En consonancia con los múltiples pronunciamientos públicos en apoyo a la CICIG-las organizaciones aquí firmantes expresamos nuestra mayor preocupación y nuestro más firme rechazo a la declaratoria de non grato al Comisionado Internacional Iván Velásquez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), efectuada por el Presidente Jimmy Morales.
Compartimos plenamente las inquietudes expresadas por representantes de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y otras partes del mundo. En este contexto, las organizaciones firmantes saludamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de otorgar el amparo al Procurador de los Derechos Humanos, con el cual se deja sin efecto en definitiva la decisión del Presidente de la República, Jimmy Morales, de pretender expulsar del país al Comisionado Iván Velásquez Gómez.
En este sentido, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a tomar todas las medidas necesarias para garantizar plenamente la seguridad de los magistrados que otorgaron el amparo. La destitución unilateral del Comisionado Velásquez hubiera implicado una violación del Convenio bilateral sobre la creación de la CICIG, firmado entre la organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, ya que el convenio establece claramente que el personal de la CICIG no puede ser objeto de represalias y que los conflictos tienen que ser resueltos por medio de la negociación entre las partes y no a través de decisiones unilaterales.
Asimismo, hubiera significado una evidente contraposición a la propia decisión del Gobierno de Guatemala del año pasado de prolongar el mandato de la CICIG por tres años más. La necesidad de combatir efectivamente la corrupción y la impunidad ya se identificó hace más de veinte años cuando el Gobierno de Guatemala firmó el compromiso de “combatir cualquier manifestación ... de Cuerpos de Seguridad Ilegales y Aparatos Clandestinos” (Acuerdo Global sobre Derechos Humanos). Terminar con este compromiso significaría “de facto” una ofensiva contra la constitucionalidad del Estado, la independencia de la justicia y también la paz.
El desempeño del mandato de la CICIG ha sido y es de fundamental importancia para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Durante todos los años de su existencia ha contado con el respaldo amplio y firme de la comunidad internacional y de muchos órganos del Estado guatemalteco y la población en general. También ha jugado un papel clave en la lucha de la sociedad civil guatemalteca por los Derechos Humanos y una sociedad más justa.
Las organizaciones firmantes instamos a las autoridades guatemaltecas a brindar su apoyo incondicional a la labor de la CICIG y del Comisionado Velásquez, y solicitamos que toda persona investigada por este órgano internacional se abstenga de interferir en su constitución independiente y de perjudicar su funcionamiento y su labor en general.
Firman:
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst e.V.
CAREA e.V.
Christliche Initiative Romero e.V.
Deutscher Caritasverband e.V.
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V.
Guatemalagruppe Nürnberg e.V.
Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
HondurasDelegation
INKOTA-netzwerk e.V.
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
Kindernothilfe e.V.
medico international e.V.
Misereor e.V.
Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V.
Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V.
Terre des Hommes Deutschland e.V.
Weltnotwerk e.V. der KAB
30 de agosto 2017