Teodora del Carmen Vásquez recuperó su libertad este 15 de febrero, luego de estar encarcelada 11 años por un crimen que no cometió. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública conmutaron la pena de 30 años de cárcel porque “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”.
Esto de acuerdo al documento firmado por los magistrados y magistradas. En su resolución, la Corte, después de examinar la sentencia de mérito, el dictamen criminológico y las razones que exponen los solicitantes para acceder a la conmutación de la pena, considera que la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando.
La Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto acompaña a Teodora desde el año 2014 y defendió en reiteradas ocasiones su inocencia. En 2014, la Agrupación pidió a la Corte que indultara a Teodora; sin embargo, en esa ocasión, la CSJ emitió un dictamen desfavorable. El 18 de noviembre de 2015, la Agrupación solicitó la conmutación de la pena. El dictamen favorable de la Corte fue firmado por los magistrados y magistradas el 31 de enero de 2017.
En mayo de 2017, el abogado defensor de Teodora solicitó la revisión de la sentencia por los graves errores judiciales y porque la resolución del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador carecía de criterio científico y legal. Teodora ingresó al sistema penitenciario el 21 de julio de 2007 cuando tenía 24 años y fue condenada por ese Tribunal el 1 de febrero de 2008, desde entonces fue separada de su primer hijo, actualmente de 14 años, con quien ha tenido poco contacto durante esta última década. Ella trabajaba como cocinera en la cafetería, en un colegio. El 13 de julio de 2007, experimentó una emergencia obstétrica por lo que llamó en reiteradas ocasiones al 911 de la PNC en busca de un auxilio que nunca llegó.
Así, tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la institución educativa donde laboraba. Incluso conociendo esta información, el Juzgado Segundo de Sentencia violentó de manera directa y manifiesta la garantía constitucional de presunción de inocencia; ya que en el juicio no se presentaron pruebas contundes de la existencia de un delito. Teodora no es la primera mujer salvadoreña condenada injustamente por este mismo juzgado y que recibe la conmutación de la pena. Le precede el caso de Isabel Cristina Quintanilla, condenada a 30 años de prisión por hechos similares, quien por razones de justicia y equidad y por considerar que la pena era excesiva, severa, desproporcionada e injusta, se le conmutó la pena a tres años de cárcel.
Para la Agrupación Ciudadana, la conmutación de la pena de Teodora es importante porque le permite regresar a su familia, sin embargo, no es suficiente porque no reconoce su inocencia. Es por ello que se realizarán acciones judiciales para demostrar que no cometió ningún delito y se le concedan medidas de reparación para su reinserción en la sociedad. Asimismo, reitera que penalizar el aborto castiga especialmente a las mujeres con escasos recursos económicos, quienes no tienen acceso a los sistemas educativo, de salud y justicia.
En El Salvador el aborto está prohibido en cualquier circunstancia desde 1998, cuando las reformas al Código Penal entraron en vigencia. En una treintena de casos, la Fiscalía ha acusado de homicidio y homicidio agravado a mujeres que han padecido partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas, esto ha provocado condenas que van desde los 30 hasta los 40 años de cárcel.
Por su parte, organizaciones internacionales han hecho un llamado para que las autoridades salvadoreñas revoquen la prohibición total del aborto y garanticen que este pueda practicarse de forma segura y legal cuando la salud y vida de las mujeres esté en riesgo, en caso de violencia sexual, incesto o cuando no exista la posibilidad de que el feto sobreviva fuera del vientre de la mujer.
Para la Agrupación es necesario que estos casos no se sigan repitiendo y que tal como recomendó el 3 de marzo de 2017, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus “Observaciones a El Salvador” se revise el artículo 133 del Código Penal para despenalizar el aborto; y se introduzca una moratoria en la aplicación de la ley vigente y revise la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto con el fin de garantizar su liberación.
● Es la oportunidad de que el Sistema Judicial revise los casos de Las 17 y más, mujeres que siguen encarceladas por una situación parecida a la de Teodora, concediendo un indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su liberación.
● Así mismo, la Asamblea Legislativa debe de reformar la legislación sobre aborto para que no se induzca más en situaciones y errores judiciales como el sufrido por Teodora y otras 30 mujeres que aún están en la cárcel.
Celebramos que la conmutación de pena permita la libertad de Teodora y el que pueda reunirse con su hijo y su familia. Por nuestra parte seguiremos luchando para probar su inocencia
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