América Latina es una de las regiones más golpeadas por el cambio climático, pese a que su responsabilidad es mínima. En la COP27 la sociedad civil latinoamericana exige a los principales contaminadores que finalmente paguen los fondos prometidos para medidas de protección y adaptación, así como también que se responsabilicen por las pérdidas y daños ocasionados por el clima.
Pocas semanas antes del inicio de la Conferencia de la ONU sobre cambio climático en Egipto (COP27), el huracán Julia provocó inundaciones y deslizamientos de tierras en América Latina. Los países afectados fueron Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y el sur de México. Varias docenas de personas murieron, las carreteras quedaron bloqueadas por árboles caídos, numerosas viviendas fueron destruidas y las infraestructuras paralizadas. Esta es la nueva normalidad, como lo señala el informe de la Organización Meteorológica mundial (OMM) sobre el Estado del clima en América Latina y el Caribe 2022: el cambio climático tiene profundos impactos en los ecosistemas así como en la seguridad alimenticia e hídrica de todo el continente. Las condiciones meteorológicas extremas incluyen sequías extremas y precipitaciones severas, olas de calor y derretimiento de glaciares. Ya en 2020, la OMM hizo referencia a la peor sequía de los últimos 50 años en el sur de la Amazonía, y a un número récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica.
La región de América Latina y el Caribe es una de las más golpeadas del mundo por el cambio climático. Las consecuencias incluyen perjuicios para la salud, la vida, la alimentación, el agua, la energía y el desarrollo socioeconómico de la región. La OMM calcula que los eventos relacionados con el clima habrían costado entre 1998 y 2020 la vida de 312.000 personas. En total, más de 277 millones de personas fueron afectadas por estos eventos.
En América Latina, los impactos y consecuencias del cambio climático seguirán intensificándose en el futuro. Entre ellos se encuentran las olas de calor, la disminución de los rendimientos agrícolas, los incendios forestales, la muerte de los arrecifes de coral y los fenómenos extremos que afectan al nivel del mar. En una de las regiones más desiguales del mundo desde el punto de vista económico y social, la crisis climática, además de la pandemia de Covid-19 y otras crisis mundiales, actúa como multiplicador de las injusticias existentes. Esto alimenta la tendencia a intensificar los conflictos, acelerar la huida y la migración inducidas por el clima y socavar los derechos humanos fundamentales.
Es así como Latinoamérica sufre de manera desproporcionada los daños y pérdidas causadas por el clima, en una región ya de por sí muy vulnerable. Pese a que la región misma solo es responsable del 8 % del total [JG1] mundial de los gases de efecto invernadero. La propia Centroamérica sólo representa el 0,8% de las emisiones netas totales, como señala la organización no gubernamental costarricense La Ruta del Clima. Como parte de la rama latinoamericana de la red global Climate Action Network (CAN), que reúne a más de 1500 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, esta ONG pide un cambio radical de rumbo en las prácticas económicas intensivas en CO2 del norte global. Y es que estas son, de lejos, las principales promotoras de la crisis climática. Asimismo, La Ruta del Clima exige que los países del norte global cumplan con su obligación de pagar los cien mil millones de dólares anuales prometidos, desde 2020, a medidas de protección y adaptación al clima. También se espera que paguen por los daños y pérdidas relacionados con el clima, para los que todavía hoy no hay ningún compromiso de financiación. Pero en lo que respecta a la financiación de las medidas de mitigación pasa todo lo contrario, los esfuerzos del G77 y de China fueron bloqueados el año pasado. Este año Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza también frenaron las negociaciones climáticas de Naciones Unidas en Bonn.
Muchas organizaciones de la sociedad civil de América Latina asocian el cambio de gobierno en Colombia con la esperanza de obtener nuevos impulsos y viento a favor durante las negociaciones internacionales sobre el clima, para conseguir que los países industrializados cumplan con sus responsabilidades. El nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, de tendencia de izquierdas, propugna por poner fin a las energías fósiles, quiere lograr una transición energética justa[JG2] en su país y busca asumir un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático.
Daños y pérdidas, por fin hay instrumentos concretos en el camino
En realidad, los países industrializados que son los principales responsables del cambio climático siguen sin cumplir sus promesas: ni han puesto a disposición el dinero necesario para financiar las medidas de protección y mitigación ni tampoco han reconocido su urgencia. La financiación juega un papel clave para poner en práctica la protección climática, con la que se estima que se podría evitar hasta el 80% de los daños como lo asegura Sabine Minninger, encargada de política climática de la ONG alemana “Pan para el mundo”.
Para La Ruta del Clima los próximos meses estarán dominados por las negociaciones sobre daños y pérdidas. La ONG y la red CAN se proponen mantener este asunto en la agenda de la Conferencia Mundial sobre el Clima en Egipto y abordarlo allí.
De acuerdo con António Guterres ya es hora de ir más allá de las interminables discusiones. Los países en riesgo necesitan respuestas sensatas, enfatizó el Secretario General en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, en el que señaló que: "las pérdidas y los daños se están produciendo ahora, perjudicando a las personas y a las economías ahora, y deben abordarse ahora, empezando por la COP27. Se trata de una cuestión fundamental de justicia climática, solidaridad internacional y confianza".
En Egipto, se presentará el concepto de un Escudo Global contra el Riesgo Climático (“Global Climate Risk Shield”) desarrollado bajo la presidencia alemana del G7. En este, los seguros contra riesgos climáticos deberán desempeñar un papel fundamental para mejorar la protección de las personas contra las catástrofes relacionadas con el clima, como huracanes, sequías o inundaciones. El pasado 12 de octubre, durante una audiencia pública del Bundestag alemán la directora ejecutiva de Climate Action Network, Tasneem Essop, expresó su escepticismo sobre este mecanismo. Los seguros podrían amortiguar las dificultades en caso de catástrofe, pero no tendrían el alcance suficiente y tendrían que integrarse en una gestión global del riesgo climático. En cambio, es necesario crear un mecanismo de financiación adecuado a nivel multilateral bajo el paraguas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En la COP27, Alemania debería presionar para que se ponga en funcionamiento el Mecanismo de Financiación de Daños y Pérdidas, con los fondos prometidos. La sociedad civil de Centroamérica y del sur global lleva meses trabajando en la hoja de ruta climática para presentar los daños y las pérdidas ante la COP. Las expectativas son altas. Se espera que esta vez los países industrializados reconozcan la urgencia y aclaren qué volumen de financiación se necesita para lograr realmente la justicia climática.