En El Salvador, así como en la mayoría de los países que han transitado de conflictos militares o sociales hacia procesos de pacificación, conviven dos narrativas mutuamente confrontadas: la de las víctimas y la de los victimarios. Difícilmente encontramos tonos intermedios entre estas dos posturas.
El primero de esos relatos lo representan colectivos locales de víctimas, familiares y organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, recogiendo la voz de quienes sufrieron los horrores de la guerra civil que El Salvador vivió de 1980 a 1992. El segundo, expresada generalmente en el discurso oficial, niega sistemáticamente la existencia de violaciones a los derechos humanos, invisibiliza el clamor de las víctimas, desconoce la necesidad de la verdad, de la justicia, de la memoria y de la reparación, y propone soluciones de perdón y olvido como mecanismo para que enfrenten su futuro.
Mientras no sean atendidas sus legítimas demandas, las víctimas continuarán reivindicando sus derechos, tal como sucede actualmente en países donde la lucha de los hijos y las hijas de personas desaparecidas, asesinadas o torturadas hace tres o cuatro décadas, ha ido siendo relevada gradualmente por nietos y nietas que retoman la estafeta de la dignidad de sus ancestros y sus ancestras.
¿Pero qué motiva a que también persista la narrativa de los victimarios? En El Salvador, desde los años del conflicto armado, el discurso que esconde esta realidad y protege a responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ha pretendido ser impuesto en el ideario colectivo. También ha sido asumido por las instituciones estatales, incluyendo a las entidades encargadas de impartir justicia, lo cual se comprueba con los nulos avances en las investigaciones de estos crímenes. A la fecha, no se ha condenado a un solo responsable de estos graves delitos, ni se ha reparado dignamente a las víctimas, a pesar de que existen condenas internacionales contra el Estado por estos delitos.
La Fundación Heinrich Böll y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) han coincidido en el propósito de abrir un diálogo en el que se estudien las razones, efectos y actores de estas narrativas que se han mantenido a lo largo de los años, dada la innegable influencia que ejercen sobre las decisiones estatales que han impedido que se conozca la verdad, se supere de impunidad y se repare a las víctimas civiles. Esta conversación también debería abordar las oportunidades que tienen las víctimas para enfrentar estas narrativas de impunidad y posicionar su agenda de justicia y reparación.
Estamos ante una realidad en El Salvador actual, en la que persisten y se profundizan los negacionismos, tanto del pasado como del presente. En este contexto socio político hay una tendencia, no declarada oficialmente pero evidente en las decisiones estatales, que busca sepultar el pasado y jugarse nuevamente el riesgo de repetir prácticas institucionales que provocaron graves violaciones a los derechos humanos, como el militarismo, el uso abusivo de las fuerzas del orden, la manipulación institucional, el patriarcado en la administración pública, el quiebre de los contrapesos y de la contraloría social.
Con esta actividad, queremos sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, propiciando este debate para contribuir a la identificación de las tareas que como sociedad aún tenemos pendientes.