Escila y Caribdis. Balotaje en Costa Rica

El horizonte se despejó. La incertidumbre en el aire se disipó dejando un panorama desolador. La ciudadanía se enfrenta a una elección democrática que, si bien en términos procedimentales garantiza un resultado, más allá del método, se parece más a una situación de rehenes o a un callejón sin salida.

Para comprender esto, se debe tener presente que la primera ronda se desarrolló bajo un escenario electoral atípico. Por un lado, la mayor cantidad de partidos políticos presentando candidaturas para Presidente y Asamblea Legislativa en la historia; por otro lado, un alto porcentaje de personas indecisas a pocos días de la elección. Esta condición dejó mucho margen para el cálculo y, por ende, para la angustia. El temor de encontrarse nuevamente en un escenario como el de hace cuatro años, con un país dividido entre una propuesta conservadora cristiana de derecha y la oposición que sobrevino[i], hizo de esta vuelta electoral un ejercicio de cálculo instrumental. La única certeza, repetida por numerosos analistas días previos al 6 de febrero, era que ninguna de las candidaturas era lo suficientemente sólida como para garantizar una victoria en primera ronda[ii].

Así las cosas, las personas candidatas afilaron sus estrategias de campaña en aras de conquistar al electorado indeciso, que al 2 de febrero eran tres de cada diez electores[iii]. La sorpresa de la jornada electoral fue el candidato Rodrigo Cháves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien con un 16,70% logró superar las previsiones que ubicaban a Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (PNR) o a Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)[iv], quienes obtuvieron 14,82% y 12,36% respectivamente, como los posibles oponentes de José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN); candidato que se especulaba con mayor posibilidad de llegar a la segunda ronda, conjetura confirmada al obtener el primer puesto con un 26,26% de los votos válidos. Es importante destacar que estos porcentajes solamente dan cuenta de personas que asistieron a las urnas, ya que cuatro de cada diez personas ciudadanas se abstuvieron (40, 29%), dato que arroja una sombra que cuestiona la representatividad de esta elección.

Por su parte, con respecto a los votantes que dieron su apoyo a estos dos candidatos, poco pesó en la balanza de su decisión los graves cuestionamientos a los que se vieron sometidos. Este gesto, si bien puede ser leído por algunas personas como desconcertante, parece más bien confirmar las fracturas antagónicas que operan a lo interno de nuestra comunidad política, a la par que brinda una imagen precisa de cuál es el tipo de sociedad a la cual estos sectores aspiran. Deja en claro las líneas de amistad y enemistad. 

En ese sentido es particularmente ilustrativo el Estudio de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica[v], publicado el 1 de marzo, que ahonda en las razones que brindan los y las ciudadanas acerca de cómo decidieron su voto[vi]. Interesa resaltar que un 58,5% de la muestra consultada, indica que el factor que más influyó en su elección fue la personalidad del candidato(a), mientras que solo un 22% lo hizo por el partido político. Esto confirma que los partidos políticos han fracasado en la representación de las demandas de la comunidad, y, por ende, han dejado de ser referentes identificatorios para la ciudadanía. Este movimiento, da cuenta de lo descrito por Bernand Manin[vii] desde hace tres décadas, el paso de la democracia de partidos a la democracia de audiencias, marcado por la desaparición de los referentes ideológicos que caracterizaron a los partidos políticos desde mediados del siglo XIX hasta finales de la década de 1970, momento en el cual se convierten en maquinarias “atrapa-todo”, sin distinciones claras entre sí, y por ende, sujetos a las identificaciones volátiles que posibilita un determinado o determinada candidata en la población. En resumido, Manin lo que alerta es que ya no se vota por un partido, sino por una persona – rasgo que usualmente se piensa como indicador de populismo, pero que es propio de las democracias de audiencias -.

Por tanto, si se parte del principio de que seis de cada diez personas votaron por rasgos del candidato, el hecho de que no hayan pesado las denuncias, en el caso de Figueres, de haber recibido dinero proveniente de sobornos por contratos entre una empresa extranjera y el Instituto Nacional de Electricidad (ICE), y en el caso de Cháves, de haber sido sancionado por el Banco Mundial por acosar sexualmente a mujeres[viii], parece indicar que para algunos sectores de la ciudadanía estos temas no se perfilan como relevantes, o peor aún, que normalizan la corrupción y el acoso sexual.

Ahora bien, una vez que se analiza en detalle, se observa que se desestiman más las denuncias de acoso sexual que las de corrupción, lo cual evidencia de forma palpable el sexismo cotidiano institucionalizado en el país. Así, si en el caso de José María Figueres, solo un 9% de la muestra afirma que la denuncia no es cierta, este porcentaje aumenta a un 13,2% en el caso de la sanción impuesta a Cháves; aunque este no es el dato más preocupante. Un 46,8% indica que no sabe de la sanción de acoso sexual, lo que lleva a preguntarse acerca de cómo se informa la población, dado que este caso ha sido ampliamente difundido en medios nacionales e internacionales y en redes sociales (RR.SS)[ix]; o en todo caso, sobre cuáles son los mecanismos o estrategias que sostienen ese no querer saber. Con respecto a Figueres, ese aparente desconocimiento de la denuncia es mucho menor, un 29,7% reporta no saber de qué se trata la denuncia.

No obstante, lo que más escandaliza e inquieta es el porcentaje de la muestra que indica que estas denuncias y sanciones no inciden en su decisión del voto. En el caso de Cháves esto asciende al 44,7%, mientras que, en el caso de Figueres, corresponde a un 31,8%. En contraste, un 33,6% afirma que sí influye la sanción en contra de Cháves, frente a un 47,1% cuando se trata de Figueres. En consecuencia, Cháves parece salir mejor posicionado, aunque esta ventaja no puede darse por sentada, habrá que esperar las consecuencias del proceso judicial abierto en contra del PPSD por la creación de dos estructuras paralelas de financiamiento para la campaña[x]. Del primer fondo, denominado “Costa Rica Próspera”, ha dicho que se utilizó previo a la campaña electoral, y que por tanto, no constituye ningún delito, aunque se ha demostrado el uso de dinero procedente del mismo para gastos de campaña[xi]; del segundo, en un acto prestidigitación con el que pretende desviar la mirada, afirmó su condición delictiva, pero negó su conocimiento; sacrificando a su ex-asistente, Sofía Agüero, de 24 años de edad, titular de la cuenta que manejaba el fondo y por el cual circularon $195 000[xii].

Con respecto a sus propuestas de gobierno, ninguno de los candidatos parece tener clara una hoja de ruta, ya sea por ignorancia o por no querer comprometerse con una posición que le pueda llevar a perder votos. Cháves ha evidenciado un profundo desconocimiento de la institucionalidad del país, que tiene por consecuencia que prometa cosas que el ordenamiento jurídico no permite, como lo es su propuesta de realizar referéndums de forma constante.  Esta, que no solo es inviable en términos presupuestarios, deja entrever que el candidato y su equipo desconocen la Constitución Política, ya que muchos de los temas que han mencionado llevar a consulta están prohibidos por ley, como lo son la jurisdicción o potestades de los magistrados en la Sala Constitucional, pensiones, temas presupuestarios, Derechos Humanos (DD.HH.), entre otros. Todo esto requeriría una reforma constitucional, lo que no se ve como un escenario factible, en tanto ese candidato no tendría mayoría legislativa y se vería obligado a negociar con otros partidos políticos de oposición. A esto se le suma una iniciativa que menciona en su plan de gobierno que titula “Ciudadanos al poder”, con la que pretende someter a fiscalización a las personas diputadas, incluyendo controles a los proyectos presentados, a la asistencia y hasta cómo vota. Esto enciende las alarmas, en tanto supondría un menoscabo del sistema de pesos y contrapesos de una República basada en la división de poderes[xiii].

Otra posibilidad, todavía más siniestra, es que Cháves esté dispuesto a desafiar el orden jurídico, lo que abre escenarios escalofriantes. El constante ataque al que ha sometido a los medios de comunicación, calificándolos como “medios de difamación”[xiv] o “medios canallas”[xv], las acusaciones infundadas que ha dado su mano derecha, la diputada electa Pilar Cisneros, acerca de la posibilidad de un fraude electoral[xvi], las amenazas recientes de destitución del Consejo Superior de Educación en pleno por su aparente adhesión a la “ideología de género”[xvii], junto con un estilo discursivo en el que se representa como un candidato outsider que confronta y hace grandes promesas[xviii], hace que sea inevitable la asociación entre este candidato y políticos como Trump, Bolsonaro o Bukele. No es casualidad que su slogan de campaña haya sido “me como la bronca”[xix], frase que explícitamente señala el carácter netamente antagónico con que el pretende cautivar a sus votantes, mismos que a su vez, lo califican como “macho alfa”[xx].

En esa línea, el desprecio explícito que ha mostrado Cháves por temas centrales para el país y el planeta, como lo son la crisis climática y las violaciones contra los DD.HH., en particular contra mujeres y personas de los colectivos LGBTI+, parece confirmar estas semejanzas. Con respecto a la crisis climática, Costa Rica lanzó, desde el año 2019 el Plan Nacional de Descarbonización[xxi], que compromete al país a convertirse en una economía descarbonizada y con cero emisiones netas al año 2050, con base en los Acuerdos de París y que ahora debe contemplar los nuevos cimientos aportados por las medidas recién tomadas en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)[xxii]. Esta meta, que debe ser asumida por el próximo Presidente, parece no estar en los planes de un futuro gobierno de este candidato, quien no ha presentado ninguna propuesta concreta sobre como actuaría su administración en este punto. Tampoco hace referencia al plan actual de descarbonización[xxiii], que se enfoca prioritariamente en la eliminación de las emisiones del sector de transporte y en la construcción de un sistema de transporte ferroviario ligero en el Área Metropolitana de San José[xxiv]. Este desinterés es grave, en tanto Costa Rica se enfrenta a un posible escenario de aumento de emisiones del 2,4% anual en caso de no tomar medidas, con un crecimiento proyectado entre el 2015 y 2030 de un 60% y que podría subir hasta un 132% en el año 2050, alcanzando un nivel de 29,6 millones de toneladas de CO₂[xxv], con todas sus consecuencias nefastas. Aunado a lo anterior, el candidato ha afirmado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica[xxvi], y ha criticado como “agenda internacionalista” el Acuerdo de Escazú, que si bien fue gestado en el país y firmado en el 2018, no se ha ratificado[xxvii].

Lo que sí plantea Cháves en su plan, es que continuará con los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y el interés en convertir a Costa Rica en una economía neta cero, pero no da detalles de cómo lo lograría. Tampoco parece tener claridad con respecto a la introducción de modelos neoextractivistas, si bien ha mostrado desinterés por la exploración petrolera, no ha sido así con el gas natural. Su propuesta gira en torno a los bonos verdes y los créditos de carbono, aunque tampoco brinda algo concreto. Finalmente, si bien el candidato respalda la creación de una red ferroviaria moderna, se opone a la diseñada por la actual administración, dejando en un limbo el futuro de este proyecto[xxviii].

Con respecto a la defensa y ampliación de los DD.HH. de mujeres y personas LGBTI+[xxix], Cháves ha mostrado una absoluta falta de empatía y sensibilidad frente a esta problemática. No solo por la desestimación constante que realiza a su sanción por acoso sexual, práctica a la que calificó como “humor” mal entendido[xxx], sino porque ha puesto en duda el carácter delictivo y penalizado del mismo[xxxi]. La afirmación de que la interpretación de un “piropo” es “subjetiva”[xxxii], junto con la publicación reciente de extractos de un texto utilizado durante el juicio de su divorcio, en el que califica a las mujeres como “animal de pelo largo, pero de inteligencia corta”[xxxiii], han sido denunciadas, rechazadas y repudiadas de forma masiva por colectivos feministas[xxxiv], quienes con justa razón, reclaman la presencia y aceptación de un candidato con posiciones misóginas. En ese sentido, el hecho de que el propio candidato se haya abstenido de firmar una carta de compromiso en defensa de los derechos de las mujeres promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), alegando que ahí se incentiva el aborto y el género fluido, y que frente a esta oposición, ha sido objeto de “cultura de cancelación” por ser calificado de cavernícola y misógino, no deja mayor margen de interpretación[xxxv].

Todo lo anterior es profundamente problemático a la luz de los graves indicadores de violencia de género en el país. Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, en el 2020 se contabilizaron 28 feminicidios y se solicitaron 341,382 medidas de protección, para un promedio de 186 por día. En la mayoría de los casos, estas medidas se demandan contra hombres (pareja sentimental, cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, primo, entre otros)[xxxvi]. Sobre estos temas no hay ni una sola mención en su programa de gobierno, el cual solamente propone de forma escueta que en materia de género incentivará la participación femenina en la fuerza laboral, lo que deja muy claro qué se podría esperar en un futuro mandato[xxxvii].

Esta tendencia no parece cambiar cuando se le consulta por algún tema relacionado con las poblaciones LGTBI+. En un guiño destinado a captar el voto cristiano conservador, Cháves ha recurrido al uso de la expresión “ideología de género” para indicar que no está de acuerdo con los contenidos del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral[xxxviii] del Ministerio de Educación Pública (MEP), que después de muchas décadas de debate y oposición por parte de sectores conservadores y religiosos, como la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, fue aprobado en el 2017. Sus ejes transversales son el respeto a los DD.HH., diversidades, interculturalidad, entre otros; además de que ha demostrado tener una incidencia mayúscula en la disminución del embarazo infantil y adolescente. Del año 2017 a la fecha, se pasó de 300 embarazos en niñas de 14 años o menos a 222 embarazos, mientras que en el caso de adolescentes de 15 a 19 años, la reducción es notable, de 9851 a 5920[xxxix]. En consecuencia, cualquier planteamiento que pretenda eliminar este Programa es una clara amenaza contra el interés supremo de las niñas y adolescentes. Sin embargo, para el economista, este tipo de “ideologías” no corresponden con los valores costarricenses, por lo que amenaza con intervenir al MEP y destituir al Consejo Superior de Educación, como fue señalado previamente[xl]. Inclusive, ha firmado una declaración en la que se compromete con pastores evangélicos a revisar los decretos de Fertilización in vitro y la norma técnica para el aborto terapéutico[xli]. Esto ha generado la reacción de diversas organizaciones que defienden los DD.HH. de estas poblaciones, haciendo un llamado a no utilizarlos como moneda de cambio[xlii].

Del otro lado de la contienda, la perspectiva tampoco es halagüeña. Figueres carga el peso de su propio pasado. Tal como se mencionó antes, no ha podido sacudirse la sombra de su gobierno anterior y los actos de corrupción que se le atribuyen. Además, se le recuerda como el artífice de algunas de las reformas estatales más polémicas de la década de 1990, el Plan de Ajuste Estructural III (PAE III) que provocó intensos periodos de conflictividad social, como lo fue la Huelga del Magisterio Nacional en 1995 en contra de la Reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio[xliii]. La etiqueta de ser un político más, a diferencia de su contraparte, que se presenta como opción novedosa, le juega en contra, más si se toma en consideración el estudio del CIEP previamente mencionado, en el cual el electorado ha indicado expresamente que su principal motivo para elegir a una persona candidata ha sido el deseo de cambio (79,6%)[xliv].

De esta manera, la campaña de Figueres ha presentado severas inconsistencias, dadas por esta pretensión de desmarcarse de su pasado, pero acompañada del temor de asumir compromisos y/o posiciones que podrían costarle votos, por lo que sus actuaciones han sido erráticas. En esa línea, a diferencia de Cháves, Figueres parece apostar a su maquinaria electoral “atrapa-todo”, lo que le expone a ser percibido como una veleta. Dos ejemplos pueden ser mencionados. El primero, la ausencia de una declaración oficial cuando se expuso públicamente la investigación del caso Diamante, sonado caso de corrupción que involucra directamente a cuatro alcaldes del PLN[xlv]; para luego dar un discurso anticorrupción poco convincente, en vista de las acusaciones que todavía penden sobre él[xlvi], en el que llama a separar de la militancia y de la campaña a algunos de los acusados; para después utilizar ese caso como argumento para justificar el por qué ha perdido fuerza en la intención de voto[xlvii].

El segundo, que también motivó la reacción de colectivos feministas y LGBTI+[xlviii], fueron sus declaraciones referentes a la “ideología de género”. Figueres, al igual que su contrincante, se ha lanzado a la búsqueda del voto cristiano conservador, lo cual lo llevó a afirmar que la “ideología de género” ha colonizado la educación costarricense y debe ser corregida. De la misma manera que Cháves, Figueres apunta que esta “ideología” proviene del extranjero y que se requiere la intervención del MEP[xlix].

La reacción no se hizo esperar. Unas cuantas horas después, a partir de la crítica y la condena en RR.SS., aparece en un video en Twitter junto con su candidata a la Vicepresidencia, Laura Arguedas, quien se presenta como defensora de los DD.HH. y de las poblaciones LGBTI+, afirmando que a lo interno de la fórmula presidencial hay diversidad de opiniones, pero que eso no implica que vaya a existir un retroceso en materia de DD.HH., ni que se vayan a eliminar instrumentos o mecanismos ya aprobados[l]. Luego, en un video en el que aparece sola, publicado un día después, la candidata Arguedas pide una oportunidad para un futuro gobierno de José María Figueres, reafirmando el compromiso de no retroceder en esta materia[li].

Sin embargo, ese mismo día, Figueres seguía sosteniendo que la “ideología de género” existe, indicando esta vez que la identifica en algunas “tendencias” que quieren llevar los temas de sexualidad a la educación primaria, con lo que él estaría opuesto; mientras que con respecto al Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, afirmó que este ha tenido un impacto importante en la disminución de las niñas y adolescentes en condición de embarazo, por lo que le juzga positivo[lii]. Al ser interpelado por la Iglesia Católica acerca de las declaraciones de su Vicepresidenta, vuelve sobre la argumentación dada, acerca de la diversidad de opiniones, para luego declararse pro-vida[liii].

Finalmente, ha firmado un “Manifiesto Democrático, Inclusivo y Pluralista”, con el que se compromete a la protección y defensa de los DD.HH.[liv] Es claro en este punto que las contorsiones que realiza el candidato son de tal magnitud, que lejos de poder atraer a votantes de otros partidos u opositores a Cháves, han generado sendas críticas y dudas acerca de qué se podría esperar en un eventual gobierno suyo, con respecto al respeto a compromisos adquiridos en materia de protección y defensa de los DD.HH. de mujeres y población LGBTI+, ya que tampoco parece ajustarse este tipo de declaraciones con lo que presenta su programa de gobierno.

En este documento, a diferencia de su oponente, Figueres una serie de políticas públicas destinadas a mejorar la condición de las mujeres, aunque poco de esto se habla en sus intervenciones públicas. Entre las propuestas interesantes está declarar el derecho al cuido como un derecho universal y solidario, apoyar el proyecto que sanciona, previene y erradica la violencia política por razones de género, entre otros. Con respecto a la población LGBTI+, plantea el fortalecimiento de programas de salud para garantizar el acceso a medicamentos para VIH, la generación de un proceso participativo para la promoción del bienvivir de la comunidad trans y el respeto, mantenimiento y consolidación de la normativa vigente[lv]. Estas propuestas, que, si bien parecen marcar una diferencia con el candidato de la otra acera, están sujetas a una implementación concreta. Fuera de eso, son promesas escritas en un papel.

En relación con el manejo de la crisis climática y de los compromisos asumidos por el Estado costarricense, Figueres traza un plan más directo hacia la descarbonización y se declara a favor del abandono de los combustibles fósiles, alienando su plan con buena parte de los objetivos actuales. Finalmente, con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el candidato confirmó su participación en un conversatorio sobre este tema organizado por el medio de prensa El Observador junto con la oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica, mientras que Cháves, acorde a lo dicho previamente, no asistirá, aduciendo problemas de agenda[lvi].

De igual manera, Figueres parece mostrarse menos del Acuerdo de Escazú, aunque expresó que no merece la pena el esfuerzo para la ratificación, aduciendo que los compromisos que ahí se establecen ya han sido superados por el país y que, por tanto, no viene al caso[lvii]. En esa línea, el consenso parece ser que Figueres estaría más dispuesto en atender los múltiples retos a los que se enfrenta el país en esta materia, aunque al igual que en el caso anterior, se debe esperar que se concrete.

Como se puede observar, el panorama no parece mostrar una salida. En el ambiente lo que se percibe es una situación imposible; claro está, no para aquellas y aquellos que se identifican plenamente con alguno de los candidatos. Para el resto, la sensación es estar entre la espada y la pared, o en términos homéricos, entre Escila y Caribdis. Los cálculos relativos al mal menor abundan, así como los llamados a la abstención. El empate técnico que reporta el CIEP en su último estudio, publicado el 29 de marzo, no permita atisbar un panorama (Cháves 41%, Figueres 38%). No es casualidad que el afecto que más se menciona sea la angustia (32,8%)[lviii].

Por un lado, está la posibilidad de otorgarle el poder a Cháves, un candidato que encarna severas amenazas a la institucionalidad democrática, quien, con una retórica explosiva e incendiaria, parece alimentar y magnificar las tendencias machistas y misóginas de una sociedad conservadora con fuertes inclinaciones a la derecha; por otro lado, el fantasma de la corrupción de Figueres y el recuerdo que sobre este tiene la ciudadanía, al cual identifican como uno más de lo mismo. En ese sentido, tiene las de perder.

Así las cosas, se podría plantear que como comunidad política esto solamente desnuda nuestros conflictos, los hace evidentes y palpables. El hecho de que haya sido un lugar común afirmar que la democracia está en peligro desde mediados del siglo XX[lix], podría llevar a minimizar lo que está en juego con esta elección. La alegoría del niño y el lobo parece estar operando. Al menos para los votantes de Cháves, este no parece encarnar un peligro, sino todo lo contrario, es un salvador. No obstante, la experiencia histórica nos indica que nada bueno parece emerger de quién se propone como la solución de todos los males.  Por su parte, los llamados a votar por Figueres para evitar esta debacle vienen acompañados de una profunda vergüenza, con notas aclaratorias que tienen el único propósito de indicar que se vota para evitar que quede el otro. Habrá que pensar en los efectos que este escenario tendrá a mediano plazo, cuando los estragos se hagan visibles.  

En suma, el escenario se lee como una elección forzada. Si bien el domingo 3 de abril se sabrá quién gobernará los próximos cuatro años, lo que no se podrá prever, son las consecuencias a mediano y a largo plazo. Se puede afirmar que de una u otra manera hemos perdido como comunidad. La presencia de afectos como la vergüenza, la desilusión, el miedo; o de parte de los y las simpatizantes de Cháves, ese deseo por la venganza encarnada en un hombre macho alfa, no augura tiempos sencillos. Todo lo contrario. La suerte parece estar echada. Solo apelando a las grandes preguntas podremos encontrar una salida al callejón: ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué tipo de comunidad queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro?