La impunidad en Guatemala trasciende las instituciones estatales, funcionarios y autoridades, al ser impulsada por poderes ocultos; e, incluso, por la indiferencia ciudadana. Se manifiesta, fundamentalmente, como una distorsión del sistema de justicia sostenida por una intrincada red de mecanismos a través de los cuales opera.
Con la presencia de diversos sectores, se presentó en Ciudad de Guatemala el Informe Impunidad y Redes Ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala, el cual reconstruye una línea histórica de casos paradigmáticos que muestran las transformaciones de las estructuras y redes ilícitas que procuran impunidad.
El estudio fue elaborado por la Fundación Myrna Mack, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fundación Heinrich Böll Oficina San Salvador.
Entre las principales conclusiones del Informe se señalan las siguientes:
La impunidad es una realidad histórica. No solamente es la falta o ausencia de castigo y sanción, sino es un acto de carácter violento en sí mismo, que se (re)produce en el continuum de estructuras y redes de poder. La impunidad es, por tanto, una acto deliberado de violencia y violación a los derechos humanos que construye realidad histórica. La impunidad se moldea en el contexto, y viceversa.
Esta realidad de poder se transforma constantemente y, al menos desde 2015 –tras conocerse públicamente acerca de complejos escándalos de corrupción– la demanda social por reformas democráticas se ha fortalecido. La lucha contra la corrupción y la impunidad ha tenido avances en los últimos años y cuenta con amplio respaldo social.
Esta lucha contra la impunidad y la corrupción sacudió la realidad histórica de poder. Las estructuras y redes buscan blindarse, pues, la impunidad es parte de la esencia y forma de (re)producción de poder y riqueza. Los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) cometen acciones ilegales, pero –al mismo tiempo– son capaces de generar impunidad.
Tres enfoques para abordar la (re)producción de la impunidad:
1) Ciclos de reforma y contrarreforma
Los casos paradigmáticos de la década de 1990 muestran un modus operandi violentos y extremadamente arbitrarios en la producción de impunidad: vigilancia previa y seguimiento a sus víctimas, interferencia en la investigación criminal (sin límites institucionales), alteración de la escena del crimen, intimidación y eliminación de sujetos procesales, desvío de hipótesis y líneas de investigación y campañas de desprestigio, entre otros.
Estos hiloshistóricos de la impunidad han pasado por transformaciones: i) del sistema inquisitivo (autoritario) al sistema acusatorio (democrático) desde la primera mitad de los años 90; ii) de lo militar (guerra) a lo civil (la paz) en la segunda mitad de los años 90 (hasta 2003, cuando se disolvió el EMP); iii) hacia reformas y rupturas en el sistema de justicia, registrando avances en la lucha contra la impunidad desde 2006, y iv) hacia contrarreformas y una regresión a prácticas del pasado en los últimos dos años.
Estos ciclos de transformación han fortalecido la actuación de la justicia en Guatemala y ha significado un grado considerable de rupturas de estructuras y redes de poder e impunidad. Sin embargo, estos mismos poderes persisten e impulsan un ciclo contrario, que busca perpetuar la impunidad en la evolución misma de su modus operandi: vigilancia y seguimiento, intimidación y eliminación de sujetos procesales (y sociales), desvío de hipótesis y líneas de investigación, criminalización de operadores de justicia, retardo malicioso y compra de decisiones judiciales, y campañas de desprestigio y ‘cortinas de humo’, entre otros.
2) Redes de abogacía al servicio del crimen
El litigio y retardo malicioso es una de las problemáticas directamente relacionadas con las redes de abogacía al servicio de la criminalidad. La injerencia de estas tramas no se percibe solamente en la defensa penal de redes de poder y en prácticas de litigio malicioso, sino también en los propios procesos de nombramiento de autoridades del sistema de justicia. En 2019, Al menos 17 abogados y abogadas defensores de los casos de alto impacto figuraron en las planillas del CANG para las comisiones de postulación de CSJ y Corte de Apelaciones.
Por tanto, el desmantelamiento de estas redes de abogacía es una estrategia indispensable para debilitar el alcance de la impunidad.
3) Influencia indebida en procesos de nombramiento de autoridades judiciales
El nombramiento de autoridades judiciales es un desafío específico en la transición hacia un sistema democrático y transparente. El procedimiento de postulación y nombramiento de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones también se ha venido transformando desde 1985. Hoy por hoy, se continúa enfrentando una realidad de estructuras y redes de poder que logran perpetuar influencia indebida en estos procesos. En tanto, las comisiones de postulación se han convertido en otra fuente de cooptación del Estado en Guatemala.
Estas dinámicas se visualizan en los casos de las ‘Comisiones Paralelas’ en 2014. El abogado Roberto López Villatoro logró tejer una red de influencia que operó al margen de la formalidad y la legalidad del proceso de selección y nombramiento. La impunidad fue el objeto de estas negociaciones y se materializó –entre otros casos– en la corrupción judicial alrededor de los magistrados Douglas Charchal y Blanca Stalling. De igual manera, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ha tomado decisiones polémicas en relación a casos de alto impacto.
Por otra parte, el entramado de corrupción que subordinó la dinámica del Legislativo a intereses corruptos también interfirió directamente en el proceso de nombramiento de magistrados y magistradas en 2014. Se concretó la influencia indebida a través de un acuerdo político entre el Partido Patriota (PP), el partido Libertad Democrática (LIDER), el partido TODOS y algunos operadores legislativos de otros partidos.
En 2019, al menos 47 diputados y diputadas que han votado por este pacto en 2014, siguen ocupando una curul el Congreso. Es decir, el 30% de las y los legisladores actuales ha formado parte de un esquema de ‘captura’ en el pasado. Es –sin duda– una situación de paradoja: lo aparentemente legal carece de legitimidad (y posiblemente también de legalidad).