Sergio Rojas Ortiz... El Estado es responsable

Sergio Rojas Ortiz... El Estado es responsable

Poco antes de las 22 horas del 18 de marzo, fue asesinado en su casa de habitación el dirigente indígena costarricense Sergio Rojas Ortiz. Sus vecinos de la localidad de Yeri, en el territorio indígena de Salitre, en la zona sur de Costa Rica,reportaron haber escuchado unos 15 disparos. Fue hasta las primeras horas del día siguiente que sus vecinos, amistades y familiares lograron confirmar con la Cruz Roja la muerte de Sergio, causada por “múltiples disparos”.

La noticia conmociona al país y contrasta diametralmente con la imagen que intenta vender en el exterior de oasis pacífico y amigable con el ambiente; pero este crimen no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una situación de creciente violencia con la que revienta la presión por la enorme desigualdad en que sobreviven los pueblos indígenas, sobre todo por el problema eterno de la
tenencia de la tierra.

Para los pueblos indígenas, el vínculo con la tierra y naturaleza es un elemento esencial de su identidad cultural, pero se ha calculado que en los diferentes territorios establecidos legalmente, entre un 65% y un 85% de la tierra es poseída por personas no indígenas, ajenas a las comunidades.

Sergio Rojas era dirigente y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organización que desde hace poco menos de una década impulsa un proceso de recuperación de tierras.

Creciente violencia
Actualmente, los indígenas representan un 2% de la población de Costa Rica. Se trata de ocho pueblos repartidos en 24 territorios, todos ellos en zonas rurales, en algunos casos de muy difícil acceso. Durante los periodos históricos de conquista y colonia europea, Costa Rica no fue ninguna excepción en cuanto al establecimiento de instituciones y prácticas represivas que buscaron aniquilar y someter en
esclavitud a los pueblos originarios.

A lo largo de la vida republicana de la nación, esas prácticas derivaron en una política histórica de exclusión y marginación. Ejemplo de ello es que fue hasta inicios de la década de los 90 que se les reconoció su ciudadanía y se les emitió la respectiva cédula de identidad, un documento de identificación básico y esencial para acceder a servicios del Estado y ejercer derechos como la libre elección.

Ha sido de manera tardía que el Estado costarricense se ha preocupado por que servicios de salud y educación lleguen a estas poblaciones. Por ejemplo, aún en los años 90 era común escuchar que indígenas vendían un quintal de frijoles a cambio de una botella de licor, por la sencilla razón de que, al no hablar español, se les engañaba respecto al valor de intercambio de bienes.

Todas esas realidades se sumaron a una tradición de corrupción enquistada en las instituciones costarricenses, que permitió que a lo largo de décadas, personas no indígenas se apropiaran registralmente o de hecho, en la ilegalidad, de propiedades dentro de los territorios indígenas.

Desde los años 90 se impulsó un proyecto de ley que buscó dotar a los territorios indígenas de mayor autonomía y establecer las bases para empezar a solucionar estos problemas de gran conflictividad. Sin embargo, nunca ha habido voluntad política en la Asamblea Legislativa ni de parte de los diferentes gobiernos de turno para que avanzara. Así, en agosto de 2010, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el FRENAPI y otras organizaciones protagonizaron una acción de protesta en el congreso, para exigir una respuesta de parte de las autoridades políticas sobre el futuro de la iniciativa de ley.

La respuesta que obtuvieron fue una violenta acción coordinada de 50 policías antimotines y el personal de seguridad interna de la Asamblea Legislativa, quienes golpearon indistintamente a los manifestantes para desalojarlos. A partir de ese momento, el FRENAPI decidió “regresar a sus comunidades a construir la Autonomía recuperando sus territorios y otros derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas”, según recordaron al cumplirse siete años del hecho.

En efecto, se dio inicio al proceso de recuperación de tierras. En los diferentes territorios indígenas, las personas identifican los terrenos en posesión, usual pero no exclusivamente, de empresarios ganaderos ajenos a las comunidades y proceden a recuperarlos de hecho.

La respuesta que han obtenido ha sido de creciente violencia. Salitre, el territorio de la etnia bribri donde vivía Sergio Rojas, ha sido uno de los sitios de mayor conflictividad. Desde el 2011 se han reportado numerosos casos de agresiones físicas, heridos de bala, casas y cultivos incendiados. Incluso un joven fue marcado con un fierro ardiente, como si fuera ganado. El propio Sergio Rojas recibía constantemente amenazas y sobrevivió a más de un atentado en su contra, hasta el fatal 18 de marzo 2019.

Desde abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó una medida cautelar con el objetivo de “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”.

¿Y ahora?
Tras el asesinato, el peor escenario posible es de impunidad, pues alentaría a que los agresores emprendan más acciones violentas. El presidente Carlos Alvarado se refirió al tema en conferencia de prensa horas después, condenó el hecho e hizo un llamado a la paz, pero evitó responder si las medidas que ha tomado su gobierno han sido eficientes para garantizar la seguridad de los indígenas.

Por otra parte, la fiscal general de la República, Emilia Navas, anunció la conformación de un equipo especial para investigar el caso, integrado por fiscales especializados en el abordaje de homicidios, de asuntos indígenas y de la fiscalía territorial de la localidad de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, aledaña al territorio de Salitre.

Sin embargo, más allá de los detalles particulares de la ejecución del asesinato de Sergio, una cantidad abrumadora de organizaciones sociales, feministas, ambientalistas, de derechos humanos, religiosas y sindicatos, se han pronunciado de manera conjunta no sólo para condenar el asesinato, sino para insistir en que se trata de un “crimen político cuyo responsable es el Estado costarricense. La inacción, la
desidia, la negligencia y la incompetencia de éste, y de los gobiernos anteriores para resolver la usurpación de los territorios indígenas, y de las autoridades judiciales y policiales de Buenos Aires de Osa, para asegurar la integridad de Sergio y de muchas más personas indígenas, llevaron a su asesinato”.

Una nota del periodista Vinicio Chacón, del Semanario Universidad, de Costa Rica, especial para la Oficina Heinrich Böll San Salvador. 

 

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