El Centro de Derechos Reproductivos y su aliada local Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador (Agrupación Ciudadana) celebran la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enviar el caso de Manuela v. El Salvador a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Manuela era una mujer salvadoreña, de escasos recursos, que no sabía leer ni escribir y que fue encarcelada injusta y arbitrariamente después de sufrir una emergencia obstétrica en la zona rural en la que vivía. Tras un juicio penal cargado de irregularidades y estereotipos de género, Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado, y murió tan solo 2 años después, en 2010, por no recibir tratamiento de salud de un linfoma de Hodgkins. Su caso fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana a la CIDH el 21 de marzo de 2012.
El caso de Manuela representa los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en El Salvador debido a la prohibición total del aborto, una de las leyes más restrictivas del mundo. Durante casi 20 años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias -incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer- imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud que busca y provee, respectivamente, un servicio de salud reproductiva. Esta penalización ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, como abortos espontáneos, partos extrahospitalarios, entre otras, quienes luego son acusadas de tener abortos y son injustamente condenadas por homicidio.
La llegada de este caso a la Corte IDH permitirá crear estándares que todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán acoger y cumplir para garantizar el derecho a la vida, integridad y salud de las mujeres, incluyendo a las mujeres privadas de su libertad. También, permitirá establecer precedentes para que investigaciones y juicios contra mujeres se ajusten al debido proceso y a las garantías judiciales; para que los y las operadoras de salud respeten y garanticen el secreto profesional; y para que El Salvador asuma y cumpla con su responsabilidad internacional por no satisfacer y garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
“La llegada de este caso a la CorteIDH es el paso más decisivo para la búsqueda de justicia de la familia de Manuela, quienes deben ser reparados por las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos. Asimismo, es una victoria de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres”, declaró Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
«Tenemos esperanza que la demanda de justicia que no hemos encontrado para Manuela, sus hijos y su familia en El Salvador, pueda encontrar respuesta favorable en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que sus hijos puedan sentirse orgullosos de la imagen de su madre, que no fue una asesina sino una víctima de violación de muchos de sus derechos. Tenemos esperanza de que se les repare por el daño que les han causado y esto a su vez ayudará a otras mujeres que, por ser jóvenes y vivir en pobreza, han sido objeto de injusticias y que hoy están en la cárcel por crímenes que nunca cometieron. Esta decisión también nos da esperanza de que la ley que penaliza de forma absoluta el aborto y que genera tanto sufrimiento innecesario en las mujeres, es una ley que sí podemos cambiar», declaró Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana.
El caso de Manuela representa las barreras que sufren las mujeres en El Salvador para garantizar sus derechos y es un ejemplo de los diferentes tipos de discriminación que estas enfrentan por parte de operadores de salud y de justicia, quienes evitan permanentemente que las mujeres sean tratadas con igualdad y equidad.
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