Ante los recientes acontecimientos suscitados por el ingreso a México de miles de personas de origen centroamericano en el marco de la Caravana Migrante, la Fundación Heinrich Böll México y El Caribe hace eco de las preocupaciones expresadas en los últimos días por diversas organizaciones mexicanas con las que coopera.
La inseguridad e incertidumbre en la que miles de personas están atravesando el territorio mexicano representa en sí misma una crisis humanitaria, a la que el gobierno mexicano debe responder con apego a los estándares internacionales en derechos humanos, derecho humanitario y derecho de asilo y refugio.
Quienes se ven forzados a desplazarse debido a un contexto de violencia y pobreza generalizada, en donde las condiciones mínimas de vida digna y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, tienen el derecho internacionalmente reconocido a buscar asilo y a que sus casos sean procesados sin más requisito que la simple solicitud.
Luego de la confrontación entre la policía federal mexicana y la Caravana en el río Suchiate, las organizaciones advirtieron que el actuar de las autoridades puso a miles de personas al borde de una situación de emergencia, y demandaron una reconducción inmediata de lo que calificaron como “un enfoque militarista y de seguridad nacional que ha puesto en grave riesgo a las personas migrantes, generando un contexto de violencia física e institucional dejando tras de sí una serie de violaciones a derechos humanos”.[1]
El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas tendrán un mayor impacto sobre las personas más vulnerables de la Caravana, como niñas y niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
En los últimos días, un gran número de organizaciones de Derechos Humanos y de apoyo a personas migrantes se han articulado para dirigirse al gobierno mexicano, así como a los organismos internacionales de DH y al público en general, para enfatizar la responsabilidad del Estado de proteger los derechos de los migrantes y refugiados y proveerles refugio. En distintos comunicados, las organizaciones han enfatizado, entre otras acciones:
- Priorizar la atención humanitaria y el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en la Caravana, protegiendo el interés superior de la niñez y brindando apoyo especial a las personas más vulnerables.
- Que no se haga uso de la fuerza pública en contra de las personas desplazadas, ni se les prive arbitrariamente de la libertad.
- Que México cumpla las garantías de protección a la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas desplazadas, con apego a los estándares internacionales.
- Participación coordinada de los organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos para evaluar las necesidades de protección y asistir a las personas desplazadas.
- Que exista una respuesta coordinada de los distintos niveles de gobierno para dar una respuesta humanitaria que garantice el acceso a la atención en salud, protección civil, y seguridad pública de las personas desplazadas.
- Que el Estado informe puntual y oportunamente sobre la situación, las medidas que se están tomando, así como de los procedimientos migratorios y de asilo.
- Que se garantice la seguridad y no criminalización de defensoras y defensores de los derechos humanos que acompañan a las personas desplazadas.
A estas peticiones, se suma el exhorto generalizado para que las comunidades a lo largo del camino de la Caravana Migrante, manifiesten su solidaridad con las personas que han abandonado sus lugares de origen en Centroamérica.
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