Opinión

Para los movimientos del sur global, la presente COP marcó un hito histórico en la demanda de nuestras organizaciones para que las comunidades vulnerables que están siendo severamente afectadas por el cambio climático puedan alcanzar la justicia climática. Por primera vez en 30 años, en el proceso de la CMNUCC, se abre la posibilidad que las comunidades que están siendo severamente afectadas por el cambio climático sin ser responsables de haberlo generado, puedan ser debidamente compensadas por los mayores contaminados globales. 

La COP27 de la CMNUCC tuvo lugar en Sharm El Sheick, Egipto, entre el 6 y el 20 de noviembre de 2022. Entre los aspectos que caracterizaron esta conferencia, se encontraron las crecientes restricciones para la participación de las OSC en las distintas esferas de toma de decisiones. La asistencia de organizaciones de América Latina y el Caribe se vio particularmente restringida durante el evento. Aspectos entre los que se encuentran procedimientos de visado poco claros, un número cada vez más limitado de acreditaciones para las organizaciones observadoras de América Latina y El Caribe, exorbitantes costos de alojamiento y alimentación se encontraron entre los factores que contribuyeron a que en esta conferencia nuevamente experimentáramos un descenso significativo en el número de delegados presentes, tanto de organizaciones de la sociedad civil, como de pueblos indígenas y comunidades locales. 

Restricciones que fueron adoptadas durante la conferencia celebrada en 2021 en Glasgow, y que tuvieron como justificación el contexto de crisis sanitaria global, parecen haber quedado institucionalizadas de facto en este espacio. Entre las restricciones más notorias se encuentra la prohibición de un número de asistentes mayor al de asientos disponibles en las salas de negociación en que aún se permite la presencia de observadores. El limitado número de asientos disponibles, que muchas veces se ajusta al de delegados oficiales previstos, representó un elevado desafío al momento de ejercer una observación activa para las organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, particularmente en momentos álgidos de este proceso de negociaciones. 

Estas restricciones, que tienen mayor efecto sobre las posibilidades de participación de actores con menor acceso a recursos financieros y que proceden de comunidades y de sectores con elevados grados de vulnerabilidad, incrementan en un contexto de creciente presencia de lobistas afines a la industria de los combustibles fósiles, los agronegocios u otros sectores económicos con elevada responsabilidad en la generación del cambio climático. Es de esperar que estos últimos, por la naturaleza de sus actividades económicas, se involucren con la intención de erosionar los escasos avances logrados hasta ahora en este espacio en materia de transición justa y de disminución del uso de los combustibles fósiles, el cual, junto a la expansión de los monocultivos y las actividades agropecuarias industriales, se encuentran entre las principales causas del cambio climático. 

No es extraño que la presencia de lobistas procedentes de estos sectores se refleje con mayor notoriedad en las delegaciones oficiales de países industrializados, con mayores grados de responsabilidad histórica y actual en la generación del cambio climático.

La creciente presencia de actores afines a estos sectores, y la cada vez más limitada participación de representantes de la sociedad civil, de pueblos indígenas y de comunidades locales vulnerables, en buena medida se vio reflejado en la decisión de portada de esta conferencia, misma que se considera fundamental en tanto refleja el nivel de compromiso de los países de la CMNUCC para con la acción climática. En gran medida, los contenidos de dicho instrumento, tuvieron la peculiaridad de priorizar la gestión de los síntomas de la crisis climática global, sin reflejar de forma decidida la voluntad de los países para abordar sus causas. 

Llama la atención que el leguaje de la Decisión de Portada de esta conferencia que alude al objetivo de 1.5 grados del Acuerdo de París es aún más débil que el reflejado en la que derivó de la COP26 celebrada el año pasado el Glasgow, en la que por primera vez se hizo referencia a la necesidad de disminuir el uso de combustibles fósiles como condición necesaria para mantener vivo el objetivo de 1.5 grados del Acuerdo de París. Si las NDC actuales llegaran a implementarse en su totalidad, sus contribuciones nos conducirían a un escenario de 2.9° de variación en la temperatura media del planeta, eliminando cualquier posibilidad de adaptación en regiones altamente vulnerables ante los efectos del cambio climático. En extensas áreas de Centroamérica y El Caribe, las pérdidas materiales serían astronómicas y el sufrimiento humano sería de dimensiones apocalípticas.

Durante esta conferencia, delegaciones de países industrializados encabezadas por los Estados Unidos de Norteamérica, continuaron ejerciendo un elevado grado de resistencia a la incorporación en los textos de negociación de referencias alusivas al abandono de todos los combustibles fósiles, incluyendo el carbón, el petróleo y el gas. El resultado fue precisamente el debilitamiento del lenguaje alusivo al abandono/disminución en el uso de todo tipo de combustibles fósiles en los principales instrumentos adoptados durante esta conferencia climática. 

A pesar de ello, en otros ámbitos del proceso de negociaciones, la COP27 derivó en resultados positivos; mismos que pueden ser considerados trascendentales por las organizaciones de la sociedad civil del sur global. Entre éstos, destaca la institucionalización de un proceso que debe derivar en el establecimiento de un fondo para abordar las Pérdidas y los Daños derivados del cambio climático. Esta decisión, no hubiera sido posible sin la acción decidida de las organizaciones globales de la sociedad civil y sin cohesión y la resiliencia del bloque de países del sur global aglutinados en el G77+China, quienes se mantuvieron unidos a pesar de extensas horas de negociación y de los intentos de países industrializados de erosionar esta cohesión.

Si bien, los aspectos operativos del mecanismo deberán definirse a más tardar en la COP28, que tendrá lugar en noviembre del próximo año en los Emiratos Árabes, para las organizaciones de la sociedad civil de América Latina esta es una decisión histórica. Por primera vez en 30 años, en el proceso de la CMNUCC, se abre la posibilidad que las comunidades que están siendo severamente afectadas por el cambio climático sin ser responsables de haberlo generado, puedan ser debidamente compensadas por los mayores contaminados globales. 

Para los movimientos del sur global, la presente COP marcó un hito histórico en la demanda de nuestras organizaciones para que las comunidades vulnerables que están siendo severamente afectadas por el cambio climático puedan alcanzar la justicia climática. En 2023, continuaremos trabajando para que de la COP28 derive un resultado satisfactorio para las y los más vulnerables. La operacionalización del fondo para abordar las Pérdidas y los Daños asociadas al cambio climático y las referencias entorno a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles como condición para mantener el objetivo de 1.5° continuarán estando en el centro de nuestras prioridades durante este nuevo ciclo de negociaciones. 
 

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