Huyendo de la inseguridad y la violencia

Huyendo de la inseguridad y la violencia

En comunidades de alta influencia o control de pandillas es común que niñas, adolescentes y mujeres jóvenes se vean obligadas a convertirse en servidoras sexuales de estos grupos («novias» de pandillas). Quienes se rehúsan a ser violadas sufren represalias contra ellas y sus familias, viéndose obligadas a huir de sus hogares para salvaguardar su vida e integridad. Lea el artículo de Celia Medrano, publicado en la revista Perspectivas América Latina #2.

Mujeres en El SalvadorCreator: Frida Hartz. Creative Commons License LogoThis image is licensed under Creative Commons License.

Desplazamiento interno y migración forzada en El Salvador desde un enfoque de género

En El Salvador existe una crisis de desplazamiento interno, provocado por violencia generalizada que lleva a la migración forzada.
El Consejo Noruego para los Refugiados afirmó que en el 2014 alrededor de 289,000 salvadoreños eran desplazados internos. En 2015, el año más violento que El Salvador ha visto desde la pasada guerra civil (1980-1992), registró 6,670 homicidios, de los cuales 575 fueron contra mujeres. Con una tasa de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador es el país más violento del mundo.

El desplazamiento interno causado por actores vinculados con pandillas o crimen organizado es una problemática no reconocida oficialmente por el Estado salvadoreño, pese que a través de medios de comunicación y monitoreos alternativos transciende al conocimiento público la realidad del desalojo de familias y comunidades enteras que huyen cada semana de sus hogares por amenazas de muerte protagonizadas principalmente por pandillas. Voceros oficiales acusan a la prensa, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de pretender magnificar la situación actual de violencia con fines de cuestionar la capacidad del gobierno de dar respuesta eficaz al problema. 

El negar la existencia de desplazamiento forzado genera la falta de registro o subregistro de los casos. Al no contar con datos que permitan medir la dimensión del problema, no se generan políticas públicas ni acciones concretas y específicas encaminadas al cumplimiento de la obligación estatal para la atención y protección a las víctimas de este fenómeno. El no cumplimiento de estas obligaciones constituye una de las violaciones a los derechos humanos más graves: la invisibilización.

Mujeres víctimas de violencia: una doble invisibilización

El número de muertes violentas anuales registradas es considerablemente mayor en el caso de muertes masculinas que femeninas. Esto no implica que los efectos de la violencia generalizada no tengan un mayor impacto en las mujeres, sobre todo en núcleos familiares que por desplazamiento forzado o migración forzada han obligado a las mujeres a asumir completa responsabilidad en el hogar al ser asesinados,
desaparecidos o perseguidos sus esposos, hermanos o hijos que asumían ese rol antes que un hecho violento les impactara. La ausencia de registros oficiales en el contexto de la negación por parte del Estado de la existencia de desplazamiento interno, la falta de procedimientos y espacios adecuados para entrevistas y el temor fundado de las personas afectadas para ser entrevistadas y denunciar sus casos, principalmente mujeres, dificultan considerablemente contar con investigaciones de este tipo.

La Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR) tienen historial de disuadir a la sociedad civil a no denunciar crímenes, se niegan a tomar denuncias, y en otras instancias, refieren a víctimas, testigos y familiares a otras oficinas. Como resultado, las personas se dan por vencidas y desisten en su intento de buscar justicia e informar hechos delictivos. En una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública publicada en el 2013, tan solo un 35.4% de víctimas de crimen lo había denunciado a las autoridades. De ellos, 72.1% informaron que las autoridades «no hicieron nada».1 Se entiende además por parte de personas que viven en zonas bajo control de las pandillas, que cualquier colaboración o apoyo con la PNC, FGR, Fuerza Armada de El Salvador, u otras instancias del sector de justicia y seguridad, es poner la vida aún en más riesgo.

La oficina de ombudsman de El Salvador refiere en febrero 2016 la situación de una familia integrada por una joven de 28 años y su hermana de 20 años que fueron víctimas del delito de Trata de personas. El testimonio judicial de ellas permitió procesar penalmente a algunos integrantes de la estructura criminal que las victimizó, pero al no abarcar penalmente a todos los miembros de la estructura, el resto de los integrantes de la misma amenazaron a la joven de 28 años, a sus hijas de 8, 6, 5 y 1 año de edad y sus hermanas de 20 y 16 años de edad. Por figurar como testigos en un proceso penal, las jóvenes estaban bajo responsabilidad de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) dentro del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.

«En comunidades de alta influencia o control de pandillas es común que niñas, adolescentes y mujeres jóvenes se vean obligadas a convertirse en servidoras sexuales de estos grupos (‹novias› de pandillas).»

Las jóvenes denunciaron que en dichos albergues eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los agentes cuidadores
de las instalaciones y amenazadas si denunciaban los hechos. El ombudsman determinó que las jóvenes «…enfrentaron una doble victimización, ya que no únicamente vivenciaron la situación de Trata, sino también la violencia sexual y psicológica de una entidad que tuvo que haberles proveído de seguridad, confianza y protección. La ausencia del enfoque victimológico, de derechos humanos y género en programas como los de esta naturaleza, perpetúan la violencia y discriminación que enfrentan las mujeres en el transcurso de su ciclo de vida...».2 Las denunciantes se vieron obligadas a salir del país para salvaguardar su seguridad. Los integrantes de su grupo familiar vivieron en condición de desplazamiento interno durante varios meses.

Este tipo de dificultades obliga a tratar de analizar el fenómeno a partir de otras fuentes alternativas que son escasas o
basarse en testimonios de casos concretos atendidos por organizaciones sociales que procuran activar iniciativas de ayuda
humanitaria a las personas que recurren a ellas pidiendo ayuda. No obstante la limitación planteada, es posible determinar que en los últimos años ha aumentado el número de mujeres afectadas por violencia generalizada, así como también las víctimas de desplazamiento son en su mayoría mujeres, adolescentes y niñas.

Las mayormente afectadas son mujeres

En su informe publicado en enero 2016, la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado en El Salvador reporta la atención de 147 casos desde agosto 2014 hasta diciembre 2015, lo que implica un total de 623 personas víctimas de desplazamiento interno. Aunque se registran algunos casos individuales, se trata mayoritariamente de núcleos familiares entre tres a doce integrantes.

De este grupo, 207 fueron mujeres adultas, 69 niñas menores de 12 años y 52 adolescentes. Es decir el 52% del total de personas atendidas son del sexo femenino y dos personas específicamente del sector LGBTI.3 En su mayoría, estas familias han huido por amenazas de pandillas y actores relacionados con el crimen organizado, así como también se registra por primera vez casos de desplazamiento forzado provocados por acciones de integrantes de la policía, la Fuerza Armada y grupos calificados y denunciados por la oficina del ombudsman de El Salvador como grupos de exterminio social.

En comunidades de alta influencia o control de pandillas es común que niñas, adolescentes y mujeres jóvenes se vean obligadas a convertirse en servidoras sexuales de estos grupos («novias» de pandillas). Quienes se rehúsan a ser violadas sufren represalias contra ellas y sus familias, viéndose obligadas a huir de sus hogares para salvaguardar su vida e integridad.

Un hecho de acoso sexual por parte de una pandilla empieza contra una niña de 11 años de edad, con alusiones a que miembros de la pandilla la van a violar o utilizar para relaciones sexuales. Las amenazas también van dirigidas hacia su hermano de 5 años, como reclutamiento forzado. Su madre se acerca al centro escolar donde la niña asiste. El Director del centro escolar le expresa que sería mejor sacar a su hija de la escuela, ya que corría riesgo, dado que en cualquier momento los pandilleros podrían llegar a sacarla de la escuela. La familia se queda encerrada en su casa por temor, dado que no tienen familiares donde puedan huir. La madre manifiesta no presentar denuncia ante la policía por temor. Este es un caso más en esta vorágine de violencia.

Según datos del Ministerio de Educación, la violencia e inseguridad ha obligado a más de 15 mil alumnos a desertar de las escuelas en el 2015. La gravedad del problema de deserción escolar se encuentra en los 50 municipios más violentos del país.4

Es común también que por las rivalidades entre pandillas, las pugnas de control territorial y las acciones de elementos de la seguridad pública, las mujeres familiares de hombres integrantes o acusados de pertenecer a estructuras delincuenciales sean acosadas, amenazadas y atacadas como represalias, así como también se les estigmatice y pretenda justificarse la negación de colaboración o ayuda desde instituciones estatales.

Una familia entera es amenazada a muerte en marzo 2015, entre los miembros de esta familia se encuentran 10 niños, niñas y adolescentes. Unos meses antes, miembros de esta misma familia estaban detenidos bajo cargos criminales y pertenecer a una pandilla. En la cárcel, ellos decidieron colaborar con la policía en una investigación y quisieron abandonar a la pandilla. Como represalia, la pandilla
amenazó a la familia diciendo que iban a empezar con matar a los niños más pequeños. La familia huyó de su comunidad de inmediato, buscando apoyo y ayuda de varias instituciones del Estado sin respuesta alguna. Funcionarios de alto nivel manifestaron a través de medios de comunicación que la familia tenía vínculos con las pandillas, y que por ello había que manejar la situación con cautela, señalando también que habían vínculos de esta familia con partidos políticos de oposición política. Al huir de su localidad de origen,
por meses los niños y adolescentes perdieron sus estudios, buscaron esconderse en casas de otros familiares, perdieron su casa y agotaron los pocos recursos económicos que disponían viéndose obligados a dormir en moteles y muchas veces en parques
públicos. Como antecedente de estos hechos, comentar que cinco años atrás la cabeza de familia de este grupo, madre de 14 hijos, quedó viuda después de que su esposo fue asesinado por haber colaborado con la policía como testigo en un proceso penal contra miembros de una estructura criminal. A mediados del año pasado, ella tomó la decisión de migrar con todos sus hijos y buscar protección internacional en otro país.

«Es común también que las mujeres familiares de hombres integrantes o acusados de pertenecer a
estructuras delincuenciales sean acosadas, amenazadas y atacadas como represalias, así como también se les estigmatice y pretenda justificarse la negación de colaboración o ayuda desde instituciones estatales.»

Una madre soltera, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), se vio obligada a abandonar su casa financiada con préstamo del Fondo Social para la Vivienda (FSV). Temporalmente le dieron alojamiento unos parientes en tanto ella trataba infructuosamente que en la Policía la asignaran a una zona más segura. Al no tener respuesta abandonó definitivamente su vivienda para migrar forzosamente.

De acuerdo con datos proporcionados por el FSV y el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPO), en los últimos seis años 751 familias abandonaron sus casas por estar situadas en localidades de control o alta influencia de pandillas o maras.5

En los últimos tres años se ha dado un incremento en más de un 200% de mujeres deportadas o retornadas involuntariamente
desde EE.UU. y sobre todo desde México.6 Un estudio realizado entre los meses de julio a octubre 2015 por investigadores de la Universidad Tecnológica Salvadoreña (UTEC)7 a 747 salvadoreños deportados o repatriados involuntariamente tanto vía aérea como terrestre reveló que un 42% de las personas encuestadas expresó que la inseguridad era la causa principal que los había motivado a tomar
la decisión de migrar. Un 10.4% de este total (78 personas) planteó que antes de migrar fueron desplazados internos y se habían mudado entre una a cinco veces dentro del país huyendo de la violencia antes de tomar la decisión de migrar.

Se ignora el problema – aún más sus consecuencias para las mujeres

El detonante inmediato de desplazamiento son amenazas o actos de violencia perpetrados por pandillas. Si bien los casos comparten este factor común, difieren en la forma en que el Estado Salvadoreño se demostró incapaz o no dispuesto a responder a favor de las víctimas. Autoridades estatales una y otra vez fallan en ayudar a las familias o personas en situaciones graves a fin de prevenir el desplazamiento, se muestran indiferentes ante el sufrimiento de las víctimas de la violencia alegando falta de recursos o limitaciones en el mandato
de las instituciones.

Mientras que las pandillas cometen violencia que conduce al desplazamiento, el Estado en la mejor de las situaciones no hace nada; en el peor de los casos, agrava la experiencia de victimización y sufrimiento. Las mujeres son doblemente afectadas y victimizadas al negárseles atención y protección para ellas y sus grupos familiares, especificas a su condición de mujeres en circunstancias de mayor vulnerabilidad.
En tanto persista la negativa a reconocer oficialmente la problemática de desplazamiento interno por violencia generalizada
y la inseguridad como una fuerte causa de migración forzada que afecta principalmente a mujeres, se mantendrá un círculo vicioso de eterna huida sin salida ni respuestas.

Notas:

1 University Public Opinion Institute (IUDOP), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Authors: Aguilar, Jeannette/Guevara, Carmen (2013): The Perception of Security and Confidence in Public Institutions – Results from the Second Measurement of the Indicators in the Partnership for Growth, Joint Country Action Plan El Salvador, San Salvador, p. 13 f.
2 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (Febrero 2016): Resolución SS-0382-2015.
3 Mesa de Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado en El Salvador (Enero 2016): Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador, San Salvador.
4 Castañeda, Francisco (Vice Ministro de Educación de El Salvador) (Septiembre 2015): Entrevista publicada por periódico digital «El Faro».
5 El Diario de Hoy (Enero 2016): Nota periodística.
6 Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME), Departamento de Atención al Migrante: Reporte Anual 2015.
7 Ramos, Elsa (Marzo 2016): Desplazamiento interno forzado y su relación con la migración internacional. Universidad Tecnológica Salvadoreña.

 

Este artículo fue publicado en Perpectivas América Latina #2 Una cuestión de género – Realidades de vida en América Latina

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