Foro Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida

Posicionamiento del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida XV encuentro regional “Tejiendo raíces para la resiliencia”

El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida, como plataforma regional, articula a un conjunto de aproximadamente 300 organizaciones y movimientos sociales de Centroamérica y el Caribe. Desde su creación ha facilitado el desarrollo de acciones para posicionar la resiliencia y defensa del territorio como Derecho Humano, propiciando diálogos permanentes con el fin de posicionar, en los espacios de negociación y participación nacionales e internacionales, las prioridades territoriales y de los Pueblos identificadas a lo largo de Centroamérica y el Caribe, para impulsar la sustentabilidad. Con este fin, nos hemos dado cita en el XV encuentro regional, que contó con la participación de 115 representantes de 38 redes, organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, juventudes de nuestra región.

La ciencia nos está alertando que la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. Estudios recientes muestran que entre 2001 y 2022, la temperatura media de la región estuvo entre los 25.5°C y los 26.6°C, con mayor intensidad en el Corredor Seco, donde alcanzó los 30°C. Según las proyecciones climáticas es probable que la región alcance el incremento de 1.5 grados en el 2025. Los episodios de sequía e incrementos de temperatura generarán más déficit de agua en diversas zonas de la región.

Aunado a esto, entre 2015 y 2022, se perdieron 3,765,800 ha de bosque, que representan el 9% de la superficie de la región. Se está perdiendo el bosque a un ritmo mayor del 1% anual. Las áreas de cultivos perennes incrementaron en 2,654,000 ha, los pastos crecieron en 1,716,500 ha, equivalentes al 4%, disminución de humedales en 253 mil ha. El 16% del territorio de los países está concesionado para minería. Hay un auge de los monocultivos.

Estas crisis creadas por el sistema capitalista, extractivista, patriarcal y colonial, conlleva profundas injusticias sociales, territoriales y de género, causando hambre, enfermedad y muerte, y que estimula la reproducción de la violencia estatal, corporativa y paramilitar en nuestros territorios.

Consideramos que debemos enfrentar esta crisis promoviendo transformaciones profundas, en distintos niveles territoriales: global, nacional y local:

A. Justicia climática y ecológica

• La justicia climática y ecológica debe ser considerada un derecho esencial. Se hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas estratégicas que prioricen la reducción de riesgos de desastres y la resiliencia ecosocial. Esto incluye la creación de políticas públicas que protejan la biodiversidad, los ecosistemas y los medios de vida de la población, garantizando la participación de las comunidades en la toma de decisiones, y asegurando que esta se oriente al avance de los derechos de las mujeres y aporten a la equidad.
• Es crucial que se reconozcan las pérdidas y daños sufridos por las comunidades debido al cambio climático, principalmente aquellas cuyo sostén económico depende del clima. Exigimos el cumplimiento de instrumentos nacionales e internacionales que garanticen el resarcimiento de daños a familias, comunidades y ecosistemas afectadas por fenómenos naturales y efectos adversos del cambio climático.
• En el marco de la emergencia y/o crisis ambiental en la región, en un clima de asesinatos, criminalización, persecución y de nulas garantías por los Estados, se exige a los Estados el cese de las narrativas que justifican estos hechos y que puedan realizar los trámites correspondientes para que todos los países de la región se adhieran al Acuerdo de Escazú.
• Se deben crear mecanismos de financiamiento directo a los territorios. Los fondos climáticos internacionales deben tener confianza en las capacidades locales para la administración y rendición de cuentas, además de facilitar financiamiento climático para las pérdidas y daños, contribuciones justas y equitativas, basadas en el respeto a los DD. HH.
• Exigimos la integración y participación ciudadana en las negociaciones y garantizar condiciones para una revisión de la categorización que se está proponiendo, para que todos los pueblos y personas más vulneradas tengan acceso a estos mecanismos de financiamiento, sobre todo la región centroamericana.

B. Democracia y Derechos Humanos

• En la región se están expandiendo modelos de gobernanza autoritaria, donde cada vez más se debilita la participación democrática de la sociedad civil organizada, a través de la criminalización de defensoras/es ambientales, cierre de organizaciones, desarticulación de movimientos sociales y la creación de leyes que, más allá de la regulación, promueve la limitación del actuar de sociedad civil.
• La desigualdad social ha aumentado en la región, afectando severamente a los sectores más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes. Las condiciones de vida han empeorado y se han registrado altos niveles de violencia y violaciones de DD. HH., incluidos asesinatos de líderes indígenas que quedan impunes. Además de la falta de apoyo estatal en la recuperación de tierras ancestrales y las constantes violaciones al Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
• Los impactos del cambio climático, como la pérdida de cosechas y la degradación de los bienes naturales, amenazan la identidad cultural y los medios de subsistencia de los pueblos y comunidades. Es vital que se garantice su participación en la toma de decisiones y se fortalezcan los marcos legales que garantizan derechos vitales.
• Los Estados deben garantizar la libre asociación y participación de la sociedad civil, creando, facilitando y fortaleciendo los espacios de diálogo entre los diferentes sectores, con la representación activa de mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y juventudes.

C. Feminicidio y violencia contra defensoras

• Aumento de la violencia política y su impacto en mujeres defensoras: La erosión de la democracia en Centroamérica y el Caribe ha llevado a un incremento de la violencia política, afectando de manera desproporcionada a las mujeres defensoras de derechos humanos. Estas enfrentan amenazas, hostigamientos y ataques físicos que limitan su capacidad de liderazgo. Demandamos a los Estados a que implementen medidas efectivas para garantizar su seguridad y el fortalecimiento de la institucionalidad.
• Impunidad y falta de protección legal: La impunidad en casos de violencia de género y feminicidios agrava la situación de las mujeres defensoras. Las instituciones, frecuentemente carentes de recursos y voluntad política, perpetúan un ciclo de violencia. Exigimos que los gobiernos establezcan sistemas de protección sólidos y rindan cuentas por la falta de acción en la defensa de los derechos de las mujeres.
• Femicidios como forma de control social: En muchas comunidades, los femicidios se utilizan para silenciar a mujeres que desafían el statu quo. Estos asesinatos actúan como un mecanismo de control social. Demandamos a los tomadores de decisiones que reconozcan estos actos como una violación de derechos humanos y adopten políticas que protejan a las defensoras.
• Intersección entre crisis climática y violencia de género: La crisis climática agrava la violencia contra las mujeres defensoras, ya que su trabajo por la protección de la naturaleza las pone en riesgo y aumenta la carga de los trabajos de cuidado no remunerados. Instamos a que se incluya un análisis interseccional de la crisis climática en las agendas con énfasis en violencia de género, promoviendo una respuesta integral que contemple las necesidades y garanticen los derechos de las mujeres.
• Resistencia ecofeminista como respuesta: Los Estados, han de adoptar medidas que busquen transformaciones radicales para volver a poner en el centro el cuido de la vida, apelando por enfoques de interdependencia y eco dependencia.
• Importancia de la inclusión y el financiamiento adecuado: Es fundamental asegurar financiamiento para programas que empoderen a las mujeres y que aborden la violencia de género. Exigimos a los gobiernos el diseño de políticas públicas inclusivas que reconozcan, promuevan y defiendan el papel de las mujeres en la defensa de sus comunidades.
• La crisis climática aumenta el estrés, acoso sexual, el maltrato mental y físico y los feminicidios, reduciendo las oportunidades económicas y educativas, por lo que se demanda Incluir la violencia basada en género en los planes y políticas para la acción climática, así como en los protocolos de atención a la emergencia climática y para la reducción de riesgos.

D. Tierra y territorio

• Crisis climática y extractivismo: La crisis climática y ecológica se agrava por un modelo económico basado en el extractivismo sin límites. Las comunidades afrodescendientes e indígenas originarios son, particularmente, vulnerables a estas dinámicas, enfrentando el racismo estructural, la persecución y la violencia.
• Recuperación y legalización de tierras ancestrales: Que el Estado cree las condiciones para que ocupantes ancestrales de las tierras y otras comunidades, puedan realizar el proceso de recuperación y legalización de éstas, con las debidas facilidades y garantizar la autonomía de la tierra a los grupos originarios y afrodescendientes.
• Derecho a la vivienda digna: Garantizar el derecho a la vivienda digna de los grupos vulnerables y suspender de forma inmediata los desplazamientos forzosos y desalojos que dan paso a proyectos inmobiliarios y de infraestructura sin la debida compensación a los legítimos propietarios.
• Políticas públicas climáticas inclusivas: Agendar la adopción de políticas públicas climáticas orientadas a la protección de biodiversidad, ecosistemas y los derechos de las poblaciones más vulnerables -entre estas pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y juventudes- que fortalezcan la institucionalidad y con presupuesto para su puesta en marcha y cumplimiento.

E. Migración climática y derechos de las juventudes

• Reconocimiento de la migración climática en la política regional: Ante la migración forzada -e irregular- ocasionada por la crisis climática y otras crisis que afectan a la región, exigimos a los gobiernos el reconocimiento y clasificación de las causas subyacentes e implementar de inmediato una política regional para garantizar los derechos fundamentales.
• Producción y acceso a estadísticas migratorias: No existen datos estadísticos sobre migrantes locales y en tránsito, ocasionados por la migración forzada por efectos de la crisis climática en la región. Demandamos la producción de datos de flujos migratorios internos y externos que permitan tomar decisiones para un abordaje basado en derechos.
• Desarticulación de estructuras criminales y protección de derechos: Los gobiernos deben tomar acción en la desarticulación de las estructuras criminales que lucran con la migración irregular, crear redes y mecanismos de protección y de ayuda humanitaria para garantizar los derechos humanos, lanzar campañas de sensibilización contra la discriminación, racismo y xenofobia.
• Crear condiciones a la juventud para el goce pleno de sus derechos: Una verdadera participación sin censura y en los espacios de toma de decisiones, como un reconocimiento a su liderazgo.

F. Justicia hídrica y alimentaria

• Crisis hídrica y alimentaria: La crisis del agua y la alimentación en la región, se ve exacerbada por los efectos del cambio climático global por lo que desde los Estados se deben generar leyes, políticas, planes, programas y acciones concretas que garanticen la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, la soberanía alimentaria, a su vez el acceso a la información, participación y justicia ambiental, que tenga como finalidad la garantía del derecho humano al agua, saneamiento y alimentación.
• Autonomía de los pueblos en la producción de alimentos: Los pueblos deben definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos y poder producir, localmente, comida sana, nutritiva y culturalmente adecuada. Es indispensable, para la supervivencia de los pueblos, que se promueva la agroecología como mecanismo para enfrentar los impactos del cambio climático en los alimentos, el reconocimiento de los saberes ancestrales y de la semilla criolla o nativa, promover los espacios de comercialización comunitarios, solidarios y agroecológicos.
• Prohibición de los agrotóxicos: Es posible producir sin echarle veneno a la comida, por lo que se debe de iniciar urgentemente la prohibición de agrotóxicos por sus graves impactos en los bienes hídricos, en la tierra, alimentos y la salud de las poblaciones y ecosistemas.
• Rechazo a la actividad minera: Demandamos que los Estados de la región, rechacen los proyectos de explotación minera, por sus graves efectos sobre las aguas y la alimentación de la población. Son necesarias regulaciones regionales para las aguas transfronterizas con un enfoque de cuenca compartida.
• Defensa de los Derechos Ambientales: Los Estados deben generar acciones para la protección de los defensores del agua y del territorio, la no impunidad de casos como el de Juan López, defensor de Honduras, y Jehry Rivera, líder indígena de Costa Rica, firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú y detener todo tipo de acciones de persecución, amedrentamiento y criminalización de las y los defensores ambientales.

                                                                                                                          San José, Costa Rica, 11 de octubre de 2024.