Cruzar la frontera es solo el inicio

Cruzar la frontera es solo el inicio

Estoy al otro lado de la frontera que alrededor de 7 mil hondureños intentan cruzar. Escribo sobre ese éxodo de refugiados que camina y rompe vallas, que acumula a miles en un puente fronterizo en Guatemala o en el río Suchiate y cuando cruza y llega a México, se enfrenta a la represión policial.  Es posible hablar de la Caravana de Migrantes también desde Estados Unidos, con quienes lograron cruzar la frontera casi en solitario, sin cámaras y sin amenazas estridentes. Desde aquí veo otros muros, a los que se enfrentan los refugiados que lograron llegar cuando la migración no era ese río. Desde aquí, con las historias de los que se adelantaron, puedo escuchar el porqué del río de gente que ahora cruza México.

Se hicieron llamar la “Caravana de Migrantes”. Este flujo de gente que en un principio, por décadas, se filtraba gota a gota, ahora se convirtió en un chorro de agua prorrumpiendo de una fisura en el muro de una represa.  Esta desbandada ha servido para poner en evidencia las fisuras  de un Estado que fracasó en proteger a su gente.

Creator: Alejandra Rincón, Contra Corriente. All rights reserved.

Waleska es vigilada. Un aparato en el tobillo derecho la identifica como una persona que ha violado la ley. Estará atada al grillete hasta que su solicitud de asilo pase a una nueva etapa, si es que pasa. Waleska huyó de Honduras hacia Estados Unidos en la primera caravana de migrantes hondureños organizada en mayo de 2018 con su hijo de dos años de edad. Esa vez fueron 2,500 los hondureños en busca de refugio. Estuvo detenida en una prisión, rogó porque no la separaran de su hijo y ahora sobrevive en un estado santuario, donde organizaciones promigrantes la ayudan en una espera que podría llegar a durar 600 días.

“Esto es como estar presa también, no se puede hacer nada así. Si esto se descarga hasta le habla a uno” —dice Waleska y  ríe de su propia desgracia, mientras cocina unos pastelitos con Susana otra solicitante de asilo, una guatemalteca de 18 años que llegó hace apenas unas semanas con su hija de cuatro años. Waleska y Susana se apoyan. Ambas llevan en el tobillo derecho el rastreador que el Intensive Supervision Appearance Program (ISAP) una empresa privada que tiene contratos con ICE (Immigration and Customs Enforcement, por sus siglas en inglés, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) llama “dispositivo electrónico de monitoreo”. Asisten a visitas programadas y el ISAP realiza visitas a las casas que ellas han dado como direcciones permanentes aun cuando no cuentan con condiciones para establecerse en un solo sitio dentro del estado santuario.

Mientras Waleska y Susana lleven el dispositivo, no pueden obtener permiso de trabajo, eso se convierte en una medida de presión para un eventual regreso a sus países de origen, sin trabajo tampoco pueden sobrevivir en Estados Unidos.

Waleska huyó de una comunidad asediada, como muchas en el norte de Honduras: ese corredor de la droga que viene hacia Estados Unidos. Además, ella se enfrentaba  a la amenazas de la privatización del río que atraviesa su comunidad para la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Waleska resistió en la organización comunitaria. Estuvo presa por su protesta y tuvo miedo cuando las amenazas comenzaron a cobrar fuerza y fue asesinado un activista de su organización durante la crisis postelectoral de enero este año. El asesinato aún no ha sido esclarecido.

En Honduras hay aprobadas alrededor de 100 concesiones para producción de energía hidroeléctrica, ante la resistencia de las poblaciones locales. Después del asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en marzo de 2016, Honduras ha sido catalogada por la organización no gubernamental británica Global Witness como un país peligroso para defender los derechos humanos y el medioambiente. Las concesiones del territorio han generado conflictos y migración forzada.

Tras las elecciones de noviembre de 2017, en las que resultó reelecto Juan Orlando Hernández, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)contabilizó 22 asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado que tiraron a matar en el marco de protestas. La ilegitimidad de un Presidente que se reeligió a pesar de la prohibición constitucional en unas elecciones manchadas por fraude, ha generado mayor violencia y represión contra los opositores, y esto también ha generado migración forzada.

Waleska no huía sólo por un motivo. Ella huía de la violencia generada por el narcotráfico que en su comunidad ha exterminado familias enteras. De las amenazas por ser parte de la resistencia por los recursos naturales. Ella huía también de la violencia que sufre como mujer, en una comunidad pobre sin oportunidades, de la violencia en casa, donde sufrió agresiones de su exesposo, huía de la pobreza al tener que mantener sola a sus siete hijos.

Eran muchos frentes los de Waleska, por eso venir en la caravana de mayo y estar medio presa, medio libre, es mejor que haberse quedado.

“Venirse en caravana fue mucho más seguro. La gente era amable. Yo decidí irme antes que surgiera la caravana, llegué hasta Tapachula y desde allí la esperé cuando vi las noticias. Por México íbamos pidiendo y así ajustábamos para seguir caminando. Lo duro es llegar aquí y que lo metan en la hielera (centro de detención de migrantes) y ver cómo separan a las madres de sus hijos, uno tiene que agarrar a los suyos para que no se los quiten”, cuenta.

Susana, por su parte, con 18 años ya tiene una hija de cuatro. Huyó de su pueblo en Guatemala por una amenaza de su cuñado, involucrado en el narcotráfico. Ella pide que no se publique el nombre del pueblo, tiene miedo.

“La policía recibe dinero de ellos, yo intenté dos veces denunciar y no hicieron nada. Mi hija está trastornada. Si a ella le preguntan por qué está aquí en Estados Unidos, ella dice que es porque en su casa había balazos”, recuerda Susana, mientras rompe en llanto.

Susana tuvo a su hija a los 14 años, sufrió de una infección grave por negligencia médica cuando le practicaron una cesárea. No denunció. El silencio ha sido regla de vida.

Waleska y Susana me cuentan sus historias en la casa de un ciudadano de Oregon que en el patio ha colocado una valla que dice: Vota NO a la Medida 105. Sin la hospitalidad de personas como él, Waleska, Susana y otros solicitantes de asilo, no podrían sobrevivir solos y limitados por la ICE.

En noviembre, Estados Unidos tendrá elecciones de medio término y allí en Oregon, que desde hace 30 años está bajo la ley de Estados Santuarios, se introducirá una boleta para preguntar a los votantes si quieren que esta ley siga siendo efectiva en su Estado o no. Quitar el estatus de Estado santuario implicaría que las fuerzas de seguridad locales apoyarían a ICE en su caza de migrantes. Varios grupos de sociedad civil se han organizado para concientizar a los votantes para que esta medida no sea aprobada.

Por ahora, para Waleska y Susana, Oregon es un buen lugar para vivir, a pesar de que poco a poco ICE se hace presente a través de contratos con los centros de detención del Estado y el ISAP.

Robert Brown del Interfaith Movement for Immigrant Justice (IMIrJ) asegura que el gobierno de Trump les ha obligado como sociedad civil a repensar la noción de santuario.

“Nuestra noción de santuario no es física, sino más bien omnipresente. Hay muchas maneras de dar la bienvenida a migrantes. Desde el apoyo como albergue hasta acciones políticas”, dice Brown al salir de una reunión con el staff de sus representantes en el Congreso y el Senado: los demócratas Jeff Merkley, Suzzane Bonamici, y el senador Roy Wyden. Brown llegó para hablar sobre la caravana de migrantes y para pedir que sus representantes firmen una carta en la que se exige al gobierno de Donald Trump presionar al gobierno de Honduras para que se investiguen las amenazas a periodistas, defensores de DDHH y acompañantes internacionales. Para Brown está claro que las condiciones que generan el éxodo de migrantes están dadas desde los gobiernos de los países centroamericanos con apoyo de Estados Unidos.

“Articulamos la lucha contra el contrato de NORCOR con ICE a través del Gorge Ice Resistance y la oposición a la medida 105 que es confusa y que al final muestra a un país que no quiere a los migrantes. Está enviando un mensaje equivocado, esto hará nuestras comunidades menos seguras porque las fuerzas de seguridad se concentrarán en criminalizar a los migrantes y no en los problemas de la comunidad”, agrega Brown quien ha participado en acciones de protesta que en su ciudad han llegado a la desobediencia civil: este año alrededor de 20 personas fueron encarceladas por bloquear la entrada a la oficina del ISAP en Portland. Mientras que el movimiento por la justicia IMIrJ ayudó con pasajes para que los migrantes se movilizaran a los estados donde tenían familiares, comida y apoyo legal.

Sólo en 2017, el ICE destinó casi US$3.000 millones para costear el sistema de detención de extranjeros, que se ocupa de los casos que están pendientes de resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada, según un reporte de la BBC.

Estos contratos benefician a empresas privadas que tienen contratos con el sistema penitenciario estadounidense. Cada migrante detenido eleva los costos, agranda los contratos.

El próximo 6 de noviembre hay votaciones en Estados Unidos.  En las “midterm” se elige a un tercio de los senadores y a todos los integrantes (435) de la Cámara de Representantes, que se renuevan cada dos años. Estas elecciones permiten que la ciudadanía también exprese su posición con respecto a políticas públicas y establece el balance de poderes de los partidos en las instituciones del Estado.  Ahora, se elegirá a 35 de los 100 senadores, a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y a 36 de los 50 gobernadores del país. Hasta mediados de octubre, las encuestas no favorecían al partido republicano de Trump, pero la coyuntura migratoria podría ayudarle con los números.

La llegada de miles de centroamericanos a la frontera es vista como una amenaza a la soberanía— como el vicepresidente Michael Pence  tuitéo y las campañas antimigrantes que lanza el partido de Trump, se convierten en la tormenta perfecta para cerrarse ante una crisis de refugiados. En el caso de Oregon con la puesta en consulta de la Medida 105 que eliminaría el estado santuario.

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Huyendo de la mara

Jorge Rodríguez, es el pastor de la iglesia luterana de una ciudad de Oregon. Rodríguez, hondureño, organizó una charla con personas de su comunidad, la mayoría estadounidenses, para hablar sobre Honduras. A la reunión llegó X, un joven de 24 años que apenas tiene dos semanas de haber salido de la correccional de Sheridan apoyado por un colectivo de abogados voluntarios aglutinados en Innovation Law Lab, un proyecto de apoyo a migrantes en Oregon.

X pide asilo en Estados Unidos porque huyó de la amenaza de la Mara Salvatrucha en Honduras.

“Recibí amenazas de la mara, (me exigían) vigilar a abogados que entraban y salían del Ministerio Público ya que yo trabajaba en la calle allí cerca. Desde pequeño me solicitaban favores porque yo vivía en un territorio de ellos, yo siempre me negué”, cuenta X en presencia de una voluntaria del Law Lab.

Después de ser aprobada la nueva regulación federal como directriz del secretario estadounidense del departamento de Justicia, la violencia de maras y pandillas no es una causa justificable para solicitar asilo en Estados Unidos.  Sin embargo, el control del crimen en los barrios y colonias en Honduras, se ha convertido en uno de los motivos más apremiantes para huir, como es el caso de X.

A pesar de que Honduras salió en 2017 del top en el ranking de países más violentos del mundo, y que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) respalda los datos de reducción de violencia que da el presidente Juan Orlando Hernández, asegurando que el índice de homicidios este año bajó en un 12 por ciento, hubo un repunte localizado en determinadas comunidades. Honduras cerró el 2017 con una tasa de 43.6 homicidios por cada cien mil habitantes según el Observatorio.

La política de seguridad pública de Juan Orlando Hernández ha sido la de la represión y la militarización. En 2012, Hernández creó la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) que en julio de 2018 pasó a ser la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), una fuerza especial contra los delitos de asociación ilícita y extorsión. A pesar de que cada semana, la FNAMP expone a personas capturadas y operativos antimaras, las comunidades siguen en conflicto y han identificado a esta fuerza como un agente más de la violencia que ya vivían.

Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos en Honduras asegura que son dos los factores que indican que Hernández ha creado “el populismo de la seguridad”: la militarización de la seguridad y las instituciones estatales y la “hiperjuridificación”, es decir, la aprobación rápida de leyes y reformas penales que se consideran nuevas acciones como delitos, esto hace que el gobierno se presente con mano dura ante la opinión pública.

“La tasa de seguridad, 170 millones de lempiras mensuales que se recaudan específicamente para este rubro, se usa para fortalecer la Policía y las Fuerzas Armadas. De acuerdo a sus cifras, el 41.21% va para militares, el 41% a policías, y luego apenas 5.66% a programas de prevención, 5% al Ministerio Público y 2.85% al Poder Judicial. Esto es grave en un país donde de acuerdo con el índice de Estados fallidos Honduras es considerada un Estado que se encuentra en alerta, porque no se da los derechos básicos a la población porque todos los fondos se desvían para beneficiar las Fuerzas Armadas. El sistema penal se usa para criminalizar y esto obliga a la gente a irse”, asegura Mejía.

Así, jóvenes como X prefieren huir antes que denunciar.

X ya tenía visa mexicana, pero incluso así no le fue fácil atravesar México. Vivió un año allí, donde trabajó en albergues apoyando a cientos de hondureños a llenar sus solicitudes de refugio. Pero la violencia y la falta de un empleo que le permitiera vivir dignamente lo empujaron seguir hacia el Norte.

Solo en 2017 se registraron 130.500 nuevas peticiones de asilo o refugio de centroamericanos que huyen hacia México y Estados Unidos, un 38% más que en 2016 y más de 11 veces las solicitudes presentadas en el 2011, según un reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). En 2011 el Estado de Honduras reconoció como un problema el desplazamiento forzado y eso hizo que la oficina de ACNUR se instalara para atenderlo de la mano del Estado.

“Yo me la pasaba muy bien en Honduras, me gustaba el arte y hacía piñatas para microempresas. Hasta a Berta Cáceres conocí cuando me llamaban a pintar murales. Hacía tatuajes y varias veces me negué también a tatuar números o letras. Pero allá no se puede vivir. Aquí estuve preso y no es fácil, pero es peor estar en Honduras, no se compara”, dice X enfático. Ahora espera que avance su solicitud de asilo y pueda obtener un permiso de trabajo. Mientras tanto está siendo rastreado y su libertad condicionada.  En Honduras y ahora en Estados Unidos, X siempre ha tenido la libertad condicionada.

¿Cómo se convierte en avalancha la caravana de migrantes?

El 12 de octubre circuló en redes sociales un afiche llamando a una caravana para salir, todos los que quisieran, juntos del país. Una convocatoria que llamaba a encontrarse en la terminal de buses de San Pedro Sula a las 8:00 de la mañana. El mensaje político era claro: “Si este Presidente se queda, nosotros nos vamos”. Pero hubo un mal cálculo, algo que no se previó: la desesperación de miles de hondureños, que más allá-mucho más allá- de su ideología política, tienen hambre, miedo y buscan sobrevivir huyendo.

Irse en grupo era una oportunidad, daba un mensaje contundente pero también protegía. Los migrantes invisibles decidieron hacerse visibles, eso afecta el negocio del coyotaje y es más fuerte frente a los muros.

Pero Bartolo Fuentes, exdiputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), a quien se le ha atribuido la organización de la caravana, asegura que él solamente ha apoyado a la gente, que su lucha es por los migrantes y que jamás sacaría provecho ni económico ni político de una situación como ésta. El gobierno de Honduras ha lanzado un discurso en el que culpa a la oposición de engañar a los migrantes para usarlos con fines políticos; y la embajada de EEUU en Honduras, a través de la encargada de negocios Heidi Fulton, ha respaldado ese discurso gubernamental.

Fuentes se siente amenazado. Estuvo detenido en Guatemala cuando acompañaba la caravana, regresado de ese país vecino.  Sin embargo, otros miembros de la oposición política aglutinados en el Partido Libre no niegan que esa convocatoria saliera de ellos, y que algunos periodistas estaban avisados.


Imagen que circuló primero en la fanpage de NotiVoces y se esparció por redes sociales desde el 3 de octubre.

“Si algo me van a hacer pues yo lo enfrento, de todos modos ya viví bastante”, dijo Fuentes, por su parte, esta semana en un foro en El Salvador frente a miembros de la cooperación internacional.

Varios personajes han sido apuntados como responsables de la caravana. Desde Bartolo Fuentes, hasta George Soros, el multimillanrio y altruista estadounidense fundador de las Open Society Foundations, acusado de ser financiador de la caravana con fines políticos izquierdistas. Y también el gobierno de Venezuela.

Por su parte, el presidente Trump ha arremetido contra los migrantes de la caravana asegurando que hay personas de medio oriente infiltradas, relacionadas al terrorismo de ISIS. Trump amenazó con quitar la ayuda a Honduras si el gobierno no regresaba a la gente a su país.

“Tomen sus cámaras, métanse en medio y busquen. Van a encontrar MS-13, van a encontrar a gente de Medio Oriente, van a encontrar de todo. Y ¿saben qué? No vamos a dejar que entren al país. Queremos seguridad”, expresó ante la prensa estadounidense.

Respondiendo a las presiones, Juan Orlando Hernández ha dicho en conferencia de prensa que ha creado un nuevo programa de reactivación agrícola a fin de que los migrantes retornados encuentren trabajo. Un programa de unos 27 millones de dólares. Esto en conferencia de prensa mientras cerraba la frontera de Agua Caliente hacia Guatemala.

“Los miembros de la Caravana Migrante que decidan volver contarán con bonos, viviendas sociales, proyectos agrícolas, trabajo en obras comunitarias, créditos para microempresas y becas de estudio”, informó.

El 23 de octubre en Honduras salió una caravana interna desde el norte del país hacia Casa Presidencial para levantar la voz por quienes ya viajaban por Chiapas, para que no se siga criminalizando el éxodo y para fortalecer el mensaje político: el presidente es quien debe salir.

Pero el río de gente en camino hacia la frontera de Estados Unidos no entiende de esto. A pesar del cierre de la frontera de Agua Caliente con Guatemala por una semana, ya varios grupos de migrantes han salido para unirse a la caravana que va por México.


Frontera de Agua Caliente entre Honduras y Guatemala, del lado guatemalteco las vallas metálicas con serpentinas y al fondo el contingente policial y militar del Estado de Guatemala el día 23 de octubre de 2018, cuando la frontera estaba cerrada al paso comercial y personal. Foto: Martín Cálix.

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El hermano de Marina viene en la caravana. “Ayúdeme a preguntar por él, no sé nada desde hace algunos días y tengo miedo”, me pide. Marina es una joven de 17 años que vive en un albergue para menores migrantes no acompañados en Estados Unidos. La adolescente huyó sola hace unos meses y ahora su hermano de 15 años aprovechó la caravana y huyó también de la violencia en su casa y de la desidia de las autoridades en un pueblo controlado por narcotraficantes.

Marina siente una nostalgia enorme, se le llenan los ojos de lágrimas cuando describe su pueblo: un lugar bello pero gobernado por narcos. La violencia es lo que más conoce Marina, no solo porque está en la calle, sino porque está en su casa y las instituciones que deben protegerla están contaminadas.

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“Cuando yo tenía 10 años me comencé a poner bonita, usted sabe… Así, mi padrastro, comenzó a tocarme mis partes íntimas, y yo me negaba. Mi mamá siempre lavó ropa ajena y yo vendía donas en la calle desde los ocho años. Mi padrastro era muy violento, recuerdo a mi mamá  embarazada de mi hermanita y él amenazándola con una botella de cerveza quebrada, le decía que le iba a sacar el bebé de la panza. Mi mami solo lloraba, la policía lo agarraba pero lo soltaba a las 24 horas, siempre lograba salir”, relata.

Marina apenas llegó a sexto grado y ahora en su nuevo hogar, un albergue donde recibe clases de baile, natación y escritura, ha comenzado a escribir su historia en una revista estudiantil.

“El me intentó matar. La policía nunca hacía nada. Eso era un infierno”, dice Marina y con la voz temblorosa me dice que extraña su pueblo, las aguas termales donde se divertía con sus amigas. Marina extraña ese país que yo describí -en la charla a la que asistió Marina- como un Estado fracturado, del que la gente no se quiere ir pero no tiene opción.

“Mi hermano se viene por lo mismo, porque él tenía que desaparecerse, estuvo como dos años desaparecido porque mi padrastro lo dejaba durmiendo afuera”, dice Marina quien fue a la charla en una iglesia en Portland portando un carnet de Prensa que la identifica como parte de la revista estudiantil.

Esa noche Marina levantó la mano y pidió la palabra después de mi presentación y  alcanzó a decir: Soy de Honduras, y vengo de un pueblo donde hay violencia, donde el narco es el que gobierna”, luego la interrumpió un llanto desconsolado.

Ahora, la violencia doméstica y de género tampoco es razón para solicitar asilo en Estados Unidos, sin embargo, casos como el de Marina, una menor con un miedo comprobable, muestran que sigue la lucha por ser reconocidas como sobrevivientes que no pueden retornar a la misma situación de la que huyeron porque pueden ser asesinadas.

De acuerdo al Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) en lo que va del año se contabilizan más de 165 femicidios, mientras que en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) este año ha recibido más de 2,200 denuncias de violencia doméstica de mujeres que en su mayoría acuden a esta instancia porque no han recibido respuesta de las autoridades que debieran hacerse responsables.

Marina apenas ha hablado dos minutos por teléfono con su hermano, en una llamada que él hizo para decirle que está bien, que ha sobrevivido a los ataques en la caravana, que pronto se reencontrarán. Los días pasan lento, el riesgo aumenta en el camino mientras más lo acerca.

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En la cocina donde Waleska y Susana intentan cocinar comida hondureña, la plática transcurre entre recuerdos duros de cuando temieron que las separaran de sus hijos en los centros de detención y risas sobre la comida estadounidense y lo que no encuentran en el supermercado. Hablan de lo difícil de vivir en un país ajeno,  atrapadas con un grillete en el pie hasta que consideren en ese país que es verdad, que a su país de origen no pueden volver porque las matan.

“Este proceso es pesado, mi hermana hasta toma pastillas para los nervios. Si me deportan no sé qué pasaría conmigo. En el país no hay esperanza, antes no había tanto, tanto poder de los narcos. Nosotras con mis hermanas íbamos a hacer pescado asado en la playa disfrutando, ya no se puede eso, preferimos estar encerrados en nuestras casas”, dice Susana, tratando de no resignarse, estresada y tratando de ocultar el grillete electrónico que le pesa en los pasos.

Waleska la mira y le dice: “si usted regresa es el fin, igual que yo”.

El hijo de Waleska juega con la hija de Susana con las hojas caídas de los árboles de otoño en el frío Oregon. Sus madres los ven por la ventana mientras hablan de la caravana, de los miles más que buscan el destino que ellas ya lograron, pasar la frontera de Estados Unidos. Y piensan en los que se quedaron en casa, Waleska piensa en sus otros niños que quedaron en su comunidad en riesgo.

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La caravana sigue su camino y ya hay un muerto producto de la represión policial. Dennis Mejía de 26 años murió tras ser impactado por una bala de goma en el cráneo en una represión en frontera de Tecún Umán, cuando una nueva ola de migrantes intentaba cruzar el río Suchiate y pasar a México. La caravana va partida en varios grupos y ahora espera en Oaxaca, a 2500 kilómetros  para llegar a la frontera con Estados Unidos. Unos 2700 migrantes, en su mayoría mujeres y niños entraron a México como solicitantes de refugio en ese país y unos cientos más se han regresado a Honduras con apoyo del gobierno hondureño, el gobierno habla de 3 mil retornados. Ahora caminando vienen más de 6 mil y se suman ahora unos 200 de El Salvador.

“Mi hija de cinco añitos estaba ilusionada, mi papá había dicho que se vendría en esta nueva caravana y ella ya creía que iba a ver a su mamita de nuevo. Mi papá tuvo un accidente antes que la caravana saliera y se quebró un pie, ya no se vinieron. Creo que es mejor, estaría como loca yo viendo lo que les están haciendo en las fronteras, tirándoles gas, golpeándolos. Creo que no podría soportarlo viéndolo de lejos”, cuenta Waleska mientras termina de comer un pastelito que ella cocinó.

—¿Verdad que se parecen a los de Honduras? —Pregunta, como necesitando sentir el sabor del país que ama pero que la expulsó.

Una nota de Contra Corriente.  

                                                                                                   

Nota: Esta crónica se escribió gracias a la gira organizada por Witness for Peace por el noroeste de Estados Unidos. Más detalles aquí: http://witnessforpeace.org/northwest-speaking-tour/

 

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