Luego de 5 años, la Conferencia de la Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) regresará a América Latina. Si bien, las dos últimas COPs que ha hospedado nuestra región han marcado hitos significativos en el proceso global de negociaciones climáticas, las condiciones políticas que experimenta el continente en este período pudieran limitar de manera significativa algunos resultados deseables de la COP25.
Las crisis de institucionalidad y de derechos humanos que atraviesan países como Venezuela, Nicaragua y Honduras, el desmantelamiento de la institucionalidad para la protección del Ambiente en Brasil, la incertidumbre política generada por el período pre electoral en países como Argentina y Guatemala y la fuerte influencia que ejerce la administración Trump en la agenda de gobiernos clave de la región, no necesariamente generan un entorno propicio para que la agenda climática se posicione entre las mayores prioridades de los tomadores de decisión al más alto nivel en nuestros países.
En 2010, la Conferencia en Cancún, México fue fundamental para recobrar la confianza de gobiernos y de la sociedad civil global en el proceso multilateral de negociaciones sobre el clima. La COP16 significó un enorme desafío tanto para la diplomacia mexicana como para otros actores globales comprometidos con estas negociaciones, luego que el estrepitoso fracaso de la COP15 en Copenhague no únicamente erosionó la credibilidad de las negociaciones dentro de la CMNUCC; sino, además, nos llevó a cuestionar la viabilidad del multilateralismo como mecanismo para abordar problemas globales tan desafiantes como el cambio climático.
En 2014 la COP regresó a nuestro continente, el resultado de la COP20, que tuvo lugar en diciembre de ese año Lima, sentó las bases para emprender el proceso de negociaciones que generó como principal resultado el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. A pesar de las deficiencias que todos hemos identificado en este Acuerdo, es importante reconocer que éste es el único instrumento de gestión global con que hoy cuentan los gobiernos y los ciudadanos del planeta para gestionar el mayor desafío que enfrenta nuestra generación, y posiblemente uno de los mayores desafíos que jamás hayamos enfrentado como especie.
La COP25, que este año tendrá lugar en Santiago, es el momento intermedio en el primer período de revisión de los compromisos voluntarios que han presentado los países para el logro de los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Uno de estos objetivos está referido a la urgente necesidad de desplegar acciones que permitan mantener las variaciones en la temperatura media global por debajo de 2ºC y lo más cerca posible de los 1.5ºC, con respecto a la era pre industrial. Los resultados de la COP25 serán determinantes para la consecución de dicho objetivo, y, por consiguiente, para garantizar la sobrevivencia de las futuras generaciones.
El Acuerdo de París estableció que los países presentarán los aportes para su implementación mediante lo que se denominó como Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). A través de la decisión que acompañó al Acuerdo, los países también se comprometieron a establecer una revisión periódica de dichas contribuciones. La primera ronda de revisiones inició en 2018 y concluirá en 2020 con la presentación de las NDC mejoradas. Es decir, la COP25 se ubica en uno de los momentos determinantes para la revisión y mejora de las actuales NDC[1].
En este contexto, la discusión sobre la “Ambición Climática” necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París adquiere especial relevancia. A pesar que el presidente Piñera ha manifestado que la COP25 será la COP de la Implementación y ha presentado un plan de descarbonización relativamente ambicioso, lo cierto es que hay señales por parte de la presidencia entrante que todavía no son claras. Delegados de sociedad civil chilena y latinoamericana en general hemos manifestado serias inquietudes en relación a las posibilidades reales de liderazgo de la presidencia chilena de la COP.
La negativa del gobierno de Chile de adherirse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, trae serios cuestionamientos y dudas principalmente entre la sociedad civil de la región en relación al verdadero compromiso del gobierno chileno para con la gestión de la crisis climática y de otros problemas asociados al desarrollo sostenible.
Para quienes formamos parte de CAN América Latina y del Foro Centroamérica Vulnerable, también será necesario un respaldo más contundente de la presidencia entrante a los contenidos y recomendaciones del informe sobre 1.5 del IPCC. Quienes formamos parte de estas redes regionales de la sociedad civil coincidimos plenamente con los enfoques que provee el informe del IPCC sobre 1.5 en relación al abordaje de la Ambición Climática. Por consiguiente, consideramos esencial que la presidencia entrante de la COP25 promueva de manera decidida la adopción de una decisión que reconozca los resultados y las recomendaciones de dicho informe.
Los efectos adversos del cambio climático que actualmente enfrentan nuestras poblaciones contribuyen a dar veracidad a los contenidos y recomendaciones del informe sobre 1.5 del IPCC; ante ello, creemos firmemente que cualquier intento de deslegitimar o desconocer dichos contenidos y recomendaciones debe ser desestimado, denunciado y condenado por la comunidad internacional. Los gobiernos del mundo, y particularmente los de nuestra región, deben escuchar a la ciencia.
Compartimos el planteamiento del IPCC en cuanto a que el desarrollo e implementación de las NDC en nuestros países deben ser una oportunidad y estar en función del logro de la Agenda 2030 y de otros compromisos de la agenda global de desarrollo sostenible, tales como el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres, la Convención de Diversidad Biológica, la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, entre otros.
Los resultados de la COP25 deben propiciar el establecimiento del andamiaje institucional que oriente a que los países para que reconozcan las NDC no únicamente como instrumentos de gestión pública enfocados en la problemática climática y ambiental, sino más bien, para que estén integradas con las estrategias nacionales de desarrollo de largo plazo de los países. Los resultados de eventos relevantes que tendrán lugar este año dentro y fuera de la región pueden contribuir en gran medida con este propósito[2], mismos que la presidencia entrante de la COP debería estar en disposición de transferir y capitalizar durante la COP25.
Desde las organizaciones de la región, esperaríamos que la presidencia entrante logre capitalizar y transformar los resultados de dichos encuentros en acciones concretas enfocadas en el incremento de la ambición de las NDC. Pese a que delegados chilenos han manifestado disposición de transferir y capitalizar dichos resultados en la COP25, todavía no están claros los mecanismos y las acciones que permitirían hacerlo.
Otros temas fundamentales como la promoción de acciones de investigación y protección de los ecosistemas marinos y el rol que éstos juegan en la estabilización del clima del planeta también debe encontrarse en el centro del debate y de las decisiones de esta COP. Hasta ahora, la presidencia chilena ha manifestado disposición de abordar estos asuntos con la debida determinación.
Para lograr un efectivo incremento de la ambición climática, consideramos que también será necesario que durante esta COP se puedan explorar y aprovechar sinergias entre la CMNUCC y otras convenciones de las Naciones Unidas que abordan áreas de trabajo que se vinculan con la ambición climática; entre éstas, el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificacíon.
Finalmente, la COP25 debe concluir de manera exitosa el ejercicio de revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños (WIM, por sus siglas en inglés). Esta es un área esencial de trabajo para quienes habitamos en regiones altamente vulnerables ante el cambio climático y quienes estamos resintiendo los efectos adversos del mismo. Desde nuestra perspectiva, la revisión exitosa del WIM necesariamente implica el establecimiento del brazo financiero del mismo y una decisión de las partes de movilizar los recursos financieros necesarios para iniciar su operacionalización. Una decisión de esta transcendencia, brindaría un resultado histórico trascendental a la COP25 y significaría un logro sin presedentes dentro de la CMNUCC en la defensa de los derechos de los más vulnerables y de quienes en mayor medida sufren los embates del cambio climático.
[1] Los informes independientes e institucionales sobre las NDC presentadas hasta ahora reflejan que las acciones propuestas por los países son altamente insuficientes para lograr los Objetivos del Acuerdo. Según Climate Tracker, si las contribuciones actuales se implementan, habría un 90% de probabilidad de superar el límite de 2ºC marcado por los países y por la ciencia. Acorde con este mismo análisis, la trayectoria actual de emisiones los llevaría a variaciones en la temperatura media global que superarían 3.16ºC en 2100. Ello derivaría en escenarios climáticos catastróficos para extensas áreas del planeta, lo que a su vez pondría en riesgo la sobrevivencia de poblaciones y ecosistemas frágiles alrededor del mundo. Ver: https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/
[2] Entre estos eventos se encuentran: a) Semana Climática de América Latina (Salvador, Bahía, Brasil, agosto de 2019); b) Cumbre de Acción Climática (Nueva York, septiembre de 2019), c) Pre COP25 (San José, Costa Rica, octubre de 2019).
