Para Imelda desde todas partes pedimos justicia y libertad

Para Imelda desde todas partes pedimos justicia y libertad

Imelda Isabel Cortez Palacios tiene actualmente 20 años y está presa. Ella nació y creció en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, una zona rural marginal de El Salvador. Ella vive en condiciones de pobreza y al igual que otras 27 mujeres salvadoreñas, se encuentra guardando prisión por haber tenido una emergencia obstétrica y un parto extrahospitalario.

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¿Qué pasó con Imelda? ¿Por qué está presa acusada de cometer el delito de homicidio agravado en grado de tentativa? ¿Cómo llegó a enfrentarse a la justicia y corre ahora el riesgo de recibir una pena de 20 años de prisión? ¿Cómo pasó de ser víctima de violación a ser acusada de homicidio agravado en grado de tentativa? Responder a todas estas preguntas indigna y duele.

Para entender por qué este caso indigna es necesario ponerlo en contexto. Uno de los países latinoamericanos con mayores índices de violencia contra las mujeres es El Salvador, especialmente en lo que se refiere a violencia sexual[1] ejercida contra mujeres jóvenes, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, este país tiene una legislación que contempla la penalización absoluta del aborto. 

El caso de Imelda tiene que ver con estas dos realidades particulares que caracterizan a El Salvador. Los hechos demuestran que Imelda no sólo fue víctima del delito de violación de forma continuada y sistemática por más de 6 años, sino que además el sistema de justicia salvadoreño le ha fallado una y otra vez.

Imelda tenía apenas 12 años cuando su padrastro -de ahora 70 años- la empezó a violar de forma continuada. Ella tenía miedo de hablar porque el hombre la amenazaba con hacerle daño a sus hermanos o a su madre si decía algo. Producto de estas violaciones en 2016 Imelda resultó embarazada de su padrastro; así lo demuestran las pruebas de ADN practicadas al violador quien está detenido en el mismo penal de San Miguel acusado de violación de menor o incapaz, agravada y continuada. ¿Se imaginan el infierno de ser abusada sexualmente de forma constante y permanente desde los 12 años? ¿Se imaginan el espanto de no saber qué sucede con nuestro cuerpo cuando experimenta cambios que no entendemos?

Imelda fue diagnosticada con una leve discapacidad cognitiva y según su propio relato ella no sabía lo que le estaba pasando cuando el 17 de abril de 2017 ella fue a la letrina y expulsó “algo”, algo que no sabía qué era.

En una entrevista que la revista Factum realizó a Imelda ella declaró “A mí me daba dolor del colon. Entonces, yo pensé que eso era. Ya tenía como una semana de no hacer del dos. Sentí más fuertes los dolores. Como a las 5:00 [de la tarde] que me sucedió eso, ya sentía fuertes los dolores. Me dieron ganas de ir a hacer del dos y entré al baño. Medio sentí que me quité la ropa y medio me senté en la taza, cuando sentí que algo se me fue para la fosa… Quedé sangrando demasiado. Ya había llegado mi mamá de trabajar y yo le grité: «¡Mamá, estoy sangrando!»” [2]

Al verse sangrando y a causa del dolor se desmayó, su madre la llevó inconsciente al Hospital Nacional de Jiquilisco. En el hospital mientras era atendida fue interrogada sobre el parto extrahospitalario y por la sospecha de un aborto culposo, a requerimiento de las autoridades del hospital la Policía Nacional Civil se presentó y ahí mismo quedó detenida.

A pesar de haber caído a la letrina desde una altura de casi dos metros, la hija de Imelda sobrevivió y tiene ahora casi dos años. Por esta razón a Imelda se la quiere juzgar por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y ya no por el delito de aborto culposo. No hace falta ser experto investigador para darse cuenta de que en ningún momento Imelda tuvo intención de hacer daño ni de matar a la niña, ella sencillamente no comprendía lo que le pasaba, dio a luz en condiciones de pobreza, fue al hospital para ser atendida y terminó presa.

Desde abril de 2017 hasta el momento en que escribo esta nota, Imelda ha estado guardando prisión preventiva en el Centro Penitenciario de San Miguel por el parto extrahospitalario que tuvo en Jiquilisco, de ser encontrada culpable ella podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel.

Comprendiendo el caso en sentido estricto Imelda en realidad es víctima de la situación y no victimaria. Ella fue abusada desde niña y no hubo un sistema de justicia que la protegiera, no tuvo alternativa, un aliado, una salida que le permitiera ponerse a salvo y evitar quedar embarazada de su violador y llegar a la situación en la que ahora se encuentra.

Según la organización Las17:

Imelda es uno de los 27 casos de mujeres que están en prisión y han sido criminalizadas injustamente por tener emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios. Todas estas mujeres comparten un mismo perfil: son jóvenes y viven en condición de pobreza. Su situación es la consecuencia de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, una ley que es violatoria de derechos humanos y contraria a las obligaciones internacionales de este país[3].

Esta legislación ha permitido que Imelda esté presa de forma preventiva sin justificación alguna ya que no hay peligro de fuga ni hay riesgo para las investigaciones. Los jueces encargados de aplicar la ley en este caso tienen una mirada obtusa y desvirtúan los hechos, ya que “en la audiencia preliminar el juez responsable decidió continuar con el proceso sin considerar la violencia sexual sufrida por Imelda, no aceptó que se incorpore la prueba de ADN que confirma la paternidad de su padrastro y la violación, y tampoco admitió una medida sustitutiva a la prisión[4].                                            

¿De qué sirve una ley que no es justa? ¿De qué sirve una ley absurda? Esta ley condena a las mujeres salvadoreñas, viola sus derechos, las deja desprotegidas y sin herramientas para defenderse en casos tan extremos como el de Imelda. Además, la Ley obvia el hecho de que biológicamente es posible, probable y natural que cualquier mujer aborte de forma espontánea o que tenga una emergencia obstétrica sin que eso signifique que tenga un instinto asesino o que cometa “homicidio”.  

En el terreno legal también Imelda he enfrentado un calvario. El pasado 12 de noviembre de 2018 a las 09:00 a.m. estaba programada la audiencia de vista pública en el Tribunal de Sentencia de Usulután para dar continuidad al proceso, pero tal audiencia fue suspendida porque la fiscal del caso, Bernarda Marisol Cáceres de Roque, avisó telefónicamente que estaba enferma y sin presentarse constancia médica que comprobara tal extremo el Tribunal decidió suspenderla. Mientras se suspende la audiencia de vista pública una y otra vez Imelda sigue presa.

Esta es la séptima vez que se le suspende la audiencia, las primeras cuatro veces se suspendió a petición del equipo de defensa porque el Instituto de Medicina Legal (IML) no había realizado los peritajes solicitados; la quinta vez fue suspendida por el juez de primera instancia de Jiquilisco porque los peritajes no fueron realizados a tiempo; y el 4 de julio, se suspendió por falta de transporte de reos de Centros Penales de San Miguel.

Imelda junto a las otras 27 mujeres no son asesinas. Es injusto y execrable que estén presas a causa de una ley que seguramente fue escrita por hombres, unos que jamás estarán embarazados y por tanto jamás podrán sufrir un aborto espontáneo o tendrán una emergencia obstétrica, unos que no corren el riesgo de ser presos por haber sido violados y quedar embarazados producto de la violación. 

Desde cualquier rincón del mundo el caso de Imelda indigna y duele, como indignan y duelen los casos de las otras mujeres que han sido juzgadas y están presas a raíz de la aplicación de una ley que penaliza de forma absoluta el aborto y que no las protege; que desvanece todos los contextos y que juzga los partos extrahospitalarios, cualquier tipo de aborto o las emergencias obstétricas como delitos, sin tomar en cuenta todos los hechos sociales y médicos que los provocan.

La vista pública en el caso de Imelda fue reprogramada para el 17 de diciembre de 2018, a las 10:30 a.m. pudiéndose extender hasta el 20 de diciembre. Desde El Salvador se puede acompañar el proceso y sumarse a exigir justicia y libertad para Imelda. Desde otros países se puede difundir en redes sociales o hacer presencia en la sede diplomática de El Salvador el día de la audiencia. En este caso, quedarse en silencio no es opción. La opción es acuerpar a Imelda y a las otras mujeres que han sido criminalizadas y están presas injustamente.

Yo exijo que no exista ley de penalización absoluta del aborto en El Salvador y quiero justicia y libertad para Imelda y para todas las mujeres que están presas por haber tenido partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas; por eso me sumo y les invito a sumarnos al grito que exige #JusticiaParaImelda #SalvemosAImelda #LibertadParaImelda

 

[1] Según el Observatorio de la Violencia de Género contra la Mujer de El Salvador “la Policía Nacional Civil, recibió 2060 denuncias por violencia sexual, en el período de enero a junio de 2018, es decir, 11 denuncias cada día. Aquí se incluye: agresión sexual, estupro, violación y violación de menor e incapaz, este último el más denunciado, 43.44% casi la mitad del total. […] el 78.54% [de las víctimas] son niñas y adolescentes menores de 17 años” (Información disponible en http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/notas/VS_2018-11-09_01.pdf)

[3]  Disponible en https://las17.org

[4] Disponible en https://las17.org

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