el sectarismo de sus dirigentes. Sin embargo, a regañadientes abrieron su mecanismo de inscripción de candidatos para albergar a los precandidatos opositores que quedaron huérfanos de casilla. Fue en ese momento cuando el régimen detonó su arsenal represivo.
La primera precandidata presidencial en ser perseguida y procesada por un supuesto delito de “lavado de dinero” fue, sin sorpresas, la más popular según las encuestas: Cristiana Chamorro. Chamorro era directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cargo al que renunció al anunciar su aspiración presidencial. La precandidata carga con el legado moral de sus padres, la expresidenta Violeta Barrios y su padre, el héroe nacional y periodista Pedro Joaquín Chamorro. Esa herencia explica en parte la confianza de la población sobre el resto de aspirantes.
La casa de habitación de la precandidata fue allanada el dos de junio por un grueso operativo de las tropas especiales de la policía, y desde ese momento quedó instalado un Estado de terror en el país. Todos los precandidatos comenzaron a ser apresados, así como líderes sociales, campesinos, empresarios y universitarios. Los allanamientos que implicaban las capturas eran ejecutados de noche, maximizando la zozobra.
“La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias. Tan solo el 31 de agosto, el Ministerio Público comenzó a autorizar las visitas. Varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos”, denunció la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el marco de la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrado la semana pasada.
La mayoría de presos y presas políticas fueron acusadas de “traición a la patria”, en base a la Ley de Soberanía del Pueblo aprobada en 2020 por el gobierno, junto a otras normativas punitivas como la Ley de Ciberdelitos, cadena perpetua y Ley de Agentes Extranjeros. Todas ellas han servido para acallar toda voz crítica y cerrar por completo la salida electoral.
“Definitivamente la salida de noviembre ya no está en el panorama”, alerta el exdiputado opositor Eliseo Núñez. Él cree que Ortega se está preparando para la perpetuación en el poder y, tras lo que llama el “simulacro electoral”, el mandatario estaría pensando en hacer ciertas concesiones que le permitan seguir gobernando, sobre todo para esquivar más sanciones internacionales y el desconocimiento de su futuro gobierno ante la comunidad internacional.
“Desde antes de la cancelación de CxL la elección ya no resolvía el tema de la crisis sociopolítica, porque CxL estaba participando en una especie de martirización política. Es decir, estaba llegando a ese punto para forzar al régimen a hacer el fraude electoral. Lo que sí definitivamente pasó es que Ortega convirtió lo que iba a ser un fraude material en un fraude intelectual. En una simulación”, dice Núñez.
El opositor, quien se encuentra en un lugar no determinado para resguardar su seguridad, se refiere con un fraude intelectual a las medidas impuestas por el controvertido Consejo Supremo Electoral (CSE) para disimular la alta abstención que las encuestas prevén tras la liquidación del proceso.
“Están simulando un proceso y lo primero fue la reducción de un 25% de los centros de votación. Esto quiere decir que la gente tiene que viajar más o agolparse más en los lugares para poder votar. Y la segunda cosa fue el proceso de verificación que Ortega comenzó a vendernos como un proceso con una alta participación”, dice Núñez, anotando que el proceso de verificación ciudadana se realizó antes de que los comicios dejaran de ser una opción.
“Sin candidatos a quienes enfrentarse y que le den legitimidad, Ortega tiene que centrarse en dos cosas para tratar de vender legitimidad: que hubo una alta participación ciudadana en las elecciones y que hay una ‘calma’ de quienes participaron y lo adversan”, explica el analista político. “Es una torcida reconstrucción del contrato social. Cuando la población no hace nada para rechazar lo que se impone por ley, se vende una aceptación tácita de su contrato social… Pero es una simulación, porque todo está dado dentro del marco de un control enorme de los poderes del Estado y de unos niveles de represión en los que la gente no expresa su voluntad, no porque no esté de acuerdo, sino porque la represión les causa terror”, agregó Núñez.
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La doctora Vilma Núñez se espanta cada vez que alguien toca el timbre de su casa. “Es como esa sensación de espera de algo fatal”, describe la veterana defensora de derechos humanos. Ella es una de las poquísimas voces críticas que no ha callado o se ha exiliado en Nicaragua ante la amenaza de cárcel. Aunque en 2018 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que presidía fue confiscado por el gobierno, ella sigue documentando la violencia estatal.
Aunque cada vez es más difícil, por no decir imposible.
La escalada represiva del régimen sandinista ha provocado un “apagón informativo” sin precedentes en tiempos de paz en el país. La persecución frontal contra el periodismo independiente, que pasa por las confiscaciones de redacciones, imposición de cárcel, campañas de desprestigio y hostigamiento sistemático, ha generado una apabullante autocensura.
El periodismo ha sido el primer flanco porque, a través del caso de supuesto “lavado de dinero” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Fiscalía ha criminalizado el oficio de reporteros. Más de una treintena de periodistas hemos desfilado ante unos rabiosos fiscales que intentan que revelemos nuestras fuentes de información. Y en otros casos la amenaza es más directa con la Ley de Ciberdelitos. Dicha normativa establece que el gobierno se arroga la facultad de decidir cuándo una noticia es falsa, “fake news”, y de allí puede imponer entre uno a ocho años de prisión a un reportero.
También los médicos que, ante la falta de información oficial y la negligencia ante la pandemia de COVID-19 que denuncian, han sido amenazados con Ciberdelitos. Esto ha generado una bola de nieve de autocensura, que ha empezado por los medios de comunicación. Las redacciones han decidido que sus periodistas no firmen sus artículos por protección, mientras que las fuentes de información que se atreven hablar lo hacen bajo condición de anonimato. Todo un caldo de cultivo que facilita la invocación al régimen de la Ley de Ciberdelitos.
“Definitivamente se profundiza la imposibilidad de defender los derechos humanos. Cuando los espacios institucionales se cierran absolutamente, como es el caso, y no hay respuesta de ninguna institución, la denuncia pública es la única alternativa que queda para que la gente se dé cuenta que le están violando sus derechos”, dice la doctora Núñez, una de las pocas que habla con nombre y apellido. “La denuncia pública sirve para que las violaciones de derechos humanos que otra gente está enfrentando se sepan, provoquen solidaridad, pero además que no le suceda a otras personas. El silencio informativo para los organismos de derechos humanos como nosotros, que trabajamos en el terreno, es una limitante muy grande”.
Las confiscaciones de Confidencial y el diario La Prensa, el más longevo del país, durante el período de junio a la fecha, ha agravado los miedos en el periodismo. Si bien no ha callado, las redacciones han sufrido daños directos y colaterales significativos. Personal de medios de comunicación ha sido despedido, mientras que al menos una veintena de periodistas han tenido que exiliarse forzadamente. El caso más sobresaliente es el de Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, quien huyó a Costa Rica por segunda vez en menos de tres años, luego que el régimen lo acusara de lavar dinero y la policía allanara su vivienda.
Lo mismo sucede con los opositores que no han sido apresados. Han huido hacia Costa Rica o se han resguardado en el país. La única opción que ha quedado ha sido el anonimato o el silencio total, no solo para protegerse ellos sino a sus familiares. Entre la oleada de exiliados políticos sobresalen líderes sociales, opositores, defensores de derechos humanos quienes prefieren decir públicamente que han salido del país para evitar una acusación que automáticamente los convertiría “en prófugos”. “Nadie quiere hablar”, dice un colega de un diario digital.
“Creemos que es necesario continuar la lucha, aunque cada día la lucha se dibuja más a nivel interno”, agrega la doctora Núñez. “Todo el mundo tiene como primer deber preservar su vida. Por seguridad se han ido muchas personas del país. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aguantar los que estamos adentro? ¿Hasta cuándo terminará nuestra zozobra? No creás que los que estamos en Nicaragua estamos tranquilos; que estamos diciendo estamos luchando. Más bien es una zozobra, una inseguridad… es esa sensación a la espera de algo fatal”.
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La sociedad civil tanto como la oposición han sido desarticuladas por completo por la represión, advierte una integrante de la Coalición Nacional bajo anonimato. “Si las elecciones de noviembre era la fecha para una posible resolución de la crisis, ahora ya no lo es más. Tenemos que prepararnos para una carrera de largo plazo y eso afecta a todos, en especial a la población que se está yendo ante un panorama sin salida”, dijo.
Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica reafirman lo que dice la integrante de la Coalición Nacional. Datos publicados hasta julio pasado revelan que la cantidad de nicaragüenses que solicitaron refugio a partir de junio se triplicó, mes en el que la escalada represiva se agudizó y quedó claro que las elecciones generales dejaron de ser una alternativa. El promedio mensual de solicitudes de refugio era de 1 mil 300 y en junio pasaron a ser de 4 mil 378.
Otro dato alarmante viene del norte. En lo que va de año fiscal en Estados Unidos (de octubre de 2020 a julio de este año), las autoridades migratorias de ese país registraron que 33 mil 184 nicaragüenses trataron de ingresar por la frontera sur sin documentos, el número más alto en las últimas décadas. En julio, 13 mil 391 nicas fueron registrados en la frontera, casi el doble de los de junio (7 mil 441) y más del triple que en mayo (4 mil 451). Un aumento sostenido que evidencia el hartazgo que invade a los nicaragüenses ante el cierre del espacio de las libertades públicas, algo que impacta en la economía diaria con el creciente desempleo y la inseguridad ciudadana.
Lo relevante de estos datos migratorios es que, si bien Costa Rica sigue siendo un destino para los exiliados, sobre todo para opositores, periodistas y ciudadanos en general, Estados Unidos se ha vuelto la principal opción en el último año para quienes huyen de la crisis social y económica.
Una de las razones principales es que Costa Rica está saturada de nicaragüenses. Solo en 2018 y 2019, tras las protestas y el primer éxodo causado por la violencia policial y paramilitar, más de 100 mil personas pidieron refugio en ese país vecino. Sin embargo, la nueva oleada migratoria que provoca la crisis política entiende que en Costa Rica las cosas no andan tan bien. La pandemia de COVID-19 hirió la economía tica y el desempleo ha aumentado.
Lo nuevo en la ecuación fue la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Aunque no ha flexibilizado totalmente el tema migratorio, los nicaragüenses creen que el demócrata tiene un trato más amable para los migrantes en contraste a su predecesor Donald Trump. “En las caravanas de centroamericanos eran poquísimos o ninguno los nicaragüenses que iban, pero ahora hay pequeñas caravanas de nicas de las que nadie está hablando”, acota un experto en la materia que, también por miedo, pide no ser identificado.
Exponer esa situación a través de su Twitter le costó la cárcel al popular periodista deportivo Miguel Mendoza. Cuando publicó un tuit advirtiendo sobre los nicas en caravana hacia Estados Unidos, la propaganda oficial lo descalificó con furia durante semanas, hasta que eso condujo a su detención el 23 de junio. La Fiscalía lo acusó de “traición a la patria” por “realizar actos que menoscaban la soberanía”. La acusación contra el cronista deportivo está sustentada en mensajes que publicaba en redes sociales. Su delito tipificado como “traición a la patria” es por pensar diferente y expresarlo.
Mendoza está encerrado en la misma cárcel que el universitario Lesther Alemán y los otros presos políticos. También sufre desnutrición por la mala alimentación y los maltratos en El Nuevo Chipote. “Está casi irreconocible”, dijo su esposa Margin Pozo. Los familiares de estos presos políticos han lanzado un grito de alarma por las torturas que sufren a manos de los carceleros. Todos han perdido entre 17 y 35 libras de peso y su mente comienza a flaquear.
“Sufren enfermedades gastrointestinales debido a la mala alimentación lo que les ha llevado a un estado de desnutrición severa, palidez extrema ya que muchos no tienen acceso al sol”, denuncia un comunicado difundido por 19 familiares de los 36 presos políticos, después que el régimen permitió visitarlos tras 90 días bajo total aislamiento.
Los presos políticos también están siendo sobremedicados, en un intento, dice un familiar, de que ello se conjugue con la mala alimentación para “quebrarlos”. “Hay desorden en la administración de los medicamentos. Quienes padecen enfermedades crónicas no tienen certeza de qué medicamentos les entregan, ya que van sin nombre ni etiqueta, e incluso se ha logrado identificar sobremedicación”.
Los familiares denunciaron que los carceleros han solicitado nuevos medicamentos que los presos políticos no consumían ni necesitaban antes de su detención. Sin embargo, no han permitido valoraciones médicas que permitan determinar las condiciones reales de salud.
El peor semblante lo presentan los presos políticos de mayor edad, quienes tienen combos de enfermedades o los aquejan padecimientos crónicos. Son ocho los presos políticos mayores de 60 años y, según el Código Procesal Penal y la Ley del Adulto Mayor, tienen derecho a una opción cautelar diferente a prisión. “Puede terminar en una fatalidad para los mayores”, advierte uno de los familiares.
“Esos hechos son hechos típicos de tortura y son peores que muchos de los que, incluso, se reconocen en las listas tradicionales de hechos de tortura”, sostiene la doctora Vilma Núñez. “Son métodos más sutiles. Nadie dice que estarles realizando los juicios dentro de la misma cárcel ya es un acto de tortura. Los juicios se celebran en una sala que queda pegada a la celda. Eso es violatorio. Aunque no los dejan salir de los perímetros de El Chipote, los llevan esposados; a uno con esposas metálicas, como fue el caso de Víctor Hugo Tinoco, o a Hugo Torres que fue con bridas. A Ana Margarita Vigil, que está tan flaquita, los anteojos ya le quedan grandes y se los tienen que estar subiendo. Todas esas son torturas verdaderamente crueles”.
Las denuncias de los familiares de los presos políticos han conmocionado al país en las últimas semanas, en un momento que la Covid-19 ha llegado a su punto más alto de contagios y muertes desde su aparición en marzo de 2020. La conversación política, sobre la salida electoral en específico, por ahora ha sido desplazada por los gritos de desesperación humanitaria contra la tortura y por la pandemia.
“Este es el momento en que la oposición tiene que reagruparse basado en temas muy básicos. Los temas son el retorno de las libertades al país, el retorno de la democracia y la construcción de un país inclusivo. Además de ofrecerle a la población que hay capacidad de crecer económicamente aún en democracia... Y es horrible decirlo así, pero eso es lo que Ortega plantea: que la democracia no ha llevado crecimiento al país. Para eso hay que dialogar y creo que lo primero que tiene que hacer la oposición es un diálogo interno entre todas las fuerzas opositoras que están dentro y fuera del país”, dice el exdiputado Eliseo Núñez.
Y aunque es un tema difuso, un empresario advirtió que su gremio juega un papel fundamental para el futuro inmediato y a mediano plazo de Nicaragua. “El siguiente paso de Ortega es la extorsión a la empresa privada, para obligarla a sentarse y lograr un acuerdo con ellos, basado en temas económicos y no en temas políticos, para regresar a esa especie de cohabitación que existía antes de 2018. Está en las manos del capital decidir entre desarrollo sostenible o corporativismo que no es viable para un país”, dijo el empresario que resiente el silencio de las principales cámaras empresariales ante la sin salida del país, mientras las madres, como la de Lesther Alemán sufren la tortura de sus hijos.