Ambientalistas de Centroamérica exigen fondos de pérdidas y daños para atender a comunidades víctimas del cambio climático

Más de 200 organizaciones exigieron la aprobación de los fondos de pérdidas y daños para los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. A una sola voz, ambientalistas de la región pidieron a los países desarrollados- responsable del cambio climático- acelerar el proceso de financiamiento para lograr compensar, resarcir y atender a las poblaciones afectadas por los fenómenos del cambio climático: lluvias, sequías, inundaciones, aumento en las temperaturas, aumento en el nivel del mar, entre otras. 

“Exigir a los países industrializados aceleren a la brevedad la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños que garantice el resarcimiento de las comunidades más vulnerables de la región centroamericana y del caribe”, fue una de las exigencias de las organizaciones en el marco del catorceavo “Encuentro Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida”, realizado entre el 28 y 30 de agosto de este año, en Copán, Honduras, con el apoyo financiero de nuestra oficina regional. 

El fondo de pérdidas y daños fue uno de los acuerdos que tomaron los países industrializados durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), realizada en diciembre de 2022 en la ciudad de Sharm el Sheij, Egipto. Si bien se reconoció la necesidad de un financiamiento para las naciones más vulnerables a la crisis climática, aún falta por definir qué países inyectarán a estos fondos y quiénes serán los beneficiados. 

En la COP27 también acordaron establecer un "comité de transición", integrado por 24 países miembros, entre ellos: República Dominicana, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela y Barbados. Este comité se encargaría de hacer recomendaciones sobre cómo poner en marcha los nuevos acuerdos de financiamiento y los fondos en la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se realizará entre noviembre y diciembre de este año, en los Emiratos Árabes Unidos.

A la fecha, el comité ha sostenido tres reuniones para definir los nuevos acuerdos del financiamiento, identificar y ampliar las fuentes de financiación, coordinar los mecanismos de financiación existentes y encargarse de los arreglos institucionales, modalidades, estructura, gobernanza y TDR para los fondos.

Una cuarta reunión se realizará durante la COP28, según explicó Alejandro Alemán, representante de la Asociación Centroamericana Centro Humboldt, quien ha seguido las negociaciones internacionales sobre clima, pérdidas y daños.

En las reuniones, según explicó Alejandro Alemán, hay dos tendencias: La de los países del norte global, que abordan las pérdidas y daños desde una perspectiva de créditos concesionales y agencia humanitaria; y las tendencias de los países del sur global, quienes exigen la creación de los fondos para compensar a las víctimas climáticas. 

Los países del norte global están adoptando en este tipo de negociaciones un  
“estilo mosaico”; es decir: entran instituciones financieras multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Mundial y bancos regionales, a proponer mecanismos de “canje de deuda por la naturaleza”. Este mecanismo, según explicó Alemán, es desventajoso para la región porque busca endeudar y someter a los países del sur global a través del cambio climático. 

“La visión del enfoque “estilo mosaico” es usar el cambio climático como una herramienta de endeudamiento y sometimiento para el sur global. Esto va a definir el futuro de Centroamérica”, analizó Alejandro Alemán. 

Los fondos para pérdidas y daños, según comentó el especialista, son clave para los países de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, porque significa una reivindicación de los derechos que tienen los pueblos que históricamente han sido víctima del cambio climático. 

“El tema de pérdidas y daños no tiene que ver con limosnas ni dádivas, sino que son una reivindicación de los derechos” agregó el representante de Asociación Centroamericana Centro Humboldt.

Ambientalistas de la región reflexionaron sobre el rol de las organizaciones en las negociaciones del fondo de pérdidas y daños. En ese sentido, Guido Calderón, representante de la Asociación para la Educación y el Desarrollo (ASEDE), en Guatemala, consideró que la sociedad civil tiene que llevar propuestas concretas a la COP28

Mientras tanto, Carolina Amaya, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), cree necesario que El Salvador debe adecuar sus políticas públicas para cuantificar e institucionalizar los mecanismos de pérdidas y daños; asimismo, consideró importante que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar la Ley de Cambio Climático, una propuesta construida desde la sociedad civil y que fue archivada con la llegada de los diputados de Nuevas Ideas en mayo de 2021. 

Alvaro Ponce, coordinador del programa de seguridad alimentaria y cambio climático de la Federación de los Trabajadores Samaritanos ASB Latinoamérica, dijo que las organizaciones de la región deben exigir a sus gobiernos que incluyan en sus presupuestos temas prioritarios como la adaptación y mitigación, esto sin perder de vista las demandas de los países en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28).

La COP28 se realizará en un escenario “polémico” porque la presidencia de la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas estará en manos del Sultán Ahmed al Jaber, máximo representante de la compañía petrolera de propiedad estatal de los Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). 

Diversos sectores han cuestionado el nombramiento del Sultán Ahmed al Jaber como designado a la presidencia de la COP28. Muchos de estos sectores creen que al Jaber no debería asumir el cargo debido a su relación con la mayor petrolera del planeta. 

“Tenemos una convención sobre cambio climático en un espacio donde no se ha podido hablar del tema del combustible fósiles; el presidente de la compañía petrolera nacional, una de las más grandes y poderosas del planeta, presidiendo la conferencia del cambio climático” reflexionó Alejandro Alemán.

En la COP27, las grandes potencias mundiales no lograron distancia de los combustibles fósiles de manera firme, siendo uno de los fracasos en las negociaciones. Durante los 15 días de negociaciones, los países que pertenecen a Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) y Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), insistieron sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles: carbón, gas y petróleo, según una nota periodista de Mongabay. 

En marzo de 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que el calentamiento global superará los límites del 1.5 ˚C. Para evitar que el calentamiento supere estos límites es necesario el abandono de los combustibles fósiles para lograr disminuir al menos el 45 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030. 

También, múltiples informes del IPCC señalan que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta, sobre todo a Latinoamérica. Esos cambios son más generalizados, rápidos y cada vez más intensos y sin precedentes. 

Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas por desastres de origen climático, así lo expuso Tania Bolaños, investigadora del Centro de Servicio Climatológico de Alemania y autora contribuyente del sexto reporte de evaluación (AR6) del IPCC.

La investigadora expuso que entre 1970 y 2010, se registraron 70 desastres naturales climatológicos en la región; de estos, 31 de estos se originaron en Centroamérica y México, 16 en Sudamérica y 23 en el Caribe. De ese total, 40 estuvieron asociados al periodo del Niño, 3 relacionado con la Niña y 14 con períodos neutros.

“Las tormentas y huracanes ocasionaron el 50.2% de las muertes asociadas a desastres de origen climático, el 37.3% de la población afectada, el 41.3% de los daños y el 38.4% de las pérdidas totales. Mientras que, los fenómenos del Niño y la Niña ocasionaron el 41.1% de las muertes, el 48.8% de la población afectada, el 47.8% de los daños y 52% de las pérdidas totales”, expuso Tania Bolaños. 

En ese contexto, las organizaciones que participaron en el “Encuentro Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida” demandaron a los países industrializados cumplir la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para que se traduzcan en resultados que eviten alcanzar los puntos de no retorno del cambio climático y que ponen en riesgo la vida. 

Mujeres y crisis climática 

A las exigencias también se unieron mujeres de la región Centroamericanas que demandaron mayor participación en programas y políticas públicas que promuevan la autonomía económica, la participación política y su bienestar integral a fin de contar con las herramientas frente a los impactos adversos de la crisis climática y para la gestión de nuestro desarrollo.

Durante el foro “Resistencia Ecofeminista”, las ambientalistas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, expusieron la realidad de las defensoras en los territorios, quienes constantemente enfrentan criminalización, persecución, violencia y feminicidios por proteger los bienes naturales y los derechos de las comunidades. 

Las ambientalistas relataron su lucha contra industrias extractivas como los monocultivos - la palma africana, la piña y caña de azúcar- las industrias de la minería e hidroeléctricas. Estos proyectos, según comentaron, han generado despojos, desigualdad, opresión y enfermedades para las mujeres; además, lamentaron los pocos espacios de participación y toma de decisión para las mujeres. 

También, relataron cómo las mujeres de la región ya están siendo afectadas por el cambio climatico, algo que exacerba las desigualdades de género ya existentes, y agrava la discriminación contra las mujeres, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza, de discapacidad, que pertenecen a un grupo étnico, racial, religioso y sexual minoritario, según señala el informe “Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las Américas”, publicado por la Fundación Heinrich Böll en Colombia en 2020. 

Según el estudio, las mujeres viven en zonas expuestas a inundaciones, tormentas, y desprendimiento de tierra y que, en general, ellas y sus familias se encuentran, la mayoría de las veces, en situación de pobreza exponiéndose a un mayor riesgo de padecer las consecuencias. En dichos eventos extremos como son las sequías o inundaciones, son ellas las que tienen más probabilidad de sufrir las pérdidas que imponen los desastres. Además, los medios de subsistencia, acceso al agua y a una nutrición adecuada se ven afectados. 

Defensores bajo ataque

Las y los defensores de la tierra están bajo ataques, así lo afirmó el informe de Global Witness en 2021. El estudio registró 200 asesinatos y feminicidios de ambientalistas que fueron atacados por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización.

La región Centroamericana no está ajeno a la situación de violencia contra defensores ambientales. El estudio contabilizó 8 asesinatos en Honduras, 
4 en Guatemala y 15 en Nicaragua. Según el estudio, los crímenes están relacionados con la explotación de recursos (madera, minería y agronegocios a gran escala) y represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. 

Por ejemplo, el gobierno de Daniel Ortega ha otorgado concesiones mineras en todo el territorio nicaragüense, afectando el medio ambiente y contaminando las aguas de las comunidades. Esto ha provocado la movilización de las poblaciones, sobre todo de los defensores de la tierra, a oponerse a los proyectos extractivos. En respuesta a eso, la dictadura persigue y criminaliza a los ambientalistas que protestan contra la minera, según explicó una lideresa. 

“La situación en el país es preocupante porque los defensores ambientales no podemos alzar nuestras voces. Si nos pronunciamos en contra del gobierno estamos en riesgo de que nos lleven a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipotle, o ser expulsados de nuestro país. En este momento estamos trabajamos con bajo perfil para detener las empresas extractivas”, relató. 

Bajo ese contexto, Lucia Vigil Saives, representante del Eje de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia y la Red Hondureña por Escazú, cree importante que los países de la región firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, un tratado que garantiza el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la protección de las personas defensoras del medio ambiente y la justicia ambiental. 

A pesar de la importancia de Escazú para Centroamérica, los países de la región se han negado a firmar y ratificar el tratado, así como ha ocurrido en El Salvador y Honduras. Guatemala y Costa Rica - país donde se gestó el acuerdo - solamente han firmado; mientras que Panamá y Nicaragua adoptaron el acuerdo, sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega se resiste a cumplir con la normativa. 

Tras finalizar el “Encuentro Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida”, las organizaciones hicieron varias demandas en temas como la gestión social de riesgos y amenazas emergentes, pueblos Indígenas y cambio climático, juventud y movilidad humana e industrias extractivas, defensa del territorio y defensores de derechos humanos.