Considerado el país con la prohibición más estricta del aborto, El Salvador es el único país del mundo que acusa y encarcela a mujeres con regularidad, por causas relacionadas con la restricción del procedimiento. Las penas por abortar son de ocho años, pero como a las mujeres terminan acusándolas de homicidio, terminan recibiendo condenas de mucho más tiempo.
El juez de Tribunal de Sentencia de Usulután, en el oriente de El Salvador, absolvió este lunes 17 de diciembre a Imelda Cortez, una mujer de 20 años que enfrentaba un juicio acusada de homicidio agravado en grado de tentativa tras sufrir un parto en una letrina. Según el juez, Imelda es inocente de los cargos que se le acusaban.
Durante el último año, Imelda estuvo presa, acusada de intento de homicidio: la hija que tuvo de su padrastro no murió, pero aun así insistían en señalarla de quererla matar, mientras ignoraban las pruebas del abuso que ha sufrido.
La acusación fiscal señalaba que el 17 de abril del 2017, Cortez buscó ayuda médica en el hospital de Jiquilisco porque tenía un sangramiento excesivo y al evaluarla se percató que la paciente había tenido un parto extrahospitalario. El hospital avisó a la Policía Nacional Civil, quien inspeccionó la casa de ella, encontrando a una recién nacida en la fosa séptica.
La defensa ha establecido que Cortez Palacios fue violada desde los 12 años de edad por su padrastro, quien tenía 70 años de edad y en 2016 quedó embarazada de él.
Cortez, según la Fiscalía General de la República, negó haber dado a luz en la fosa séptica de su casa cuando fue interrogada en el hospital; la defensa ha negado la acusación y señala la joven ha sido víctima de abusos sexuales.
La defensa de Imelda ha reclamado que al sistema de justicia salvadoreño “le falta perspectiva de género”, y que aunque reconocieron la calidad de víctima de Imelda, no le han dado ese tratamiento.
Bertha Deleón, defensora de Imelda, manifestó antes que esperaba que al finalizar el juicio la justicia le otorgara la libertad a Cortez. “Ahora está señalado el juicio, nosotros esperamos que Imelda sea absuelta; Imelda no ha cometido delito, más bien la fiscalía está cometiendo una gran injusticia y una gran irregularidad, no hay forma de probar el dolo y la intención de matar a la recién nacida es una mujer sobreviviente de violencia sexual, es una víctima de su propio padrastro desde que tenía 12 años de edad obviamente no es una mujer en condiciones normales, o una mujer promedio que pudo haber reaccionado de manera diferente en este caso, ella en ningún momento quiso matar a su bebé; tuvo un parto en letrina eso es muy común en los cantones de este país y la Fiscalía no tiene como probar este delito”, dijo esta mañana.
La abogada recordó que en diferentes momentos habían pedido una revisión de medidas para la joven Imelda Cortez, pero que fueron negadas alegando que el delito del que se le acusaba era grave.
Por su parte, la abogada de Derechos Humanos, Paula Ávila Guillén, informó a través de su cuenta de Twitter que Imelda Cortez había quedado en libertad. "La pelea continúa para las decenas de mujeres que están encarceladas injustamente en El Salvador, muchas de ellas, víctimas de violencia sexual", escribió.
A las afueras del centro judicial de Usulután, a unos 90 kilómetros de San Salvador, la esperaban familiares y activistas, a quienes abrazó a su salida.
Este caso puso de relieve la terrible violencia institucional que existe en el país en contra de las mujeres más pobres. Se trata de una niña que resultó embarazada cuando todavía era una menor de edad, después de ser violada por su padrastro de 70 años.
Considerado el país con la prohibición más estricta del aborto, El Salvador es el único país del mundo que acusa y encarcela a mujeres con regularidad, por causas relacionadas con la restricción del procedimiento. Las penas por abortar son de ocho años, pero como a las mujeres terminan acusándolas de homicidio, terminan recibiendo condenas de mucho más tiempo.
A pesar de la presión nacional e internacional, en abril de 2018 la Asamblea Legislativa se negó a discutir la ley que hubiese permitido el aborto cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo o en casos de violación de una menor.
Nota con reportes de Univision.com y Diario El Mundo.
